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Calatrava alerta del riesgo de que caiga la cubierta de L’Àgora

El arquitecto denuncia que se hicieron obras sin su supervisión

Edificio L'Àgora en Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.
Edificio L'Àgora en Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.José Jordán

El deterioro de L’Àgora, el último edificio emblemático del complejo de la Ciudad de las Ciencias de Valencia que el expresidente Francisco Camps encargó al arquitecto Santiago Calatrava, puede llevar a su derrumbe. El despacho del famoso arquitecto ha alertado a la Generalitat valenciana de que la paralización, a partir de 2009, de los trabajos para terminar el edificio ha puesto en riesgo la estabilidad de la fachada. El trencadís (losetas cerámicas) y la superficie metálica que lo sustenta y que recubre este emblema azul cobalto de 80 metros de altura presenta signos de inestabilidad y tiene riesgo de desprendimiento, tal y como ya sucedió con el Palau de les Arts, ahora en fase de sustitución.

Así se señala en un escrito, del que ha tenido conocimiento EL PAÍS, donde Calatrava denuncia que, desde que se suspendieron las obras de L’Àgora hace seis años, la Generalitat ha realizado distintas actuaciones en el edificio sin la supervisión del arquitecto y la dirección del proyecto. Unas modificaciones que pide que se retiren.

El despacho del ingeniero ha advertido al nuevo Gobierno valenciano (de coalición entre el PSPV y Compromís) de la necesidad de completar la cubierta, fijar la estructura del trencadís y culminar los remates de la fachada y la estanqueidad del edificio.

La Generalitat ha solicitado un estudio específico para conocer la situación real de L’Àgora antes de decidir qué actuaciones aborda. El anterior Gobierno del popular Alberto Fabra sacó a concurso, antes de elecciones, la explotación de este edificio y la adjudicó a la empresa Avanqua. Sin embargo, la concesionaria se niega a asumir la explotación de L’Àgora hasta que no se reparen las importantes deficiencias detectadas, que la propia Administración valenciana calcula en 10 millones de euros. De momento, Gobierno, concesionaria y arquitecto se han dado un margen hasta conocer el resultado de la auditoría sobre el estado del edificio.

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