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Dimite la directora de la Alhambra

María del Mar Villafranca deja su cargo tras ser implicada en un caso de malversación

Maria del Mar Villafranca, directora de la Alhambra Ampliar foto
María del Mar Villafranca, directora de la Alhambra hasta hoy.

La directora de la Alhambra, María del Mar Villafranca, ha dimitido tras querellarse la Fiscalía de Granada contra ella por un supuesto fraude de 5,4 millones en la explotación del servicio de alquiler de audioguías del monumento más visitado del país, con 2,4 millones de turistas cada año. El fiscal denuncia en su decreto el "nulo control" desde el Patronato de la Alhambra para seguir el contrato, al que achaca una "actitud especialmente favorecedora" a los intereses de la empresa Stendhal, que explotaba el servicio de audioguías.

El ministerio público denuncia en su querella la comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y blanqueo de capitales. Además de Villafranca, la fiscalía señala en su denuncia a la secretaria general del monumento, Victoria Chamorro, el contable José María Visedo, el interventor Miguel Gutiérrez y a los dos empresarios de la firma Stendhal, Alejandro Antonio López y Luis Parra.

En una breve comparecencia sin preguntas, Villafranca ha indicado que ha comunicado por carta su renuncia a la consejera andaluza de Cultura, Rosa Aguilar, y ha manifestado que el tiempo y la justicia demostrarán su "recto proceder". Después de 11 años en el cargo, Villafranca dimite en defensa de su "honestidad" e "integridad", tras una "reflexión meditada y sincera", y para evitar que la imagen social del monumento nazarí se vea afectada. La directora del Patronato defiende que siempre ha llevado a cabo "procedimientos administrativos transparentes" por el interés público. "Estoy convencida de que el tiempo y mi confianza en la justicia determinarán mi recto proceder", ha avanzado.

El fiscal fija en su decreto las razones para justificar la denuncia: “Con la finalidad de establecer [para la firma] unas condiciones más ventajosas que las inicialmente pactadas, se disminuye considerablemente el importe del canon variable que deja de ser el 47% ofertado en la licitación inicial”. El ministerio público cifra en 5,4 millones los beneficios que perdió la Alhambra por el contrato con Stendhal. El decreto estima que desde que en 2007 se hizo con el contrato de las audioguías, Stendhal llevaba a cabo una gestión "fraudulenta" e "inexplicablemente desde el primer momento el alquiler de audioguías se redujo a la mitad respecto al anterior adjudicatario, y a Stendhal se le permitió "la declaración de cifras de alquileres inferiores a las reales".

El ministerio público acusa a la dirección del monumento de eximir a Stendhal del canon variable sobre el alquiler del servicio de guiado de grupos, así como favorecer a la firma para que pudiera minorar el importe del canon variable inicial. Entre las irregularidades, el fiscal acusa a Villafranca y Chamorro de faltar a la verdad. "No hay que olvidar que directora y secretaria general mintieron en el Pleno celebrado en junio e 2011 manifestando que la empresa había presentado un plan de pagos, algo que sin embargo no ocurrió hasta bien entrado el mes de julio siguiente".

Mientras, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha puntualizado que no desea interferir en el procedimiento judicial. "Es un gesto que le honra y ha trabajado muy bien en el Patronato. No hacemos de prejuzgadores. Aceptaremos la valoración final", ha comentado el portavoz tras elogiar la labor de Villafranca al frente de la institución, informa Lourdes Lucio. La directora de la Alhambra remitió ayer la carta a Aguilar, y esta mañana ha registrado su escrito de renuncia voluntaria ante la Consejería.

La querella de la fiscalía se produjo tras la remisión de un informe policial en que se cifraba el supuesto fraude en cinco millones por parte de la empresa Stendhal, que ha tenido la concesión de las audioguías durante los últimos ocho años. El fiscal ha presentado su querella ante el juzgado y pide la testifical de 18 testigos, entre ellos los dos inspectores de la Agencia Tributaria que alertaron a la policía sobre las irregularidades destapadas en la contabilidad de la empresa sevillana, que quedaron a la luz tras la denuncia de un extrabajador. "Todas las actuaciones derivaron en un considerable perjuicio para el patronato de la Alhambra y Generalife, y en consecuencia, para los intereses públicos", concluye la fiscalía.

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