La justicia exime a una empresa de devolver 900.000 euros de los ERE

La justicia ha impedido que la Junta de Andalucía recupere dos subvenciones de 900.759 euros a una empresa beneficiada por el fondo de los ERE. El empresario y exconcejal socialista José María Sayago, imputado por la concesión de 34 millones desde el Gobierno andaluz, obtuvo en 2002 esa ayuda directa. Ahora, tras la reclamación del Ejecutivo para que el dinero sea devuelto, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado la razón al empresario, que no debe reingresar el dinero obtenido del fondo de los ERE, dotado con 855 millones entre 2001 y 2010. De este modo, la recuperación a corto plazo de los 73 millones concedidos en ayudas directas se le pone cuesta arriba a la Junta andaluza. 

El problema del Ejecutivo autonómico es que esta sentencia es una más de las decenas que ha perdido en la sala de lo Contencioso del TSJA durante los últimos años. Todos los beneficiados en su día por el exdirector de Trabajo Javier Guerrero y hoy perjudicados por la reclamación de la Junta obtienen el favor de los jueces. Porque aunque la ayuda sea "nula de pleno derecho" e ignore el procedimiento legal para darla, el Gobierno andaluz no puede reclamarla por imperar el principio de seguridad jurídica. Es indiferente que el empresario ni siquiera solicitara la ayuda y que la Administración eludiera todos los trámites incluidos en la Ley General de Subvenciones.

"Los efectos de la nulidad declarada (que es imprescriptible) deben quedar atemperados por razones de seguridad jurídica", subraya el fallo. Cuando avancen los procesos penales por las ayudas directas de la Junta —que ascendieron a 73 millones— los jueces determinarán si ese dinero debe devolverse. De momento, la opinión de la jurisdicción contencioso administrativa juega a favor de los empresarios.

Esta última sentencia del pasado 19 de enero prohíbe a la Junta que reclame 900.759 euros a la firma Marco de Estudio y Proyección Siglo XXI, propiedad del exedil de El Pedroso (Sevilla) José María Sayago y su exsocio José Enrique Rosendo —fallecido hace un mes—. Los jueces han estimado el recurso del abogado Juan Carlos Alférez, que cuestionaba la resolución de la Junta en 2014 por la que anuló las dos ayudas a su cliente Sayago. 

"Los clientes siempre han defendido que las empresas del mal denominado tándem Rosendo-Sayago emplearon la totalidad de las ayudas recibidas en un proyecto empresarial que generó empleo y riqueza en una comarca social y económicamente deprimida y que todo quedará demostrado cabalmente en el proceso". El letrado subraya que "los tribunales del especializado orden contencioso administrativo han decretado que las ayudas no tienen que ser devuelvas a la Junta de Andalucía. Estimamos que si los tribunales contencioso administrativos resuelven a favor de estas empresas, los tribunales penales no podrían resolver de manera más lesiva al deber quedar limitados por el principio de intervención mínima y de especialidad". El empresario ha presentado otros tres recursos para evitar la devolución de varios millones de euros.