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La infanta Cristina y Urdangarin venden el palacete de Pedralbes

La mansión de mil metros cuadrados fue vendida por 6,9 millones de euros

La casa de los duques de Palma en Pedralbes.
La casa de los duques de Palma en Pedralbes. Albert García

El llamado palacete de Pedralbes ya no forma parte del patrimonio de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, que serán juzgados en el caso Nóos. La mansión de mil metros cuadrados, que la pareja compró en Barcelona en 2004 y reformó por completo, fue vendida finalmente por 6,9 millones de euros, una vez que el juez José Castro autorizara la operación y se asegurara el destino de los fondos para la fianza.

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La defensa de Urdangarín ha registrado este miércoles un escrito en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma en el que comunica al Juez que se ha ejecutado la operación de venta de la vivienda, anunciando que se ingresará en la cuenta del juzgado el dinero comprometido para hacer frente a la fianza de responsabilidad civil impuesta.

Castro alzó el embargo que había fijado para blindar el pago de la fianza civil de Urdangarin (6,2 millones iniciales, en noviembre de 2013, sobre la mitad del palacete). La fianza final para la pareja suma 16,1 millones: Urdangarin ha de depositar 13,5 millones y la Infanta, 2,6 millones.

Los antiguos duques de Palma recibieron una paga y señal de 300.000 euros cuando firmaron el compromiso de venta, en enero de 2015. Los cónyuges son propietarios (al 50%) del bien inmueble y titulares de la hipoteca de 4,3 millones suscrita con La Caixa.

Durante casi dos años, la hermana del Rey y su esposo tuvieron en venta el palacete por 9,8 millones, una cifra no cubierta en el mercado de grandes mansiones urbanas. Con anterioridad, cuando la familia se trasladó a Estados Unidos, el palacete estuvo en alquiler.

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Todos los fondos generados están bajo control judicial: tras liquidar la hipoteca, los impagos y los intereses quedarán 2,3 millones, que serán consignados en la cuenta del juzgado de Palma.

Urdangarin batalló ante el juez para poder usar una parte del dinero para saldar otras deudas, en especial los 253.705 euros que le debe a Hacienda por el IRPF de 2009 y una deuda bancaria de unos 400.000 euros. El juez desmontó su estrategia y la del pseudo sindicato Manos Limpias, que había intentado desbaratar la venta.

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