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¿Por qué no se ponen las mismas vacunas en todas las comunidades?

Los especialistas piden un calendario vacunal único que acabe con las diferencias

Un curso en la UIMP debate si debería ampliarse la financiación para incentivar

El almacén de una farmacia en Francia. Ampliar foto
El almacén de una farmacia en Francia. AFP

Con dos meses, un niño madrileño se vacuna contra el neumococo en Madrid, pero a pocos metros de la frontera, a otro niño castellanomanchego su pediatra no se le puede poner gratis esta inmunización. Dependiendo del lugar de residencia, la indicación oficial sobre vacunas varía. Tras años de controversias, en 2013 las comunidades y el Ministerio de Sanidad acordaron un calendario común de vacunación. Quisieron que fuera único, pero solo se logró consensuar uno de mínimos. Cada gobierno regional, en función de sus recursos económicos o de la cercanía de unas elecciones, lo complementa como quiere. Los especialistas coinciden en que no es suficiente: el calendario debería ser único en toda España.

Para Julio Sánchez Fierro, vicepresidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario y asesor del Ministerio de Sanidad, la ausencia de unas pautas únicas ha perjudicado a la vacunación en España. “El calendario común es un inicio, pero no es suficiente”, señaló este miércoles durante las jornadas Vacunas: peculiaridades, acceso financiación y aspectos jurídicos, organizadas por Sanofi Pasteur MSD en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). “No parece razonable que haya diferencias entre comunidades en función de los recursos económicos de cada una”, dijo. Sobre todo teniendo en cuenta que apenas suponen el 0,35% del gasto sanitario, añadió.

Las políticas de salud pública solo suponen el 1,1% del gasto sanitario total

La dotación presupuestaria insuficiente y desigual, no solo de las vacunas, sino de todo lo relativo a la prevención y la salud pública, tampoco ha ayudado a hacer de la vacunación una prioridad, como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), según Sánchez Fierro, que aportó el dato de que las políticas de salud pública suponen el 1,1% del gasto sanitario total. “Un peso realmente marginal”, subrayó. Un peso que disminuye, de los 1.200 millones de euros que se destinaban en 2009, cuando empezaron los trabajos para elaborar la Ley general de salud pública, hasta los 700 de 2011, cuando finalmente entró en vigor, a los 675 consignados en 2013. Un “recorte muy importante” que indica que “la prioridad está en lo cualitativo pero no en el terreno de los hechos”.

Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV) y director del curso, destacó también la importancia de un calendario vacunal único, que incluya las inmunizaciones para las mismas enfermedades, pero precisó que los especialistas no creen necesario que los tiempos sean los mismos. Es decir, una comunidad podría decidir vacunar a los dos, cuatro y seis meses, pero otra a los tres, cinco y siete. Tanto García Rojas como Sánchez Fierro coincidieron en que es prioritario mejorar las campañas de información y de concienciación vacunal.

¿Obligación o derecho?

El reciente caso del niño de Olot fallecido tras contagiarse de difteria --enfermedad desaparecida de España durante casi tres décadas—por la negativa de sus padres a vacunarle ha puesto sobre la mesa el debate de la obligatoriedad de la vacunación. Los expertos en salud pública como García Rojas lo desaconsejan. “Lo que interesa es que haya una cobertura lo más amplia posible. Obligar supondría tener que sancionar a los padres que no quieran hacerlo. Estamos en un país con una cobertura del 95% en primovacunación –primera dosis-, algo envidiable. Sería desmesurado obligar. Nuestra función es convencer. Además, a los países que han establecido la obligatoriedad no les ha ido muy bien”, señaló.

García Fierro recordó que una ley de 1986 contempla imponer la vacunación obligatoria, pero solo en supuestos especiales, como una epidemia. El especialista explicó que, ante la disyuntiva obligación-derecho, “en principio, y como regla general, la vacunación es un derecho, y así está planteado en la Constitución, pero debe coexistir con otro derecho, el de la libertad personal”.

Cambiar la financiación

Solo las vacunas que figuran en el calendario oficial del Ministerio de Sanidad o de las comunidades son gratuitas, es decir, están enteramente financiadas. El curso de la UIMP debate asimismo sobre la posibilidad de cambiar la financiación de las vacunas. Se trataría, explicó Sánchez Fierro, de distinguir entre tres categorías distintas: las vacunas del calendario, integradas en la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud, completamente gratuitas; las vacunas innovadoras que inicialmente podrían incorporarse a la cartera suplementaria como prestación farmacéutica (parcialmente financiadas) y las autorizadas, de financiación privada. 

"Financiar parte de las vacunas que no están en el calendario serviría para estimular o incentivar la vacunación", opinó Sánchez Fierro, que cree que habría que someterlo a debate. Para García Rojas, sería una oportunidad de introducir vacunas innovadoras "que ahora se quedan fuera por su precio".