Rato compensó pérdidas de un negocio con contratos de Bankia
El exvicepresidente del Gobierno pidió seguir oculto en la sociedad clave de su entramado
Rodrigo Rato utilizó supuestamente los contratos de publicidad de la salida a bolsa de Bankia, entidad que presidió de diciembre de 2010 a mayo de 2012, para cobrar comisiones con las que compensar las pérdidas de un negocio hotelero fallido en Toledo, promovido en 2008 por su testaferro Miguel Ángel Montero Quevedo. Así se desprende de las declaraciones del exvicepresidente del Gobierno y de algunos de sus principales colaboradores ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y ante el juez de Madrid Antonio Serrano-Arnal, que investiga a Rato por delitos fiscales, de blanqueo de capitales y de corrupción entre particulares.
El sumario del caso, al que ha tenido acceso EL PAÍS, revela también cómo el ex director gerente del FMI maniobró para no figurar como administrador de la mercantil británica Vivaway, matriz de su entramado societario. "Nuestro común cliente señala que no está en disposición de figurar como administrador en cuanto que tal cargo pueda ser público. Comenta si podéis seguir vosotros como administradores y cuáles serían vuestros honorarios", preguntaba un gestor de los negocios de Rato en España a la sociedad gibraltareña Finsbury Trust el 16 de febrero de 2015. Dos meses después, el exvicepresidente fue detenido en su domicilio por agentes de Vigilancia Aduanera.
Rato utilizó la sociedad Kradonara 2001 SL, filial española de Vivaway, para facturar a Telefónica como miembro de su consejo asesor para Europa y Latinoamérica. Para Hacienda, se trata de una simulación con consecuencias tributarias, ya que la asesoría es una labor "personalísima" y como tal debía tributarla Rato en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Según los datos de la Agencia Tributaria, Kradonara tampoco declaró en el Impuesto de Sociedades los pagos de Telefónica a Rato, 363.000 euros en 2013 y otros tantos en 2014. Es más, en 2013, la mercantil clave que sirvió a Rato para introducir en España 6,5 millones de euros procedentes de distintos paraísos fiscales declaró pérdidas en ese ejercicio por 75.000 euros. Las cuotas supuestamente defraudas por Rato a Hacienda por IRPF entre los ejercicios 2006 a 2014 por esta y por otras cuatro operaciones mercantiles suman 6,43 millones de euros, cuatro veces más de lo detectado al iniciarse las pesquisas.
En octubre de 2015, la UCO dio un acelerón al caso Rato tras la detención en el mes de agosto de Alberto Portuondo. Este empresario de comunicación corporativa administraba una sociedad, Albisa, que cobró dos millones de euros por mediar en la adjudicación por parte de Bankia a las centrales de medios Zenith y Publicis los contratos de publicidad para salida a bolsa de la entidad e imagen de marca, valorados en 41,1 y 6,7 millones de euros respectivamente. De estos dos millones cobrados por Portuondo como comisión, un total de 835.000 euros fueron a parar a Kradonara, la mercantil de Rato. Tras indagar en esta operación de supuesta corrupción entre particulares, los agentes detuvieron a Teresa Arellano, secretaria personal de Rato y al que este colocó en Bankia como directora de comunicación; y también arrestaron a Miguel Ángel Montero Quevedo, hombre de la máxima confianza de Rato, y administrador de sus empresas.
Pagos camuflados
La supuesta mordida de Albisa a Kradonara por los contratos publicitarios de Bankia se camufló como el pago por unos servicios prestados por Montero Quevedo a la mercantil de Portuondo. Según la declaración de Rato ante el juez Serrano-Arnal el pasado 6 de octubre, el contrato entre su sociedad y la de Portuondo fue "una oportunidad" que le ofreció Montero Quevedo "teniendo en cuenta las pérdidas que había tenido en Layos". La Guardia Civil, en un informe previo al magistrado explica esta operación: "Rato y Montero realizaron en 2008 un negocio fallido vinculado a un hotel denominado Layosalud, en el cual pierden importantes cantidades de dinero [hasta tres millones de euros]. Todo parece indicar que para compensar las pérdidas, Montero le propuso a Rato facturar una importante cantidad de dinero a una empresa propiedad de Portuondo, Albisa, la cual recibiría los fondos desde Bankia a través de las empresas que ganaron los concursos" de publicidad de la entidad, Zenith y Publicis.
En aquella declaración judicial, Rato se desvinculó de cualquier decisión directa en la contratación de las centrales de medios, y rechazó la versión de Pilar Trucíos, directora de Comunicación desbancada luego por Teresa Arellano, de que el presidente de Bankia la llamó para comunicarle que Publicis era la empresa elegida en el concurso. Respecto al acuerdo entre Kradonara y Albisa, por el que esta empresa transfirió 473.000 euros en 2011 y 360.000 euros a la firma de Rato, a razón de 40.000 euros mensuales, el exvicepresidente económico del Gobierno con el PP afirmó: "El trabajo que realizó Miguel Ángel [Montero] fue muy extenso en cuanto al contenido y la duración".
292.000 euros perdidos por la detención
La detención de Rodrigo Rato, el 16 de abril de 2015, y el inicio de la investigación judicial le supusieron al expolítico un perjuicio directo de 292.000 euros al rescindirse los contratos de trabajo y asesoría que tenía suscritos con terceras personas. Para pedir que se levantara el embargo total que pesaba sobre los bienes, la abogada del expresidente de Bankia, María Massó, presentó la “carta oferta” que Caja Madrid realizó a Rato para contratarle como máximo ejecutivo en enero de 2010 y en que se le ofrecía un seguro, con una prima de 817.000 euros, que hiciera frente a posibles responsabilidades civiles derivadas del cargo.
La oferta incluía las condiciones retributivas de Rato en la caja madrileña, que pasó a ser Bankia en diciembre de 2010: un sueldo fijo bruto de 1,63 millones de euros al año, cantidad actualizable cada 12 meses y siempre un 25% mayor que el sueldo del directivo mejor pagado. A esta cantidad había que sumar 1,09 millones de retribución variable sujeta a objetivos, así como dietas por asistencia a Consejos de Administración y otros órganos de Gobierno de la caja. La indemnización por cese equivalía a dos anualidades de salario fijo y variable y la compensación por no fichar por la competencia durante un año tras la salida era de otra anualidad.
Las condiciones eran atractivas, pero no tanto como las que le ofrecía el banco de inversión Lazard, y que la letrada de Rato incluyó en su escrito de protesta para aducir que su cliente no podía haber incurrido en blanqueo de capitales. Lazard fichó a Rato como uno de sus principales ejecutivos en abril de 2009 tras su salida del Fondo Monetario Internacional. Al sueldo base anual de un millón de dólares había que sumar tres millones de dólares en acciones a la entrada en la compañía. En enero de 2010, Rato abandonó la empresa rumbo a Caja Madrid. Como parte de su salida de Lazard, recibió seis millones de euros en acciones, que pudo hacer efectivas en mayo de 2013. Según su abogada, esta cantidad, y los pagos procedentes de los contratos con el grupo norteamericano TPG Capital –que se rescindieron al inicio de la investigación- “son los únicos ingresos que ha percibido desde el extranjero en los últimos años” y “han sido convenientemente declarados ante la Agencia Tributaria.
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