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El PSOE eliminará la mención a la Iglesia en la Constitución

El partido propone someter a los cargos públicos a un principio de neutralidad religiosa. Debería reformarse la ley fundamental

Anabel Díez
Pedro Sanchez, secretario general del PSOE, en la escuela Técnica Superior de Telecomunicaciones este martes.
Pedro Sanchez, secretario general del PSOE, en la escuela Técnica Superior de Telecomunicaciones este martes.Luis Sevillano

Actualizar en la Constitución “el principio de laicidad” es la tarea que se ha trazado el PSOE y su candidato a la presidencia, Pedro Sánchez. A tal fin se propone “suprimir la referencia a la Iglesia católica” a la que se alude en el artículo 16 de la Ley Fundamental. Los representantes de los poderes públicos se someterán al principio de neutralidad religiosa en sus actuaciones y en la organización de actos institucionales, según consta en su programa. El líder socialista reconoce que su modelo de laicidad es el de la República francesa.

Las razones que los redactores de la Constitución de 1978 encontraron, después de un intenso debate, para mencionar a la Iglesia católica en la Norma Fundamental no son ahora asumibles por el PSOE. “Sin ir contra nadie, sin ofender a nadie, y garantizando el hecho religioso, vamos a avanzar, si tengo el honor de presidir el Gobierno, hacia instituciones laicas y pienso, por ejemplo, en la República francesa”. El líder socialista hizo esta observación en Los Desayunos de TVEcomo apostilla al borrador de su programa electoral. En el apartado de laicidad el PSOE quiere solemnizar su determinación hacia el laicismo con la propuesta de “eliminar la referencia a la Iglesia católica” en la Constitución.

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Los constituyentes decidieron, con fuerte renuencia inicial del PSOE, hacer mención a la Iglesia católica para establecer la preeminencia de este credo, acorde con la cultura, la tradición y los sentimientos mayoritarios de los españoles. “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. Así figura en el apartado 3 del artículo 16 de la Ley de Leyes. Aunque un hipotético Gobierno socialista tenga la determinación de llevar a cabo esa reforma se requerirá una mayoría reforzada de la Cámara y, después la aprobación en referéndum como es preceptivo cuando los cambios afectan a derechos. Los socialistas cuentan con esa consulta ciudadana para la modificación de la Constitución no solo en torno al título VIII, referido al Estado de las autonomías, sino para incluir nuevos derechos y, ahora, para suprimir algunos preceptos y menciones que, a su juicio, están superados por el paso del tiempo y el cambio de la sociedad.

El PSOE quiere mantener el apartado 1 del artículo 16 por el que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público”. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”. Este apartado tampoco se tocará.

Acuerdos con la Santa Sede

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Sí habrá nuevas apreciaciones sobre laicidad en las que trabaja el equipo de expertos constitucionalistas convocado por Pedro Sánchez. En principio, el candidato socialista irá más allá en este terreno que ningún otro líder del PSOE, según se constata en la lectura de sus programas. Entre las propuestas está “denunciar los Acuerdos de España con la Santa Sede”.

Las confesiones tendrán que autofinanciarse

Esto es lo que señala el PSOE en su programa:

"Optamos por la contribución activa y voluntaria de las personas afines a sus iglesias como medio adecuado para lograr una plena autonomía de las mismas en su sostenimiento".

"Se impulsarán observatorios contra la islamofobia y el antisemitismo que velen por la no discriminación hacia la población musulmana y judía en España, y promuevan medidas para combatirla.

Esta propuesta figuraba también en el programa electoral del anterior secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, de 2011, pero no se materializó porque los socialistas perdieron las elecciones. En los dos anteriores programas, en 2004 y 2008, encabezados por José Luis Rodríguez Zapatero, no se propuso alterar los acuerdos con el Vaticano. “La única promesa incumplida en este terreno ha sido la no presentación de la Ley de Libertad Religiosa a la que nos comprometimos en el programa de 2008 pero no llegamos a tiempo al terminar la legislatura antes de lo previsto”, recuerda un redactor del equipo del programa actual que conoce todos los anteriores.

De nuevo se reaviva la promesa de elaborar esa ley y la denuncia o revisión de los acuerdos con la Santa Sede que tendrá consecuencias en numerosos campos. Esos acuerdos establecidos en 1979 afectan a la enseñanza, a la asistencia religiosa, a las Fuerzas Armadas y asuntos económicos y están sujetos a los procedimientos del derecho internacional y a los propios términos del tratado.

Los planes de Pedro Sánchez necesariamente provocarán un cataclismo en la Iglesia católica. A esta les hará pagar impuestos para aquellos bienes que no estén afectos a uso de culto o social y le reclamará la titularidad de los bienes inmatriculados (sin existencia de un título de propiedad).

Y no solo. “Procederemos a la transformación de los lugares de culto en los centros públicos que impliquen internamiento como centros penitenciarios y hospitales en lugares de oración multiconfensionales”. Este es un ejemplo para terminar con la “asimetría” a favor del credo católico. “De la misma manera que la libertad de conciencia y laicidad exigen tratar por igual las convicciones, el Estado no puede distinguir unas confesiones sobre otras”, se lee en el programa socialista. “Se promoverán cementerios públicos no confesionales”, añaden.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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