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Las caras de la exclusión sanitaria

Organizaciones sociales recopilan más de 1.500 casos de personas sin asistencia

Entre los afectados hay embarazadas, menores de edad y pacientes en urgencias

La argentina Natalia Duffy cuenta el caso de su padre fallecido.

"Es patético que te digan que como no tiene papeles españoles no van a atender a un bebé", relata a la cámara Carolina González, española de 35 años, casada con un ecuatoriano y residente en Santiago de Compostela. María y José Salvetti, que viven en Tenerife, cuentan: "Pese a ser residentes legales en España no tenemos acceso ni a medicinas ni a sanidad". Natalia Duffy, de 40 años, doble nacionalidad española y argentina, se emociona al recordar a su padre fallecido tras pasar año y medio sin asistencia sanitaria en España: "Al no tener seguimiento médico, se deterioró a pasos agigantados".

Son personas "con nombre y apellido", han recordado hoy representantes de la Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto de reforma sanitaria (REDER), integrada por 300 organizaciones, que en los últimos años han visto vulnerado su derecho a la salud. En total, esta red ha documentado más de 1.500 casos de personas que han tenido problemas para acceder a la sanidad pública española en el último año y medio. Entre ellos, también menores, embarazadas y personas que acudieron a los servicios de urgencia, supuestos incluidos en el real decreto de 2012 que excluyó a los inmigrantes en situación irregular de la asistencia normalizada. Ilegalidades, por tanto.

Las organizaciones también han documentado casos graves a los que los centros sanitarios pusieron problemas para ser tratados: 31 de cáncer, 38 por problemas de corazón, 62 de diabetes, 27 de salud mental y 28 casos "potencialmente mortales si no reciben el tratamiento sanitario adecuado". El informe relata que han encontrado personas con VIH que llevaban meses o años recibiendo tratamiento antirretroviral y seguimiento médico a su enfermedad y que tras perder su empleo perdieron también la posibilidad de continuar con su tratamiento.

O de pacientes con diagnósticos de cáncer que no pueden hacer frente al coste de las pruebas complementarias o el tratamiento oncológico. Personas con enfermedad renal avanzada que no reciben tratamiento y, receptores de trasplantes a quienes se les impide el seguimiento en consulta y el tratamiento inmunosupresor, con el consecuente riesgo de pérdida del órgano trasplantado.

Vuelta a la universalidad

Seis meses empadronados, falta de recursos (máximo 532 euros mensuales por unidad familiar) y no tener otro seguro o un tercero obligado al pago (el país de origen, por ejemplo). Son los requisitos para dar asistencia sanitaria pública a los inmigrantes en situación irregular que el Ministerio de Sanidad planteó a las comunidades el 2 de septiembre. El ministro, Alfonso Alonso, dio 15 días a las autonomías para presentar sus comentarios. Pasado el plazo —aunque ayer Sanidad dijo que eran 15 días laborables, no naturales—, solo Murcia y Madrid han enviado valoraciones.

La Consejería de Sanidad madrileña explicó que ha enviado al ministerio una descripción detallada de los procedimientos que emplean para atender a los sin papeles y unas propuestas "que están en la misma línea" del plan del ministerio, según un portavoz.

Las comunidades socialistas van a seguir insistiendo en que la propuesta de Alonso no es más que un parche y volverán a pedir la derogación del real decreto 16/2012. “Mandaremos un texto, pero será para pedir la derogación”, dijo ayer Castilla-La Mancha.

La Consejería de Sanidad andaluza declinó confirmar si piensa enviar comentarios al ministerio por "lealtad institucional" hacia el Ministerio de Sanidad y que esperarán a próximas reuniones.

El PP volvió a votar el miércoles en el Congreso contra la propuesta del PSOE de dar cobertura universal.

Muchos de los casos, recogidos por organizaciones como Médicos del Mundo entre enero de 2014 y julio de 2015, se registraron cuando algunas comunidades autónomas ya habían puesto en marcha medidas para atender a los sin papeles, ha explicado en rueda de prensa Sagrario Martín, presidenta de Médicos del Mundo. "El real decreto se puso en marcha de forma tan confusa que su desarrollo multiplicó los efectos negativos de la exclusión. Cada comunidad hacía una cosa distinta. Incluso en una misma ciudad, un centro hacía cosas diferentes del de al lado", ha señalado.

Un 73% de los casos recogidos por la red proceden de autonomías donde existen programas sanitarios o normativa autonómica específica para dar cobertura a las personas excluidas por la reforma sanitaria, según el informe presentado este jueves. Algo que, a juicio de Martín, ejemplifica el caos que generó el real decreto 16/2012.

REDER ha documentado 109 menores de edad a quienes se denegó la asistencia sanitaria, 232 incidencias en urgencias (que incluyen desde negación de atención a intentos de cobro) y 78 mujeres embarazadas que han visto vulnerado de alguna manera su derecho a ser asistidas, es decir, incumplimientos del real decreto aprobado por la anterior ministra de Sanidad, Ana Mato. Son problemas, han explicado representantes de REDER, de confusión y de falta de información que han padecido los propios trabajadores de los centros de salud.

El actual ministro, Alfonso Alonso, presentó hace 15 días a las comunidades autónomas un plan para homogeneizar en todas ellas la atención que se ofrece a los inmigrantes en situación irregular. Las organizaciones que forman parte de REDER creen que no es suficiente. "La única consistente es la vuelta a la sanidad universal", ha dicho Martín. La vicepresidenta de la Sociedad Española  de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), María Fernández, también ha pedido la "derogación" de esta normativa.   

Sin trámite parlamentario

El real decreto 16/2012 se tramitó sin debate parlamentario. El Gobierno adujo que era urgente aprobarlo para saltarse el trámite en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo nunca presentó estudios previos que justificaran su puesta en marcha ni ha elaborado posteriormente informes sobre el ahorro que generó o sus consecuencias en la salud de la población.

Ni siquiera se conoce el número de personas afectadas, ya que en estos tres años el Gobierno ha ofrecido cifras diferentes. Un documento oficial enviado a Bruselas en abril de 2013 cuantificó que 873.000 tarjetas de extranjeros residentes en España habían sido dadas de baja. Se desconoce cuántos eran ciudadanos de la Unión Europea o personas sin recursos procedentes de países tradicionalmente migratorios. El Ministerio de Sanidad sigue asegurando que no lo sabe. 

No es turismo sanitario

Tanto Martín como Fernández pidieron que no se confunda la atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular o a personas que carecen de recursos económicos con el turismo sanitario. Cortar de raíz con la práctica de algunos extranjeros sin problemas económicos que preferían operarse o seguir algún tratamiento en España fue una de las justificaciones que dio el Gobierno para aprobar el real decreto y la única que repiten actualmente los responsables de Sanidad.

Sin embargo, en 2012 la exministra de Sanidad Ana Mato justificó el cambio, que dejaba fuera del sistema a quien no tuviera residencia legal en España, aduciendo los abusos de quienes traen a sus familiares exclusivamente para recibir tratamientos médicos. Mato también reconoció que esperaba ahorrar unos 500 millones de euros con la medida. Ese supuesto ahorro nunca se ha evaluado. Los expertos en salud pública y economía de la salud afirman que es menos eficiente, y por tanto más caro, no hacer seguimiento en primaria, que incluye la prevención, y dejar que los problemas de salud se agraven hasta que entren al sistema por la vía de las urgencias.