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El fiscal denuncia a tres cirujanos por usar medios públicos en la privada

El ministerio público sostiene que realizaron pruebas en un hospital de la Xunta

Sonia Vizoso
El gerente del hospital de A Coruña, Francisco Vilanova.
El gerente del hospital de A Coruña, Francisco Vilanova.

La fiscalía ha presentado una denuncia contra tres médicos del hospital público de A Coruña por operar en centros privados a 11 pacientes con pruebas costeadas por la sanidad pública y tras hacerse con sus historiales clínicos en el Servicio Galego de Saúde (Sergas). El ministerio público ha hallado indicios de al menos dos delitos, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, así como negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función, aunque advierte de que la investigación del juzgado podría aumentar el número de infracciones penales.

La denuncia se produce tras ocho meses de investigación. La fiscalía sostiene que los tres cirujanos, a través de la mercantil Unidad de Cirugía Torácica Mínimamente Invasiva de la que son socios, operaron en centros médicos privados a 11 personas "utilizando las costosas pruebas de diagnóstico y de preoperatorio y posoperatorio realizadas a cargo del Sergas [Servizo Galego de Saúde] y apropiándose de documentación de los expedientes públicos". Las intervenciones fueron abonadas por las empresas con las que los enfermos tenían concertados seguros médicos.

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El ministerio público cita un informe de la inspección médica, ratificado por su autora, que en febrero de 2015 destapó los hechos tras las comprobaciones realizadas ante los hospitales privados implicados, la gerencia del CHUAC (Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña), la Dirección General de Función Pública de la Xunta y ocho compañías aseguradoras. La inspectora certificó que uno de los facultativos denunciados, todos ellos miembros del Servicio de Cirugía Torácica del CHUAC, había impreso documentos de las historias clínicas custodiadas en el sistema informático del Sergas, al que accedió usando su clave como médico de la sanidad pública.

La fiscalía subraya que esta información médica sobre los pacientes es de titularidad del Sergas y que para realizar en la sanidad privada una operación cuya preparación se inicia en la pública la normativa exige que el enfermo presente una reclamación ante el servicio de atención alegando el retraso en la lista de espera. "Este trámite no consta respecto de ninguno de los pacientes", afirma el fiscal.

La derivación de pacientes a la sanidad privada por parte de médicos señalados ahora por la fiscalía fue denunciada reiteradamente por el exjefe de Cirugía Torácica del CHUAC José María Borro, ahora apartado del cargo por la gerencia del hospital coruñés, una decisión recurrida judicialmente por el afectado. La fiscalía tuvo conocimiento de los hechos en la primavera pasada a través de la asociación de médicos Batas Blancas, a la que pertenece Borro. Este colectivo le comunicó al ministerio público que los pacientes afectados habían contactado con los médicos acusados a través de los servicios del hospital público de A Coruña y luego habían sido derivados a centros privados y operados allí por esos mismos cirujanos.

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Batas Blancas sostiene que se puso en riesgo a los enfermos durante el tratamiento posquirúrgico porque algunos de ellos "sufren patologías graves con atención multidisciplinar en varios servicios clínicos".

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Sobre la firma

Sonia Vizoso
Redactora de EL PAÍS en Galicia. Es licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago. Lleva 25 años ejerciendo el oficio en la prensa escrita y ha formado parte de las redacciones de los periódicos Faro de Vigo, La Voz de Galicia y La Opinión de A Coruña, entre otros. En 2006 se incorporó a El País Galicia.

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