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Pactos electorales más allá de Cataluña

El desafío independentista es la gran línea roja tras el 20-D. Pero el futuro de hospitales y colegios o el cambio climático también dependen de quién sea el inquilino de La Moncloa

Manifestación de la 'marea blanca' contra los planes de privatización de la gestión de la sanidad pública, en febrero de 2013.
Manifestación de la 'marea blanca' contra los planes de privatización de la gestión de la sanidad pública, en febrero de 2013. Uly Martin (EL PAÍS)

La noche de las elecciones generales, con unos resultados que dibujaban un futuro de pactos, los partidos empezaron a pintar líneas rojas. La más gruesa es la consulta en Cataluña. Pero hay otros temas importantes que dependerán de los acuerdos, si es que se cierran. Estas son algunas cuestiones olvidadas. 

Financiación sanitaria. El primer problema de la sanidad española es su financiación. Y su abordaje tiene distintos enfoques. Para el PP, la recuperación económica supondrá una mayor recaudación de impuestos y ello permitirá dedicar más dinero a esta partida. El PSOE concreta la aportación extra y la fija en 10.000 millones. Este partido y los de izquierdas (Podemos, IU) esperan sacar más dinero de la reforma fiscal y de la lucha contra el fraude. Todos mencionan la vieja idea del pacto por la sanidad similar al de Toledo con la hucha de las pensiones. Otra cosa es cómo conseguir desde el Gobierno que las comunidades gasten de verdad ese extra en Sanidad. Las autonomías pueden dedicar los fondos del Estado a lo que quieran y ningún partido ha propuesto una fórmula para que esto no sea así. Todos están de acuerdo en que hay que revisar la financiación autonómica, pero no concretan cómo hacerlo.

Recortes sanitarios. Ligado a esto está la principal medida del Gobierno del PP la pasada legislatura: el decreto de recortes sanitarios. PP y Ciudadanos defienden mantener sus dos aspectos principales: los copagos y la exclusión de los inmigrantes en situación irregular. Los otros tres partidos nacionales con representación tras el 20-D quieren derogarlo, quitar el copago farmacéutico para jubilados y dar asistencia completa a los extranjeros.

Público-privado. El modelo de cooperación público-privada en la sanidad pública también está sobre la mesa. Para el PP, este funciona y no hay por qué cambiarlo, como dijo su portavoz en el tema, José Ignacio Echániz, en un debate organizado por la Asociación de Periodistas Sanitarios. El PSOE considera que la participación privada debe ser subsidiaria, siempre subordinada a la pública, dijo el representante socialista, José Martínez Olmos. Francisco Igea (Ciudadanos) le apoyó. IU, representada en aquel debate por Antonio Llamas, y Podemos (Ana Castaño) propusieron revisar todos los contratos con la privada para revertirlos si es posible.

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Violencia de género. Dos mujeres han muerto a manos de sus parejas en lo que llevamos de 2016. Los socialistas reclaman como condición de gobierno un pacto contra la violencia de género, recogido en su programa electoral. El PP defendía en el suyo la necesidad de “un gran acuerdo social” para erradicar este problema e Iglesias (Podemos) reclamó un “pacto de país” en la misma línea. La polémica llegó en campaña por una de las propuestas de Ciudadanos, que defiende en su programa quitar el agravante penal por violencia de género y equipararla a otras agresiones dentro de la familia.

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Eutanasia. PSOE, IU y Podemos son partidarios, con distintas formulaciones, de plantear una ley de eutanasia o de final de la vida. PP y Ciudadanos no lo consideran necesario, y prefieren una norma de cuidados paliativos que aclare lo que ya se puede hacer en esos casos.

La financiación sanitaria y los recortes están en juego

Ley educativa. Dos años antes de las elecciones, en 2013, la mayoría de los partidos del Congreso (todos salvo PP, UPyD, Foro de Asturias y UPN) acordaron derogar la Lomce (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), la última reforma educativa aprobada con los votos en solitario del PP. Esta norma resucita las reválidas —la de 6º de primaria está prevista para junio—, asegura la subvención pública para los centros privados que separan a los alumnos por sexo y da a la Religión católica el mismo peso académico que al resto de materias, entre otras novedades. De los partidos nuevos, Podemos defiende derogar la Lomce y promover una nueva ley “que nazca del debate”. Ciudadanos alude a un gran pacto por la educación.

Formación docente. Los principales partidos reflexionan sobre un cambio en la formación y evaluación de los profesores, un debate reabierto tras la publicación del Libro Blanco de la Función Docente que el Gobierno encargó al profesor José Antonio Marina y que vio la luz en diciembre. PP y Ciudadanos defienden evaluaciones obligatorias. PSOE e IU proponen exámenes voluntarios y Podemos no aclara de qué tipo, aunque sí señalan que las harán para medir conocimientos específicos.

Cambio climático. 2015, el año en el que en París se acordó el pacto mundial contra el calentamiento, se ha cerrado en España con un récord en la producción de electricidad a través de carbón, el combustible que más gases de efecto invernadero expulsa. Este 2015, el 20,3% de la electricidad en España se ha generado con carbón, una cuota nunca alcanzada en los últimos ocho años. Todos los partidos hablan de la necesidad de luchar contra el cambio climático. Pero cuando se baja al detalle, la cosa cambia. PSOE, Podemos, Ciudadanos e IU se comprometen a derogar el llamado impuesto al sol y a prohibir el fracking. A la hora de abordar el asunto del carbón, los partidos son más ambiguos. El PSOE pide una “solución justa” para la minería nacional, IU quiere prohibir su importación y Podemos, el cierre progresivo de las centrales térmicas...

PSOE, Podemos y Ciudadanos quieren derogar el impuesto al sol

Energía nuclear. PSOE, Podemos e IU apuestan por el cierre de las nucleares la próxima década. Esto supone no alargar la vida de estas instalaciones, algo que sí quiere el PP. Ciudadanos se ha mostrado más ambiguo. En el corto plazo, se tiene que decidir el futuro de la central de Garoña, ahora cerrada, que quiere reabrir y prolongar su vida más allá de los 40 años ya cumplidos. Si lo consigue, el resto de centrales españolas podrían superar ese límite de vida útil, con lo que sería imposible cerrarlas la próxima década.

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