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La policía implica a la directora de la Alhambra en un caso de malversación

Los agentes investigan un concurso para audioguías firmado por Mar Villafranca, que ha salido en libertad tras prestar declaración, pero acusada de malversación y prevaricación

La policía ha detenido en Granada a la directora del Patronato de la Alhambra, María del Mar Villafranca, y a tres responsables de la gestión del monumento nazarí, por su implicación en un fraude de malversación y blanqueo. Los cuatro, al igual que un empresario implicado, quedaron en libertad con cargos tras prestar declaración ante los agentes del Grupo de Delitos Económicos de la policía. La investigación se centra en la contabilidad y porcentajes que la empresa Stendhal pagó a la Alhambra por el alquiler de audioguías para los 2,4 millones de turistas que cada año acuden al monumento más visitado del país.

Tras una primera denuncia de la Agencia Tributaria contra el empresario que gestionó el alquiler de audioguías por doble contabilidad y blanqueo de capitales, la investigación policial busca ahora determinar la responsabilidad de los cargos de la Alhambra como garantes de los fondos públicos derivados del negocio, por lo que les achaca malversación y prevaricación. Entre los cinco detenidos figuran la secretaria general y número dos de Villafranca, Victoria Chamorro, el contable José Visedo, el interventor delegado de la Intervención General en el monumento y el empresario sevillano dueño de la firma Stendhal. Hoy comparecerá otro empresario ante la Jefatura Superior de Policía.

Las pesquisas sobre el fraude, coordinadas por la policía y la Fiscalía de Granada, se concentran en seis personas —dos empresarios y cuatro cargos de la Alhambra— y cuentan con un gran soporte documental, ya examinado por Hacienda.

Villafranca, pendiente de ser ratificada en el cargo por parte de la nueva consejera de Cultura, Rosa Aguilar, censuró ayer su detención en una comparecencia pública en la que no admitió preguntas. “Se me ha dicho que estoy detenida y no estoy nada de acuerdo al no intervenir ni el fiscal ni el juez. He sentido mis derechos conculcados. Seguiremos colaborando con el proceso y cuando un juez haga imputaciones dimitiré, como militante del PSOE que soy, si estoy entre los imputados”, afirmó. Villafranca fue miembro de la Ejecutiva nacional del partido socialista hasta el pasado verano.

Desde que ganó la concesión en 2007, la empresa Stendhal dio muestras de una turbia contabilidad y de su nula intención de pagar a la Alhambra el canon fijo anual de 77.000 euros y del 47% sobre la recaudación. El patronato le hizo hasta 23 requerimientos para que pagara, y ante el incumplimiento en 2010 los responsables se plantearon iniciar la vía de apremio o establecer un plan de pagos, fórmula recomendada por los asesores jurídicos para poder cobrar la abultada deuda que llegó a ser de 600.000 euros. Como el empresario tenía otro negocio de información al público situado en la Alhambra, también se estipuló una compensación de deuda y finalmente se cerraron los pagos pendientes.

Sin embargo, los investigadores discrepan de que los problemas del expediente hayan sido resueltos conforme a la ley. En los hechos investigados llama la atención que los porcentajes que debía percibir la Alhambra fueran reducidos de un 47% a solo un 15% y de los 77.000 euros a 30.000 euros. Villafranca achaca la reducción a un error de transcripción cometido por una funcionaria y corregido a posteriori, y asegura que las liquidaciones de la empresa se facturaron durante los ocho años de contrato conforme a los porcentajes que figuraron en el concurso público.

El PSOE califica las detenciones de prácticas "propias de un Estado policial"

El PSOE ha defendido a Mar Villafranca con un ataque a la policía por su detención, que calificó de “abuso de poder”, “procedimiento desmedido” y prácticas “propias de un estado policial”. La dureza empleada en un comunicado por la secretaria de Organización del PSOE granadino, Elvira Ramón, tuvo comparaciones incluso con el régimen franquista. “Se está sustituyendo a la justicia por el Ministerio del Interior, como en la época de la Brigada Político-Social”, afirmó la dirigente socialista.

Ramón considera que la operación policial, apoyada por la Fiscalía de Granada, ha sido orquestada por el subdelegado del Gobierno, Santiago Pérez, y el secretario provincial del PP, Santiago Pérez, a los que acusó de falta de “escrúpulos en utilizar los mecanismos del Estado de derecho para ponerlos al servicio de su partido”. “Estas medidas solo se aplican a delincuentes peligrosos en riesgo de fuga, no se ajustan a la realidad y generan alarma social”. Es habitual que policía y Guardia Civil realicen detenciones en el curso de investigaciones que aún no han sido judicializadas, como esta que afecta a la Alhambra.

Ayer Pérez rechazó las graves acusaciones de Ramón y dijo que la policía buscaba ofrecer a Villafranca “garantías” y evitarle la “pena de telediario” al impedir fotos que vulneraran su presunción de inocencia, informa Europa Press.

Este caso sucede al fraude en las entradas a la Alhambra, que el pasado otoño el fiscal fijó en 6,6 millones tras una década de investigación, y donde pide hasta nueve años de prisión para 45 acusados.

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