La Audiencia acusa a la juez Alaya de “no razonar” sus decisiones en los ERE

La Audiencia de Sevilla ha acusado a la juez Mercedes Alaya, anterior instructora del caso ERE, de tomar decisiones "sin razonar". Los jueces, superiores de la instructora, han censurado con dureza sus resoluciones al subrayar que carecen de argumentos. Un juez instructor dirige las investigaciones de su juzgado, pero al contestar a las partes (fiscalía, defensas y acusaciones) es su deber aportar razonamientos y fundamentos de Derecho. "De esta forma, sin razonar esa masiva inadmisión de diligencias donde correspondía, en los fundamentos del auto, la sra. juez de instrucción decidió directamente rechazarlas en su parte dispositiva", critican los magistrados sobre ocho resoluciones de Alaya.

En su auto, la Audiencia ha ordenado que las agendas desde 2001 hasta 2010 de varios ex altos cargos implicados en el caso se incorporen al voluminoso sumario para aportar luz y "ayudar al esclarecimiento de los hechos". Alaya había desechado el análisis de las agendas de 12 ex altos cargos, entre los que destaca la exministra y exconsejera andaluza de Hacienda Magdalena Álvarez, pero ahora los magistrados corrigen su decisión y ordenan que se recaben para ordenar la cronología de hechos. Junto a la agenda de Álvarez, los jueces reclaman la del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez, el exviceconsejero y tres directores generales de Trabajo.

La Sección Séptima de la Audiencia sevillana ha dictado este auto del caso ERE por el que revierten numerosas decisiones de Alaya como instructora de la causa. La juez ascendió en primavera y recaló en esta misma sección. Por tanto, lo curioso es que los jueces que ahora han dado un serio varapalo a la instructora, comparten con ella un despacho de unos 50 metros cuadrados. Los magistrados acusan a su compañera de tomar decisiones sin razonarlas, al rechazar peticiones de la fiscalía sin aportar argumentos.  "Las razones expuestas en su petición por el ministerio público no desdichas por la instructora, que ninguna razón da para su rechazo", puntualizan los jueces para decidir que se tome declaración a varios testigos propuestos por Anticorrupción y que Alaya rechazó de plano.

Entre otras diligencias, la Audiencia estima "útil y necesaria" la orientada a que la Guardia Civil detalle los negocios de transmisión de acciones, participaciones o bienes que han realizado ciertas empresas que protagonizaron ERE subvencionados por la Junta. Además, los jueces exigen que el ex interventor general Manuel Gómez preste declaración de nuevo; se tome declaración a los miembros del equipo de fiscalización de la Cámara de Cuentas que analizó los ERE; y se incorporen informes específicos de la Intervención General de la Junta sobre empresas como Santana o Hijos de Andrés Molina.