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Rajoy amenaza a las autonomías que prestan asistencia a los sin papeles

El Ejecutivo advierte con tomar medidas contra ellas por vulneración de competencias

El secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, en el Congreso
El secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, en el Congreso EFE

El Gobierno amenazó este jueves a las comunidades que han devuelto la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares —Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares y Cantabria—, con tomar medidas contra ellas “por vulnerar competencias estatales”. Y les avisó de la posibilidad de que la Unión Europea sancione a España con “multas millonarias”. El secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, alertó en el Congreso de las “consecuencias catastróficas” que puede suponer esta actuación de las comunidades. Tras las elecciones del 24-M, los siete Gobiernos autónomos que han cambiado de color político están aprobando medidas que revierten las políticas del PP, como la paralización de la ley educativa o la marcha atrás en privatizaciones.

La amenaza del Gobierno se dirigió en concreto a las comunidades autónomas que han devuelto la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares pero sonó como un aviso a navegantes: cuidado con revertir medidas que aprobó el Gobierno. El secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, advirtió en el Congreso a tres autonomías —citó expresamente a la Comunidad Valenciana (Gobierno del PSOE con Compromís) a Baleares (PSOE con Més) y a Cantabria (Partido Regionalista de Cantabria y PSOE)— de la posibilidad de que el Gobierno adopte medidas contra ellas por “vulneración de las competencias estatales” al haber aprobado normas autonómicas para restablecer la atención sanitaria a los sin papeles. Además de estas tres, Aragón (PSOE) también ha llevado a cabo la misma política.

Competencias establecidas

“Me da la impresión, hay que estudiarlo, de que probablemente pudieran estar vulnerando las competencias que constitucionalmente tenemos establecidas”, aseguró Moreno a preguntas de los periodistas, después de su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso. El número dos del Ministerio de Sanidad afirmó que la Abogacía del Estado está estudiando las normas que han aprobado esos Ejecutivos autónomos por si fueran inconstitucionales. “Si eso es así, deben entender que el Estado tendrá que actuar”, dijo.

El alto cargo del Ministerio de Sanidad alertó de posibles “consecuencias catastróficas” por esa medida, como “multas diarias millonarias” por parte de la Unión Europea e incluso “paralización de fondos europeos”. El secretario general de Sanidad sostuvo que, al atender a los inmigrantes irregulares, estas regiones “también tendrían que atender a los ciudadanos europeos que acudan a esa región cuando lleven tres meses de residencia y no paguen el seguro en su país de origen”. La Comisión Europea, adujo, estuvo a punto de multar a España en 2011 por reconocer la asistencia a todos los europeos que venían al país.

Más cambios de rumbo

El Ejecutivo valenciano revisará la política de instalación de grandes superficies comerciales en la comunidad. La Consejería de Economía ha anunciado que estudiará las condiciones de los grandes proyectos que están en fase de tramitación, como Ikea, y revertirá la política de liberalización de horarios comerciales para reducir el número de festivos abiertos.

El Govern balear ha aprobado una moratoria que evita licencias para la construcción de grandes centros comerciales durante seis meses, mientras resuelve el conflicto que mantiene con el Ejecutivo central por la ley autonómica de Comercio.

La Junta de Extremadura ha ordenado la apertura de los comedores escolares durante todo el curso y ha recuperado la gratuidad del transporte público para bachillerato y Formación Profesional.

Los Gobiernos autónomos sostienen, sin embargo, que de ninguna forma las órdenes que han aprobado dan cabida a que ciudadanos europeos se acojan a esa asistencia sanitaria prevista para los sin papeles. El Ejecutivo de Cantabria recuerda que su norma establece expresamente la exclusión de los pacientes que tengan acceso o puedan acceder a cobertura sanitaria en su país de origen o procedencia. La tarjeta equivalente que se les otoga solo es válida en el territorio de la comunidad.

El mismo argumento aducen en Aragón y en la Comunidad Valenciana: también requieren acreditar que no se tiene cobertura o seguro sanitario en el país de origen. Al mismo tiempo, señalan fuentes del Ejecutivo valenciano, los servicios sociales estudian caso por caso. “El Gobierno se tiene que dejar de amenazas. Entrar en cuestiones burocráticas o de competencias cuando está en juego la salvaguarda de la vida de las personas me parece una inmoralidad”, aseguró a EL PAÍS Carmen Montón, consejera de Sanidad valenciana. “Son además amenazas falsas, porque el Consejo de Europa juzgó ilegal excluir a los sin papeles de la asistencia sanitaria en enero de 2014”, añadió. El Ejecutivo valenciano seguirá adelante con la medida. “Vamos a seguir defendiendo la universalidad sanitaria. La exclusión tiene los días contados, los que le quedan al PP en el Gobierno”, defendió la consejera.

El portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, José Martínez Olmos, consideró las palabras del secretario general de Sanidad como una “amenaza inadmisible”. A su juicio, en el Ejecutivo “están nerviosos porque la iniciativa de las comunidades les ha desmontado su estrategia electoralista”, señaló en alusión al anuncio que hizo el pasado marzo el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, nada más asumir el cargo, de que el Gobierno devolvería la asistencia a los inmigrantes en la atención primaria, y que aún no ha llevado a cabo. Los socialistas van a pedir la comparecencia del titular de Sanidad para que explique las declaraciones de su número dos.

La asistencia sanitaria a los sin papeles es una de las medidas que los nuevos Gobiernos salidos del 24-M están adoptando y que vienen a revertir las políticas del PP. Siete autonomías de las que celebraron elecciones cambiaron de color político: Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares, Navarra, y Cantabria. Salvo en el caso navarro, donde gobernaba UPN, en el resto de regiones fue el PP el sustituido en el poder. Ninguna ha perdido el tiempo.

Ciudadanía

En materia educativa, algunas como Cantabria o Aragón han rescatado la asignatura de Educación para la Ciudadanía, eliminada por la ley educativa del PP (LOMCE) y que llegó a los tribunales la pasada legislatura. También rebajan el peso de la Religión en las aulas. El cambio de color político y la pérdida de poder autonómico han forzado también al Ministerio de Educación a aparcar y modificar el decreto que regula las polémicas reválidas, que se dejan en suspenso para secundaria y bachillerato.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha sido uno de los que más ha volteado la gestión del Ejecutivo anterior. Emiliano García-Page va a reanudar las obras paralizadas de dos nuevos hospitales en Toledo y Cuenca antes de que acabe el año y revertirá su privatización parcial para que la gestión sea totalmente pública. El Gobierno castellanomanchego ha anulado, además, el recurso que presentó María Dolores de Cospedal contra la sentencia que impedía la aplicación de una norma elaborada para aplicar los recortes que el Gobierno de Mariano Rajoy impuso al sistema de dependencia.

Con información de Joaquín Ferrandis, Pilar Álvarez y Lucía Bohórquez.

Ayudas a familias pobres

Tres comunidades han aprovechado para recuperar, ampliar o poner en marcha la renta social, destinada a cubrir las necesidades básicas de quienes no tienen renta ni ayuda alguna y están en situación depauperada. En Cantabria, el Ejecutivo está trabajando en aprobar una nueva norma que elimine los requisitos restrictivos de la renta social vigente. La actual limita la concesión de la ayuda a dos años, y el nuevo Gobierno de Miguel Ángel Revilla quiere que se extienda “mientras se mantenga la situación que da lugar a la ayuda”, explica a EL PAÍS la vicepresidenta cántabra, Eva Díaz Tezanos.

En Extremadura, la Junta ha destinado 5,4 millones de euros para pagar las rentas básicas que el anterior ejecutivo regional dejó sin liquidar. Aunque fue una de sus medidas estrella, Monago dejó más de 3.000 rentas de este tipo sin presupuesto. Aragón, por su parte, aprobará una nueva ley para establecer la renta social básica en septiembre.

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