Todo el poder para el superpresidente del Supremo

La expresión “despolitizar la Justicia” es irrebatible y por eso ha hecho fortuna como mantra electoral. Las dudas surgen cuando se trata de determinar cómo se hace y cuál es el sistema alternativo.

En este momento los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial son elegidos por el Parlamento con mayoría cualificada que exige acuerdo entre varios partidos y por los propios jueces. La propuesta de Ciudadanos elimina este órgano y traslada todas las funciones a tres personas: el presidente del Tribunal Supremo y dos adjuntos. ¿Se elimina la politización entendida como designación por los partidos? La formación de Albert Rivera señala que ese presidente “es elegido por el Congreso”, es decir, la politización que se combate se traslada a la elección de una sola persona porque es designado también por los partidos. No aclara si la opinión de los dos adjuntos, elegidos por la carrera, se impone a la del presidente que, en ese caso, quedaría reducido a nada y en caso contrario lo que quedaría sin posición es la carrera judicial.

Al dejar de ser un órgano colegiado o al menos con 20 miembros se elimina la posibilidad de que se diluya la politización en forma de representación proporcional de distintas tendencias y deja de haber representantes de la propia carrera judicial elegidos por ellos. Hasta que el PP lo cambió esta legislatura en el Consejo se exigían mayorías cualificadas para todos los nombramientos, lo que obligaba a consensos y eso diluía la politización. Con la propuesta de Ciudadanos, una persona y dos adjuntos deciden.

Es decir, en la propuesta de Ciudadanos se sustituye el Consejo General del Poder Judicial que tiene diversidad ideológica y profesional por el poder omnímodo de una sola persona nombrada por los partidos con dos adjuntos.

El presidente del Consejo y del Supremo es elegido ahora por los vocales designados por mayoría cualificada del Parlamento y los elegido por los jueces. Ciudadanos quiere que le elijan directamente en el Parlamento, también con mayoría cualificada, eso supone que su elección estaría más cerca de los partidos, en lugar de alejarse como pretendería la "despoliticación de la Justicia".

Se elimina el control de sus actuaciones por el pleno del Consejo. Tan importante como que un reciente presidente -Carlos Dívar- fue obligado por el pleno a dimitir al conocerse sus gastos de viajes.

El Consejo ahora tiene funciones destacadas como la de informar todas las leyes. Esos informes no son vinculantes, pero necesarios para hacer aportaciones técnicas a las normas, que muchas veces se incorporan. El programa de Ciudadanos no aclara quién haría esos informes o si se elimina esa función, lo que empeoraría el proceso legislativo. Y ¿quién se encarga del régimen disciplinario de jueces y magistrados? ¿y de su formación, sus permisos y licencias? Imposible que tres personas asuman tantas funciones.

Otra función del Consejo es la de los nombramientos que ya sigue criterios de capacidad y mérito que exige ahora el programa de Ciudadanos. La pregunta es si, como a pesar de esos criterios, alguien tiene que decidir al final entre los aspirantes que concursen, lo hará también el todopoderoso presidente del Tribunal Supremo. A esa persona se le encomienda la designación de presidentes de sala del Supremo, presidente de la Audiencia Nacional, presidentes del Tribunal Superior de Justicia…..Incluso los de magistrados de los Tribunales Superiores, puesto que se les pretende quitar esa función a los gobiernos autonómicos.

El sistema propuesto de designación del Fiscal General por el Gobierno es básicamente igual, pero con posibilidad de que el Parlamento proponga una terna. Es decir, pese a la despolitización se mantiene la idea de que lo que propongan los partidos y el Gobierno no tendría dificultades para que su mayoría parlamentaria incluyera a su candidato en la terna.

Habla el programa de Ciudadanos de “Justicia rápida y eficaz”, principio compartido por todos, pero no aclara tampoco si, por ejemplo, defiende la instrucción penal por el fiscal, es decir, cuál es su modelo procesal. Tampoco hay un modelo penal porque no menciona asuntos como la prisión permanente revisable.

La palabra mágica de la despolitización la usa también para hablar del Tribunal Constitucional, pero mantiene la designación por los partidos, a través del Parlamento o del propio Gobierno. Introduce el trámite de presentación de candidatos, pero es de imaginar que si un partido tiene interés en un aspirante no tendrá problemas para que se presente. Por ejemplo, así lo hizo el PP con Enrique López hace años, pese a que no reunía los requisitos legales de antigüedad.

En la arquitectura constitucional, Ciudadanos propone un Senado formado solo por presidentes autonómicos. No es el modelo alemán en el que hay senadores designados por los estados federales, sino que solo habría presidentes. Sería cámara o consejo de primera lectura para asuntos autonómicos, con la particularidad de que le diferencia de la Conferencia de presidentes que no hay representación del Gobierno central y que tiene capacidad legislativa. Lo que supone que, por ejemplo, si elaboran un proyecto de ley de financiación autonómica nadie defiende en el Cámara el interés de la Hacienda central.

Suponen un avance notable las normas de transparencia, ley de partidos, funcionamiento del Congreso, iniciativa legislativa popular, supresión de aforamientos y eliminación de decretos. Este último punto puede también crear problemas prácticos para asuntos que requieren inmediatez en la aprobación de normas, por ejemplo, ayudas para catástrofes.