Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

El Gobierno de Rajoy bate el récord de legislar por decreto

En la legislatura que está a punto de finalizar, el Gobierno de Rajoy ha aprobado 73 decretos-ley sobre un total de 143 proyectos de ley

El Gobierno de Rajoy bate el récord de legislar por decreto

El Gobierno de Mariano Rajoy es el que más porcentaje de decretos-ley ha aprobado con relación al número de proyectos de ley presentados en el Congreso en esta legislatura que está a punto de concluir. Esta fórmula, prevista para casos de “extraordinaria y urgente necesidad” y con una tramitación sumaria, se ha utilizado en un 34% de las iniciativas legislativas, una cifra récord a la que solo se acerca la primera legislatura de José María Aznar, con un 33%. El PP lo justifica por la “terrible” situación económica que encontraron y que exigió reformas urgentes.

En la legislatura que está a punto de finalizar, el Gobierno de Rajoy ha aprobado 73 decretos-ley frente a un total de 143 proyectos de ley. En cifras absolutas el primer Ejecutivo de Aznar le superó en número de decretos —85— pero durante la legislatura que fue de 1996 al año 2000 se dio luz verde a más proyectos de ley, un total de 173. Se trata, por tanto, de un mayor porcentaje de medidas que se convierten en norma utilizando un procedimiento de urgencia.

La última legislatura del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, del 2008 al 2011, el Ejecutivo socialista se acercó al 30% de decretos, frente a los primeros años de democracia, cuando el uso de este instrumento legal era más minoritario, sin superar el 20% de las iniciativas.

La Constitución limita el uso del decreto ley a los casos de “extraordinaria y urgente necesidad” e impide que regule una serie de materias: “las instituciones básicas del Estado, los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I [el que regula los derechos fundamentales], el régimen de las comunidades autónomas y el derecho electoral general”. Son sometidos a debate y votación a los 30 días de ser promulgados, sin posibilidad de presentar enmiendas, frente a la tramitación legislativa habitual, que suele requerir como mínimo unos seis meses.

El Ejecutivo de Rajoy ha optado por legislar por decreto en numerosas ocasiones “a pesar de que tiene mayoría absoluta y no lo necesita”, señala María González Veracruz, secretaria de Ciencia, Participación y Política en Red del PSOE. “Es un mal uso democrático, una forma de huir de los debates a base de un procedimiento exprés. Es la antítesis del buen parlamentarismo y de la separación de poderes”, critica la diputada y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE.

El PP no obvia que ha aprobado más decretos-ley de los que hubiera preferido, pero lo vincula a la necesidad que tuvieron “de hacer reformas de manera urgente” al llegar a La Moncloa. “La situación del país era terrible cuando llegamos, tuvimos que poner en marcha muchas reformas, en parte por las exigencias europeas pero sobre todo por la situación económica”, explica Rafael Hernando, portavoz parlamentario de los populares. “La cifra de decretos es alta sobre todo nada más llegar al Gobierno, en 2012, porque fue cuando hubo que hacer frente a la situación enormemente difícil, y el último, en 2014, para acelerar las cosas estancadas. El objetivo ahora ha sido agotar y cumplir al máximo el programa electoral”, añade el parlamentario.

El diputado popular reconoce también que en ocasiones han utilizado algunos decretos como “cajón de sastre”. El Tribunal Constitucional admitió a trámite un recurso de la oposición contra un macrodecreto aprobado por el Ejecutivo en julio del año pasado que modificó 26 leyes, entre ellas la del IRPF o la ley de empleo, y contra el que se rebeló la oposición ante quejas de “caciquismo”. Aún no se ha resuelto.

“En la práctica se ha desvirtuado el cometido del decreto- ley, sin que haya mucha justificación y sin que haya una restricción del Tribunal Constitucional, que es quien debiera controlar su uso”, lamenta Elisa de la Nuez, editora del blog ¿Hay Derecho? y abogada del Estado.