La Intervención de la Junta dice que el concurso de Aznalcóllar fue legal

La Intervención General de la Junta de Andalucía considera que el concurso público para reabrir la mina de Aznalcóllar (Sevilla), investigado por un juzgado, se ajusta a Derecho. Ante las acusaciones de la juez de Instrucción 3 de Sevilla, que cree que el Ejecutivo autónomo concedió el concurso sin "el más mínimo rigor" y con "irregularidades graves", ahora la Intervención sale en defensa de la limpieza del procedimiento empleado, tal y como ha defendido la Junta tras saltar el escándalo la semana pasada.

El interventor, en su informe del 14 de mayo, revisa las críticas de la juez al concurso, entre ellas que el equipo técnico es puntuado con la nota máxima de diez por la comisión técnica, pese a las evidentes carencias que presenta con múltiples documentos no convalidados: "La calidad técnica fue evaluada por la comisión técnica, capacitada para ello. Ambas empresas [Minorbis-Grupo México y Emerita] aportaron copias de currículum y títulos, que deberán ser acreditados por la adjudicataria cuando se le requiera", alega el interventor.

Ante la censura de la juez sobre la maquinaria y el equipo técnico, que supuestamente incumplieron las exigencias del concurso, la Intervención contraviene: "La solvencia en este aspecto se demuestra por la capacidad de contratar maquinaria, no por expresar las que efectivamente trabajarán en el proyecto. La otra empresa tampoco dispone de maquinaria en la zona".

Entre otros reparos, la juez ve anomalías por ejemplo en el punto 2.5, y el interventor replica de manera escueta: "No se observan anomalías". Asimismo, respecto a que Emerita dispuso en su proyecto 72 cuadrículas mineras y Minorbis [la ganadora] contó con 53, la juez había considerado que esto "alteraba de esta forma las valoraciones obtenidas". El interventor estima que ambas cumplen con el mínimo estipulado en el concurso para el presupuesto de inversión mínimo por cuadrícula minera investigada, de 15.809 euros. Y Emerita proponía 159.168 euros y Minorbis 134.838 euros.

Tras el desastre medioambiental por la rotura de la balsa, que en 1998 liberó 4,5 millones de hectómetros cúbicos de lodos tóxicos en el entorno del parque de Doñana, y ahora la juez investiga delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias en la licitación para reabrirla.