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El PSOE propone incluir el derecho a una renta mínima en la Constitución

El plan que presentará Pedro Sánchez incluye, asimismo, dotar de contenido el derecho a la vivienda y reconocer el matrimonio entre homosexuales

Anabel Díez
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, habla por teléfono a la orilla del río Nervión, en el municipio vizcaíno de Portugalete.
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, habla por teléfono a la orilla del río Nervión, en el municipio vizcaíno de Portugalete.VINCENT WEST (REUTERS)

El compromiso con la estabilidad presupuestaria y, por tanto, con mantener a raya el déficit es firme por parte del líder del PSOE, Pedro Sánchez, pero quiere compatibilizarlo con la protección del gasto social. Para ello incluirá en su propuesta de reforma de la Constitución la modificación del artículo 135 de la Ley Fundamental. Sánchez presentará este miércoles su plan, que incluye introducir en la Constitución el reconocimiento del derecho a una renta mínima vital; dotar de contenido el derecho a la vivienda y reconocer el matrimonio entre homosexuales.

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Al mediodía de este miércoles el candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará un esbozo de la reforma constitucional que propone y para la que convocará al resto de partidos después de las elecciones.

En la Constitución que quiere Pedro Sánchez se reconocerá como derecho fundamental la protección de la salud y la protección de la Seguridad Social en situaciones de necesidad. Y se cita “el reconocimiento del derecho a una renta o ingreso mínimo vital ante las situaciones de carencia efectiva para el mantenimiento de una vida digna”.

En cinco capítulos establece nuevos compromisos, reajustes y supresiones. El trauma que dejó en el PSOE, en el electorado de la izquierda y en los sindicatos, la modificación urgente en agosto de 2011 del artículo 135 de la Constitución quiere ser reparado. “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”. Este compromiso férreo es el que se acompañará con una fórmula por la que “pueda blindarse el Estado de Bienestar”.

Habrá derecho a la tutela judicial en caso “de despido injustificado”. Los poderes públicos tendrán “obligaciones concretas” sobre el derecho a la vivienda, especialmente “en casos de desahucio, y se atribuirá a “las personas” y no solo “a los españoles” el derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación. Se eliminará, además, la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona. En las supresiones resalta “la abolición de la pena de muerte, incluso para tiempos de guerra”, en los que ahora aún está vigente.

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Se actualizará la configuración constitucional del matrimonio contemplando expresamente “el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo”. En el orden institucional se “atribuye en exclusiva al Parlamento la designación de magistrados del Tribunal Constitucional”. Cómo cambiar la Constitución también será objeto de reforma para “deshacer la rigidez de la regulación actual”.

Respeto a la singularidad

No hay una fórmula concreta de reconocimiento a la identidad de Cataluña, pero sí una aproximación: “Reconocer las singularidades de distintas nacionalidades y regiones y sus consecuencias concretas: lengua propia; cultura, foralidad, derechos históricos, insularidad, organización territorial o peculiaridades históricas de derecho civil”.

Se atribuye al Estado la garantía de la igualdad de todos los españoles en sus condiciones básicas de vida, “en el ejercicio de los derechos y libertades y en el cumplimiento de los deberes, así como la igualdad en el territorio en el que residan”. Se racionalizará, clarificará y completará el sistema de distribución competencial, incluyendo la delimitación de las competencias compartidas.

“Remodelar la Constitución para un nuevo período de convivencia”

El PSOE no quiere abrir “un proceso constituyente”, sino adecuar el texto constitucional a las transformaciones de la sociedad. Este partido se siente “orgulloso” de la Ley Fundamental, pero el Estado necesita “remodelarse para un nuevo largo período de convivencia”, con el objetivo de garantizar el progreso, la paz social, la estabilidad política y la solidaridad interterritorial”.

Estos son los principales cambios:

  • Reformar el artículo 135 para incorporar las condiciones de salvaguarda de la "Estabilidad Social" del Estad.
  • Reconocer como derechos fundamentales los derechos a la protección de la salud y a la protección por la Seguridad Social ante situaciones de necesidad.
  • Dotar de contenido el derecho a la vivienda mediante la previsión de obligaciones concretas para los poderes públicos, especialmente en casos de desahucio.
  • Atribuir a "las personas" y no solo a los españoles el derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación.
  • El desarrollo de una educación en valores cívicos y en igualdad, libre de sesgos de género, y a la participación política.
  • Eliminar la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona.
  • Abolir la pena de muerte, incluso para tiempos de guerra.
  • Actualizar y consolidar el principio de laicidad, incluyendo el sometimiento de los representantes públicos al principio de neutralidad religiosa.
  • Fortalecer el derecho de asilo, garantizando su protección efectiva.
  • Reconocer el derecho ciudadano al acceso a la información pública.
  • Actualizar la configuración constitucional del matrimonio contemplando expresamente el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.
  • Rebajar las condiciones para presentar una iniciativa legislativa popular.
  • Fortalecer la actuación imparcial e independiente de los órganos constitucionales y organismos reguladores.
  • Atribuir en exclusiva a las Cámaras la designación de magistrados del Tribunal Constitucional.
  • Incluir en la Constitución a las Comunidades Autónomas por su nombre. Incorporar la referencia a la autonomía de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
  • Mejorar el régimen de cooficialidad de las lenguas de España y la garantía de la libertad de uso, sin discriminación, de cualquiera de las lenguas oficiales en todas las comunidades.
  • Reformar el Senado para convertirlo en una auténtica Cámara territorial.
  • Reconocer las singularidades de distintas nacionalidades y regiones y sus consecuencias concretas: lengua propia; cultura; foralidad; derechos históricos; insularidad; organización territorial o peculiaridades históricas de derecho civil.
  • Atribuir al Estado la garantía de la igualdad de todos los españoles en sus condiciones básicas de vida.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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