El cobre que retrasa los trenes

El coche iba hasta los topes. A los agentes apenas les costó apreciar el exceso de carga. Un golpe de vista fue suficiente para levantar las sospechas y darle el alto. Y no fallaron: los Mossos d'Esquadra encontraron 500 kilos de cobre robado en el interior de un vehículo que venía de sustraerlo del trazado del AVE que discurre paralelo a la A2, cerca de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), donde detuvieron a los tres ocupantes. Una intervención más del pasado año de un cuerpo acostumbrado a estos delitos. Como la Policía y la Guardia Civil, que suman ya casi 70.000 intervenciones desde 2012. Aunque ahora se enfrentan a un escenario diferente. "La caída del precio del material en los mercados internacionales se ha traducido en un descenso de los robos", sentencia un informe interno de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Y las empresas ferroviarias, eléctricas y de telecomunicaciones suspiran un poco más aliviadas. Son el principal objetivo de estos ladrones. Aunque las consecuencias de sus acciones también las sufren los ciudadanos. Como los del pequeño pueblo oscense de Ontiñena, donde sus cerca de 600 vecinos se quedaron sin teléfono fijo casi todo el mes de abril después de que robaran el cable de cobre. O los que pasan el tiempo en los andenes de toda España, donde los trenes acumularon solo en 2014 más de 833 horas de retraso por estos delitos, según datos de Adif (773 en las líneas convencionales y 60 en las de alta velocidad).

"Registramos una media diaria de tres sustracciones de este tipo", señala un portavoz de Adif, la compañía pública a la que ya han expoliado más de 1.200 kilómetros de este metal desde 2011. "El pasado año fueron 339 kilómetros. Un material por valor de más de 10,4 millones de euros", añaden esas mismas fuentes, que inciden en que solo recuperan el 20%: "Pero la mayoría no puede reutilizarse".

Muchos de estos delincuentes pertenecen o provienen del gremio de la construcción Informe interno de la Secretaría de Estado de Seguridad

Las fuerzas de seguridad consideran estos robos un "problema de primer orden", ya que generan "potenciales situaciones de peligro" en infraestructuras clave. "Tienen grandes repercusiones de índole social debido al carácter de servicio público que prestan las compañías perjudicadas", remarca el informe interno de la Secretaría de Estado. Un documento que refleja cómo los agentes de los distintos cuerpos detuvieron el pasado año a más de 2.300 personas por este delito —una cifra inferior a los 3.510 de 2013, los 2.699 de 2012 y los 2.925 de 2011—.

"Entre un 60% y 70% son españoles; entre un 20% y 30%, rumanos; y en torno a un 2%, marroquíes", apostillan fuentes policiales, que inciden en que "muchos de estos delincuentes pertenecen o han pertenecido al gremio de la construcción. O forman parte de las empresas afectadas por los robos". Una vez se han hecho con el material, lo venden "principalmente" a chatarreros, que a su vez lo colocan entre quienes pueden "recuperarlo" o "transformarlo" para otro uso.

Pero, además, los grupos organizados transnacionales también se han sumado ya a esta práctica, que dan salida al cobre en Alemania, China, países de la antigua Europa del Este (como Rumanía, Hungría y Bulgaria) y en naciones emergentes (Brasil, India y Turquía, principalmente).

Cataluña, principal afectada

Ante este problema, las fuerzas de seguridad han centrado su atención principalmente en Cataluña. "Esta comunidad se encuentra a la cabeza del número total de robos. En los últimos dos años, el 37,7% de los delitos vinculados con la sustracción de cobre que afectan a las grandes redes e infraestructuras de servicios han tenido lugar en esta autonomía", recalca la Secretaría de Estado. "Una de las causas que podrían explicar este hecho es la elevada densidad de líneas ferroviarias que atraviesan Cataluña, en relación con su superficie", continúa Adif.

Aunque la Generalitat y el Gobierno central tienen visiones distintas. Y enfrentadas. El conseller de Interior, Jordi Jané, afirma que "la red ferroviaria cruza en Cataluña por lugares donde hay mucha densidad de población, donde hay naves cerca de las vías de tren en las que se camufla la mercancía con rapidez". Interior ataca, en cambio, directamente a las instituciones catalanas en el informe interno de la Secretaría de Estado de Seguridad: "Las cifras de delito en esta comunidad parecen desproporcionadamente altas y muy desviadas de la media nacional. Todo ello apunta a una deficiente gestión de las políticas de seguridad en Cataluña y a la existencia de un problema de seguridad ciudadana en relación con la protección de estas infraestructuras".

El PP catalán ha pedido la comparecencia del conseller. “Parece que hay cierto interés del Gobierno catalán para que se produzcan incidencias en el servicio de Cercanías”, ha asegurado.