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El Supremo traslada a Sevilla la investigación de Chaves y Griñán

El tribunal se declara incompetente para investigar el caso porque ya no hay aforados

José Antonio Griñán conversa con Manuel Chaves.
José Antonio Griñán conversa con Manuel Chaves.

El Tribunal Supremo envía el caso de los ERE al Juzgado de instrucción 6 de Sevilla, que investiga esta causa desde hace cinco años. La decisión se esperaba desde que el exconsejero de Empleo José Antonio Viera renunció hace dos semanas a su acta de diputado, con lo que la causa se quedaba ya ningún aforado y el Supremo dejaba de ser competente para investigar y juzgar a los cuatro ex altos cargos andaluces imputados: los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los exconsejeros Viera y Gaspar Zarrías.

En un auto dictado este jueves, el alto tribunal ha declarado esta incompetencia y ha ordenado remitir las actuaciones al Juzgado 6 de Sevilla para que las una a las que se instruyen allí. El Supremo recuerda que en noviembre de 2014 acordó asumir la instrucción de los ERE solo para los cinco altos cargos que eran diputados o senadores, por lo que una vez que ya no hay aforados, no tiene sentido que mantenga la investigación.

Los expresidentes y los dos exconsejeros llegarán a los juzgados de Sevilla imputados por un delito de prevaricación administrativa al considerárseles partícipes de la puesta en marcha y mantenimiento en el tiempo de un sistema de concesión de ayudas sociolaborales que el instructor del Supremo Alberto Jorge Barreiro considera irregular. Viera, además, está imputado por un delito de malversación de fondos.

La causa en Sevilla está por ahora en manos de la juez María Núñez Bolaños, que ha sustituido a Mercedes Alaya como titular del Juzgado de Instrucción 6. Pero Alaya ha solicitado una comisión de servicio para quedarse en su anterior destino hasta terminar de instruir, entre otros casos, el fraude de los ERE. Su petición no es aceptada por la nueva titular del juzgado, que quiere hacerse cargo de la investigación del fraude de las ayudas sociolaborales. El Consejo General del Poder Judicial tendrá que decidir si los expresidentes andaluces se defienden de las imputaciones contra ellos ante la juez Núñez o si se enfrentan a Alaya, la magistrada que ha puesto durante cinco años contra las cuerdas al gobierno andaluz.

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