Rajoy garantiza que la declaración no logrará ninguno de sus objetivos

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido este martes de que el Estado no renunciará al uso de ninguno de los mecanismos políticos y jurídicos de los que dispone en defensa del país y del cumplimiento de la ley y la Constitución. Rajoy ha realizado esa declaración institucional en La Moncloa tras hablar por teléfono a los líderes de los principales partidos de la oposición, el socialista Pedro Sánchez y Albert Rivera (Ciudadanos), con los que ha coincidido según fuentes de La Moncloa en los "principios generales" de que ahora hay que asegurar el cumplimiento de la ley. Rajoy no ha llamado a Pablo Iglesias, el líder de Podemos. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha encargado varios informes jurídicos para sustentar las próximas actuaciones del ejecutivo.

Pedro Sánchez llamó a Rajoy alrededor de las 12 de la mañana. Una hora después, el presidente del Gobierno ha llamado a Rivera, según fuentes del PSOE y Ciudadanos.

En la declaración institucional, Rajoy ha calificado de "provocación de quienes pretenden saltarse la ley porque saben que la ley no está de su parte", la presentación del documento que Junts pel Sí y la CUP han registrado en el Parlamento catalán este martes para iniciar el proceso de independencia de Cataluña.

"El Gobierno garantiza y garantizará que no van a lograr sus objetivos y que de ser aprobada no surtirá ni uno solo de sus efectos", ha señalado Rajoy. "Quienes quieran separar y dividir a Cataluña deben saber que no lo van a lograr", ha añadido. "Tienen enfrente la ley y a un Gobierno dispuesto a hacerla valer", ha expuesto el presidente.

Mariano Rajoy ha querido lanzar también un mensaje de tranquilidad a todos los españoles y catalanes: "Mientras yo sea presidente del Gobierno de una nación de ciudadanos libres e iguales la justicia prevalecerá a la sinrazón".

El líder del PP ha explicado que él siempre ha entendido la política como un ejercicio de "moderación y diálogo en la defensa armónica de todos los pueblos de España" pero entiende que ahora estos dos grupos en el parlamento catalán han superado las líneas rojas por lo que se dispone "a la defensa con firmeza, determinación y todos los instrumentos que nos da la ley y la responsabilidad de un presidente del Gobierno".

Al presidente solo se le pudo hacer una pregunta sobre un aspecto muy concreto de la declaración independentista cuando ratifica su disposición a no cumplir los mandamientos y resoluciones de los órganos judiciales españoles y en especial del Constitucional. Rajoy aprovechó para destacar la importancia de la reforma del tribunal, que fue tan cuestionada por llegar al final de la legislatura y en plena campaña catalana, y solo añadió otra declaración de firmeza: "Yo garantizo que eso que se dice no va a surtir efecto alguno y lamento que algunos hayan llegado a plantear una situación como esta".

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha encargado varios informes jurídicos a los distintos estamentos del Estado implicados para sustentar las posibles actuaciones que se puedan derivar ahora de esta declaración parlamentaria y de futuras medidas. El primer paso, de hecho, lo aplicará el propio Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento catalán al plantear ya una petición de reconsideración a la propia Mesa de esa cámara para que retire del registro esa iniciativa. El Gobierno quiere seguir así los pasos puramente reglamentarios, con los recursos pertinentes en la cámara, antes de anunciar un hipotético recurso de cualquier medida ante el Tribunal Constitucional.

Desde La Moncloa se ensalzó, en este sentido, la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, aprobada en la recta final de la legislatura, que dota de más capacidad de ejecución al órgano judicial para que se cumplan sus resoluciones. Fuentes oficiales de La Moncloa valoraron hoy la oportunidad de haber aplicado esa reforma ante lo que pueda necesitarse en próximas semanas o meses y de "dotar de más mecanismos y más fortalecidos" a los órganos judiciales "para evitar declaraciones de este tipo que en ningún sentido van a prosperar".

Las mismas fuentes reafirmaron que el Gobierno no descarta no solo recurrir al Constitucional sino hasta poner en marcha el proceso para suspender la autonomía catalana, aunque también se aclara que ese procedimiento requiere antes muchos pasos previos, desde escuchar y pedir reclamaciones al presidente catalán o incluso a los políticos que forman la Mesa del parlamento o los que suscriban ese tipo de propuestas, hasta llegar a la votación de la mayoría absoluta del pleno del Senado, en este caso sustituido por la Diputación Permanente.

El Gobierno tampoco comprende las prisas en la actuación política de las dos formaciones independentistas del Parlamento catalán, Junts pel Sí y la CUP, que han acordado en la mañana de este martes el texto de la resolución que pretenden aprobar la semana que viene en la Cámara autonómica para declarar "el inicio del proceso creación del Estado catalán independiente" y que, añaden, tendrá "forma de república". Fuentes de La Moncloa constatan que esos grupos han pactado esa declaración sin haber sido capaces antes de pactar la investidura de Artur Mas, ni un gobierno catalán y sin poder descartar que tengan que convocarse otras elecciones en Cataluña en unos meses.

El Gobierno ya ha anunciado que estudiará la impugnación de la declaración de inicio del proceso hacia una república independiente catalana. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha señalado que el Ejecutivo "valorará jurídicamente" cualquier declaración que se apruebe en el Parlament que suponga un paso hacia la independencia de Cataluña y, si contraviene la ley, se impugnará en el Tribunal Constitucional o en la instancia jurídica adecuada. Por su parte, Mariano Rajoy mantendrá una vía directa de diálogo con el líder de la oposición, Pedro Sánchez, con el que ha hablado en la mañana de este martes.