Montoro ofrece 10.000 millones a las autonomías antes del nuevo modelo
Los nuevos presidentes autonómicos reclaman la reforma de la financiación autonómica
Los nuevos Gobiernos autonómicos constituidos tras las elecciones del 24-M han comprometido un importante incremento del gasto social y exigen un cambio del modelo de financiación autonómica para mejorar sus ingresos. El ministerio de Hacienda, que aplazó el Consejo de Política Fiscal y Financiera previsto para hoy hasta que estén constituidos todos los Ejecutivos autónomos, promete para el próximo ejercicio mejorar la financiación en 10.000 millones respecto a 2015 como consecuencia del aumento de los ingresos del Estado.
El Ministerio de Hacienda calcula que las comunidades dispondrán en 2016, el primer ejercicio completo de los nuevos Gobiernos autónomos, de unos 10.000 millones de euros más que este año a cuenta del sistema de financiación vigente. Esa mejora es debida a la liquidación definitiva del ejercicio 2014, que cerró con mejores resultados de lo esperado, y a los anticipos de 2016.
No se trata por tanto de un regalo del Gobierno del PP a las autonomías en vísperas electorales sino de la estricta aplicación de la regla que fija la financiación autonómica en función de la evolución de la recaudación estatal de impuestos. En total, las autonomías dispondrán el próximo año de unos 95.000 millones de euros derivados del vigente sistema de financiación que la inmensa mayoría de los gobiernos quieren cambiar.
Las comunidades más pobladas y con mayor presupuesto, como Cataluña, Madrid o Andalucía, así como otras con múltiples dificultades de financiación, como la Comunidad Valenciana o Baleares, reivindican desde hace casi dos años una reforma a fondo del modelo de financiación.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy se negó a iniciar los trámites para cambiarlo pese a que lo reclamaban con insistencia autonomías gobernadas por el PP. Rajoy y su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, argumentaron que esa medida no se podía aprobar en plena crisis económica, con los ingresos fiscales desplomados y con una imperiosa necesidad de reducir el déficit público. El ejecutivo central aplazó ese compromiso a 2016, tras las elecciones generales, porque la evolución prevista de los ingresos por recaudación de impuestos permitirá abordar entonces una reforma que mejore la financiación de todas las comunidades.
Con el modelo vigente, el aumento de los recursos del sistema en 2016 será una bombona de oxígeno para las comunidades porque tienen que reducir el déficit al 0,3% del PIB durante ese ejercicio, pero dispondrán de un presupuesto mayor como consecuencia de los ingresos estatales.
Cataluña apoyó y ensalzó los cambios
El sistema de financiación autonómica vigente fue aprobado en 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con los votos en contra de PP, que lo consideró un “traje a medida de Cataluña”; UPyD y BNG.
El Ejecutivo catalán, entonces integrado por tres partidos PSC, ERC e ICV, lo aceptó encantado y ensalzó el nuevo modelo: “Estamos federalizando el Estado con liderazgo desde Cataluña”. No era la primera vez que el sistema de financiación autonómica se aprobaba para toda España con el aval principal del Gobierno catalán. Ya ocurrió en otros ejercicios cuando en Cataluña mandaba CiU y en España, el Partido Popular.
La Ley de Financiación Autonómica que impulsó el Gobierno de Zapatero reformaba una norma aprobada por el Ejecutivo de José María Aznar en 2001. El PP pactó aquel modelo con CiU donde se cedía a las autonomías un porcentaje de determinados impuestos estatales. “Es sin duda un paso adelante, es el mejor modelo que hemos tenido nunca, con una mejora cualitativa y cuantitativa porque aporta más recursos al sistema de financiación autonómica en sentido global y para Cataluña”, afirmó el diputado de CiU que habló en el Congreso para explicar su voto a favor.
Tributos autonómicos
2016 será un ejercicio en el que los nuevos Gobiernos autonómicos prometen mejoras importantes en materia social con la contratación de miles de profesores y personal sanitario, más presupuesto para atender a dependientes o planes de emergencia social que suponen un notable incremento del gasto.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha advertido de que la reforma del sistema de financiación autonómico por la que apuesta el Gobierno del PP consistirá básicamente en un reordenamiento del sistema tributario sobre el que tienen competencia las comunidades. Montoro pretende homogeneizar el impuesto sobre sucesiones y donaciones, uno de los más complejos, revisar el de transmisiones patrimoniales y ofrecer competencias a las autonomías para establecer nuevos impuestos medioambientales en línea con lo propuesto por la comisión de expertos para la reforma fiscal.
El actual sistema de financiación fue aprobado en 2009 por el anterior Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero tras poner 11.000 millones de euros adicionales para el reparto entre las comunidades. Este modelo tenía que ser revisado en 2014, pero el Ejecutivo decidió retrasarlo por la cuestión catalana y la crisis económica.
Los expertos explican que la estructura básica del modelo, el llamado Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF), que distribuye el 80% de los recursos del sistema para que todas las comunidades puedan prestar de forma similar los servicios sociales, educativos y sanitarios, funciona correctamente. Además, respeta la ordinalidad [las regiones mantienen el mismo puesto en la clasificación de riqueza per cápita antes y después del reparto]. El problema surge con los otros fondos, de suficiencia y convergencia, que los académicos califican como “parches” que convierten en el sistema en un “Frankenstein”.
Presupuestos al rescate de los servicios públicos
El 24-M ha inaugurado una nueva etapa en el gasto público autonómico. Tras cuatro años de fuertes recortes presupuestarios para reducir el déficit, los nuevos presidentes autonómicos, ya sean del PP o del PSOE, han prometido en sus discursos de investidura aumentar el gasto social con miles de millones de euros. Lo que sigue resume la propuesta de seis presidentes autonómicos que han sido investidos en las últimas semanas.
Sanidad y Educación. Susana Díaz, que logró el apoyo de Ciudadanos para su investidura como presidenta andaluza tras ganar las elecciones que ella misma adelantó, ha prometido entre 400 y 500 profesores nuevos para sustituciones y otros 400 o 500 efectivos para los servicios sanitarios. Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) ha garantizado la contratación de 1.000 profesionales sanitarios en su primer año de mandato. Cristina Cifuentes (PP) prometió para la Comunidad de Madrid 500 profesores más y no privatizar la gestión de los servicios sanitarios.
El nuevo Gobierno balear devolverá 20.000 tarjetas sanitarias y el Ejecutivo de la Comunidad Valenciana eliminará el copago de medicamentos para pensionistas que cobren menos de 1.000 euros al mes.
Dependencia. Castilla-La Mancha tramitará 27.000 expedientes de dependencia que, según el nuevo presidente García-Page, el Ejecutivo del PP metió en un cajón para ahorrarse ese gasto. En la Comunidad Valenciana, Ximo Puig prometió en su investidura sacar de la lista de espera 13.000 expedientes de dependientes.
Renta mínima. La andaluza Susana Díaz anunció una Ley de renta básica social; el extremeño Guillermo Fernández Vara planteó negociar en el próximo modelo de financiación "una renta básica" blindada que suponga un 0,5% del PIB, Y García-Page defendió "un programa de garantía de ingresos con el que asegurar un empleo y el salario mínimo a los parados de larga duración de más de 55 años con hijos a su cargo". En Baleares, la presidenta socialista Francina Armengol propuso la creación de una renta básica para los necesitados.
Ayudas de luz, agua y alimentación. Fernández-Vara garantizó una Ley de Mínimos Vitales para "que el próximo invierno no haya nadie pasando frío en Extremadura por no poder pagar el recibo de la luz". El Gobierno de Madrid aumentará a 100.000 el número de becas de comedor que financiarán en el próximo curso.
