La Audiencia reabre el caso del espionaje en el Gobierno de Aguirre
Tres magistrados revocan por tercera vez en seis años al archivo decretado por la juez instructora
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir el caso del espionaje político pagado con fondos públicos de la Comunidad de Madrid durante el Gobierno de Esperanza Aguirre. Es la tercera vez en seis años que los tres magistrados de la sección decimosexta de la Audiencia Provincial deciden revocar autos de archivo de esta causa dictados por la juez instructora Carmen Valcarce.
La investigación judicial arrancó a raíz de la publicación en EL PAÍS de los partes de seguimiento que acreditaban el espionaje a los dirigentes del PP Alfredo Prada (consejero de Justicia cuando ocurrieron los hechos) y Manuel Cobo (vicealcalde de Madrid). Ambos, que ahora ocupan cargos ejecutivos en el PP nacional y son hombres de confianza de Mariano Rajoy, eran entonces adversarios políticos de la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, en la lucha abierta por el poder dentro del propio partido tras la segunda derrota en las elecciones generales de 2008.
Tres guardias civiles y un policía nacional, fichados como asesores de Seguridad por el Gobierno regional de Esperanza Aguirre, siguieron durante dos meses a Prada y Cobo tanto en sus actividades públicas como en las privadas. Los supuestos espías registraron el resultado de los seguimientos en partes mecanografiados.
Informes policiales basados en el posicionamiento de los teléfonos de los asesores de seguridad de la Comunidad de Madrid acreditaron que los guardias civiles y el policía nacional habían seguido a Cobo y a Prada durante los meses de abril y mayo de 2008. La Audiencia Provincial consideró desde el principio que había indicios suficientes de un delito de malversación de fondos públicos y ordenó a la juez seguir con el procedimiento.
Uno de los tres guardias civiles que tuvo que hacer seguimientos a Cobo y Prada reconoció a la juez instructora, tres años después de iniciado el procedimiento, que había recibido esa orden de espiar a los dirigentes populares y que alertó al entonces consejero de Interior, Francisco Granados -hoy encarcelado por el caso Púnica- de que le estaban obligando a hacer trabajos ilegales.
Pese a esta confesión y los datos obrantes en el sumario que acreditaban que el espionaje existió, la juez insistió en decretar, hace solo unos meses y por tercera vez, el archivo de la causa. El abogado que representa al grupo socialista, única parte personada en la causa como acusación popular, recurrió el archivo y ahora la Audiencia Provincial le ha dado la razón. Los magistrados recuerdan a la instructora que en anteriores pronunciamientos ya resolvieron que había suficientes indicios "acerca de la comisión de delito de malversación de caudales públicos". El auto relata esos indicios:
- Que los informes policiales llegan a determinar la autoría de los partes de seguimiento.
- Las declaraciones de los tres asesores imputados por su imprecisión, vaguedad y ausencia de credibilidad.
- Resultado de la pericial caligráfica con relación a Pinto (supuesto autor de los partes de seguimiento que este agente niega). Pinto nunca participó en los seguimientos a Prada y Cobo.
La Audiencia Provincial sostiene que hay indicios suficientes de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid "utilizó varios funcionarios a los que estaba pagando su nómina para destinarlos a fines ajenos a la causa pública, habiendo sido destinados jornadas enteras durante muchos días al mes, al menos durante tres meses a fines ajenos a la función encomendada".
La juez instructora argumentó en sus autos que era imposible determinar el importe exacto del dinero público malversado. "Eso", contesta la Audiencia, "no constituye obstáculo para que no pueda descartarse el grave perjuicio para la causa pública, no siendo igualmente descartable poder hacerse la evaluación del perjuicio a través de las nóminas correspondientes, los vehículos usados, el combustible repostado y los consumos de móviles". La Audiencia también se pronuncia a favor de que la causa siga adelante aunque sólo haya una acusación popular, la que representa el grupo parlamentario socialista, que impulse el procedimiento dado que el fiscal del caso también ha apoyado el archivo.
