_
_
_
_
_

Viaje al epicentro de la Púnica

Torrejón de Velasco simboliza mejor que ningún otro municipio la trama de corrupción que tejieron Granados y Marjaliza

<a href=http://elpais.com/elpais/2016/02/25/album/1456401521_193428.html>FOTOGALERÍA| Epicentro de la Púnica.</a> Campos de pádel cerrados en Torrejón de Velasco, que nunca han llegado a inagurarse.Vídeo: J. Villanueva / EL PAÍS VÍDEO

El deporte oficial de Torrejón de Velasco es el pádel. Y no porque se practique, que no se practica, sino porque el antiguo alcalde del PP, Gonzalo Cubas, imputado en ocho delitos, prolongó 15 años un contrato de servicio lúdico con una empresa vinculada a la trama Púnica que ha desaparecido igual que están desapareciendo las rayas de las pistas.

Más información
Aguado avisa a Cifuentes por un posible caso de corrupción
La Guardia Civil pide a Alcalá detalles de los contratos vinculados a Púnica
Así penetró la trama Púnica en la Diputación de León
Un diputado de Cifuentes, implicado en el mayor pelotazo de la Púnica

No han llegado a inaugurarse. Las custodia un candado que haría sudar el ingenio del Gran Houdini y que neutraliza el acceso al templo de la raqueta recortada. Las redes cuelgan como telas de araña y algunas cristaleras se han resquebrajado, más o menos como si esta aberración periférica de cemento y hierba artificial simbolizara el dispendio de la trama Púnica en el pueblo más púnico de la comunidad madrileña.

Ya se ocupó Francisco Granados, entonces consejero de Justicia e Interior, de otorgarle los honores inaugurando el centro de mayores en 2010. Una placa recordaba el momento, igual que en la cárcel de Estremera, donde ahora amanece y anochece el delfín favorito de Esperanza Aguirre, pero ha sido retirada por aseo institucional, dejando el rastro de los tornillos como expresión de un municipio en bancarrota.

Recuerda Silvia Bonilla, concejal del PSOE, que Torrejón debe 12 millones. Y que a cada uno de los 4.177 vecinos le corresponden 2.800 euros de la deuda, sin derecho a jugar al pádel ni a añorar los años de gloria, cuando Melendi, Bertín Osborne o Marta Sánchez amenizaban las fiestas patronales en la plaza Mayor.

El Ayuntamiento los contrataba a través de Waiter Music, una empresa del entramado púnico que abastecía el hedonismo de los municipios del PP, bien inflando los presupuestos, bien predisponiendo el trajín de las comisiones o bien amortiguando en las arcas públicas los acontecimientos lúdicos que los populares organizaban para sí mismos.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Ha ocurrido en Aranjuez, en Alcorcón, en San Sebastián de los Reyes, pero Torrejón de Velasco representa el aleph de la Púnica porque Gonzalo Cubas es cuñado de David Marjaliza, cerebro inductor de la trama, y porque el pueblo en cuestión fue pionero en contratar los servicios de Cofely, sobrenombre de una empresa ya mitológica en el imaginario popular que lograba adjudicarse siempre los grandes contratos de infraestructura y alumbrado. Y no por cualificación, sino porque los pliegos se redactaban a su medida. Y a la medida de las correspondientes gratificaciones políticas.

No iba a ser la excepción Torrejón de Velasco. Ni por la cantidad desembolsada, 4,5 millones. Ni por la duración del contrato, 15 años. Ni por la promesa de la eficiencia energética. "Tanta eficiencia", sostiene Silvia Bonilla, "que no se ve tres en un burro de noche. Aquí se ha cambiado el alumbrado para que veamos menos", apostilla la concejal socialista.

Está en minoría la autora involuntaria de la metáfora. La imputación enciclopédica de Gonzalo Cubas en 2014 —organización criminal, prevaricación, malversación, cohecho, fraude, falsificación...— no ha impedido al PP ganar por mayoría absoluta el pasado mes de mayo.

Las razones las explica en la calle Ángel, un jubilado envalentonado que no teme la omertà de sus vecinos. "Aquí lo que ha pasado es que ha trascendido fuera del pueblo lo que todos sabíamos que pasaba dentro. Se hacían las cosas de manera caciquil. Siempre se han hecho así. Se vota al alcalde por vínculos familiares y por estar a bien con quien reparte el dinero. Me da vergüenza todo esto, pero tenía que saberse".

Agonizante anacronismo

Se preocupó de demostrarlo la Cámara de Cuentas en un informe que retrata el pueblo como un señorío feudal. Y no por el maltrecho castillo medieval que agoniza como un anacronismo en el centro de la villa, sino por la arbitrariedad de la gestión en presupuestos, personal, tesorería, subvenciones, tributación, contratación y regulación del suelo público.

Eran las condiciones idóneas en que podían prosperar nueve de las empresas vinculadas a la trama Púnica. Una de ellas construyó el teatro Plácido Domingo. Y otra, o sea, Cofely, se ocupó de arreglar los desmanes de la obra. Empezando por las goteras que deslucen la fachada.

Y quien dice obra dice Obrum, denominación latina de la empresa de Marjaliza que materializó el colegió Catón. Reunía todos los requisitos. Es decir, la mediación política de Granados para levantar un centro privado subvencionado con dinero público y la complicidad de su cuñado, el alcalde, para construirlo, así es que la coreografía de la corrupción evocaba la lírica de un partido de pádel amañado en una pista que nunca llegó a inaugurarse.

Y el escándalo continúa

La imputación del exalcalde de Torrejón, Gonzalo Cubas, no ha detenido el rastro del escándalo, sobre todo porque la Guardia Civil y el juez Velasco investigan ahora la implicación de su sucesor en el cargo, Esteban Bravo. Y no por fechorías actuales, sino por las que pudo haber cometido cuando era concejal y concedió un trato de favor a la empresa de servicios Cofely.

Tal como informaba la cadena SER, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dispone de documentación suficiente para demostrar que el súper contrato de Cofely en infraestructura eléctrica, cercano a los 5 millones de euros, pudo haberse adjudicado de manera fraudulenta.

La empresa francesa, según las investigaciones, estableció las condiciones, y no al revés, insistiendo en un modelo repetido en muchos otros municipios del PP. La guardia civil investiga a Bravo por delitos de fraude, infidelidad en la custodia de documentos, prevaricación y malversación de caudales públicos.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_