Justicia quiere evitar el retorno de jueces que ocupen cargos políticos
Catalá contacta con las asociaciones para estudiar futuras medidas para impedir que los magistrados candidatos regresen a la función jurisdiccional
El Gobierno está estudiando la posibilidad de proponer reformas legales para evitar que los jueces que integran las listas de los partidos para las elecciones pueden luego volver a su actividad jurisdiccional, según fuentes del Ministerio de Justicia. El propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha contactado en los últimos días con los responsables todas las asociaciones de jueces para mostrarles su preocupación por lo que considera paso inaceptable de la política a la judicatura. El ministro les propuso establecer un consenso para proponer esta limitación legal en el futuro.
Los casos que han llevado al ministro a buscar este acuerdo han sido los de Juan Pedro Yllanes y Victoria Rosell. Ambos son jueces que han solicitado la excedencia para ir como candidatos en las listas de Podemos al Congreso. En la lista del PSOE por Cádiz también figura el juez Juan Carlos Campo, aunque desde hace un año estaba en excedencia por ocupar un cargo en la Presidencia de la Junta de Andalucía.
Según la previsión de Justicia en este momento de fin de la legislatura ya es imposible llevar a cabo reformas legales y menos aún que se apliquen a los jueces que van en las listas de los partidos para las generales del 20 de diciembre. Por eso, la idea sería proponer esas reformas en el programa electoral que prepara el PP de cara a la próxima legislatura, para evitar el paso automático de la política de nuevo a la judicatura. La dirección del PP ha pedido ideas a los ministerios para ese programa y por eso Justicia ha sondeado a las asociaciones de jueces sobre este punto.
El martes el propio ministro llamó, entre otros, al portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquím Bosch, para pedirle un acuerdo sobre futuras medidas legales. Bosch le explicó que ya existen mecanismos de recusación y abstención para jueces que hayan ocupado cargos políticos o que hayan tenido relaciones con partidos y que luego deban enjuiciar causas relacionadas con esa actividad política. Le citó expresamente los casos de Enrique López y Concepción Espejel, apartados del caso Gürtel por la Audiencia Nacional por su vinculación con el PP.
Según Bosch, una futura reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en ese sentido podría afectar a derechos fundamentales, en este caso, el derecho a acceder a cargos públicos.
