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La Agencia Tributaria de Cataluña crea una lista secreta de mil políticos

En el listado figuran los nombres de todos los cargos y personalidades más relevantes de esta comunidad. Funcionarios de la institución la califican de "disuasoria"

Dependencias de una sede de la Agencia Tributaria en Catalunya Ampliar foto
Dependencias de una sede de la Agencia Tributaria en Catalunta.

La Agencia Tributaria de Catalunya, dependiente de la Consejería de Economía de la Generalitat, ha creado una lista secreta de un millar de personas en la que figuran los nombres de todos los cargos y personalidades más relevantes de esta comunidad, según afirman fuentes de este organismo a EL PAÍS. La agencia dispone, también, de un programa para contribuyentes VIPS al que solo pueden acceder unos pocos usuarios, aunque no está operativo. Funcionarios de la agencia califican la lista de “disuasoria”. La consejería niega su existencia

El argumento que se esgrime internamente para justificar la confección de esta lista de contribuyentes es “evitar la curiosidad” de funcionarios e inspectores que supuestamente acceden a consultar la información fiscal de políticos y personajes relevantes. Así los contribuyentes catalanes se dividen en dos bloques: los políticos y representantes del poder que han sido incluidos en esta lista y el resto de los ciudadanos que tributan en Cataluña.

 El Gobierno de la Generalitat niega a este periódico la existencia de esta lista aunque reconoce que ha estudiado esa posibilidad. “Es cierto que hemos dado bastantes vueltas a este tema, que lo hemos estudiado, pero esa lista no existe. Igual algún informe se hizo, pero nada más. Ni la hemos hecho nosotros ni nos la han enviado ¿Con qué criterios la haríamos”, responde una fuente oficial de la Agencia Tributaria catalana.

La lista se creó hace seis meses con unas 600 personas y más tarde se amplió hasta 1.000, según aseguran fuentes internas de la institución que afirman haberla visto y participado en su tabulación. La confección final se retrasó porque los datos, en muchos casos, eran parciales y se tuvo que localizar los DNI de todos los elegidos. El control del listado correspondió a la dirección de seguridad de la Agencia Tributaria, es decir al departamento que controla y fiscaliza el uso de la información.

Los contribuyentes quedan divididos en dos bloques: los políticos y el resto de la ciudadanía

“La lista vino de fuera de la Agencia Tributaria incompleta y sin los DNI. Se tardó mucho en completarla para poder integrarla en los sistemas informáticos de la agencia”, según asegura una fuente interna. “El hecho de estar en la lista supone un cierto privilegio y diferencia con respecto a los demás ciudadanos”, asegura una fuente que pide el anonimato.

Y lo explica así: “El sistema es disuasorio porque casi nadie quiere entrar en la lista ya que el inspector recibe al día siguiente un correo electrónico del departamento de seguridad en el que se le pregunta el porqué de su acceso. De esta manera, los contribuyentes quedan divididos en dos bloques: los que aparecen en la lista y los que no”.

En 2005 la Agencia Tributaria de Catalunya confeccionó un programa informático para VIPS al que solo podían acceder unos pocos usuarios y de un perfil determinado, aunque nunca llegó a estar operativo. Lo diseñó la empresa Indra y todavía está en el sistema informático de esta institución, pero no se ha utilizado nunca.

La agencia dispone de un programa para VIPS que no ha utilizado todavía

“No se atrevieron a implantarlo porque aquello era demasiado fuerte. Nadie podía acceder al mismo salvo tres o cuatro personas. Entonces se justificó su diseño diciendo que había que garantizar la seguridad de los datos de determinadas personas VIPS”, asegura una fuente informante.

La Agencia Tributaria de Catalunya sí reconoce la existencia de este programa para VIPS. “Más que un programa informático es una modalidad de nuestro sistema. No se llegó a implantar. Analizamos cómo funcionaba y lo desactivamos”, señala una fuente autorizada de la institución.

Impuestos cedidos a la Generalitat

Las competencias en materia fiscal –normativa, de recaudación y sanción – están reservadas a la Agencia Española de la Administración Tributaria (AEAT)— órgano dependiente, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas—, pero la Generalitat, como el resto de las comunidades autónomas del país, tiene cedidos los denominados impuestos propios ( cánones del agua y residuos, o los impuestos sobre el juego ) y los cedidos (sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, además de patrimonio).

La Agencia Tributaria de Catalunya asegura que los inspectores y funcionarios autorizados pueden acceder por igual a la base de contribuyentes y que cada vez que lo hacen quedan registrados. “A posteriori revisamos los accesos y si hay alguno no justificado, preguntamos”, afirman desde la agencia.

Funcionarios de este organismo aseguran que en las consultas sobre patrimonio de los contribuyentes, también es necesario explicar la causa de la consulta, pero “parece más razonable, no una lista de privilegiados, de elegidos por su condición de cargos públicos que de alguna manera supone una especie de aforamiento o distinción muy difícil de explicar”. Fuentes de la Hacienda del Estado aseguran que en la misma no existe ninguna lista discriminatoria y que cualquier consulta que se hace sobre cualquier contribuyente deja la huella del funcionario que la ha realizado, por lo que si fuera necesario se le pueden pedir explicaciones.

Un exfuncionario de la agencia catalana que pide el anonimato afirma que la lista está preparada “por si se traspasan todos los tributos a la hacienda catalana”. El Tribunal Constitucional acaba de anular el artículo 4 de la ley de la Agencia Tributaria de Catalunya que preveía la integración de funcionarios de la hacienda estatal a los cuerpos dependientes de la Generalitat.

Este fallo es un nuevo obstáculo objetivo de la Generalitat de crear su propia Hacienda. La declaración de inicio del proceso de independencia que aprobaron Junts pel Sí y la CUP el pasado 9 de noviembre incluyó iniciar la tramitación, en un plazo de 30 días, de la ley de hacienda pública, una de las principales reivindicaciones de los independentistas.

 investigacion@elpais.es

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