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ATC

El Gobierno recurre la paralización del almacén nuclear de Cuenca

El Ejecutivo de Rajoy intenta saltarse el bloqueo impuesto por Castilla-La Mancha

El almacén nuclear está previsto en unos terrenos de Villar de Cañas.
El almacén nuclear está previsto en unos terrenos de Villar de Cañas.

El Gobierno central ha recurrido la paralización del almacén de residuos nucleares que está previsto que se levante en Villar de Cañas (Cuenca). El Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por Emiliano García Page (PSOE), inició en julio los trámites para ampliar un espacio protegido cercano. Los terrenos en los que está previsto el futuro Almacén Temporal Centralizado (ATC) de desechos radiactivos quedarían así dentro del área protegida, con lo que una instalación de este tipo nunca podría levantarse. 

La maniobra disgustó al Ejecutivo central, que es el que apadrina esta infraestructura a través de la Enresa, la empresa pública encargada de gestionar los residuos nucleares en España. Y, tras cuatro meses en los que no estaba claro qué respuesta daría el Gobierno, finalmente el Ministerio de Industria ha decidido recurrir ante la justicia la ampliación del espacio protegido. 

La presentación del recuro contencioso-administrativo la ha anunciado este viernes el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, durante una visita al Ayuntamiento de Villar de Cañas. Como medida cautelar, el Ejecutivo central solicita la suspensión del acuerdo de la Junta de Castilla-La Mancha con el que comenzó la ampliación de este espacio protegido, que pertenece a la Red Natura 2000.

Gregorio ha asegurado que la construcción del ATC es "una cuestión de Estado, de interés nacional de España", informa Efe. Y ha recalcado que el Gobierno central "por responsabilidad, hará lo posible para que el ATC, como una cuestión de Estado que es, se construya".

Este recurso, del que ya había hablado esta semana el ministro José Manuel Soria, supone iniciar una guerra judicial con Castilla-La Mancha. Este Ejecutivo la inicia, pero será el próximo -el que salga de las urnas el 20 de diciembre- el que tenga que gestionarla.