Una querella por el ‘caso Betis’ amenaza el futuro de Alaya

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y la fiscalía están analizando una querella del empresario Luis Oliver contra la juez Mercedes Alaya por la instrucción del caso Betis. En esta causa, que empezó en 2008 y ya está finalizada, Alaya ha investigado supuestas irregularidades de Manuel Ruiz de Lopera en su etapa de máximo dirigente del club de fútbol. En la querella, que amenaza el futuro de la juez, Oliver la acusa de prevaricar para tener el “control absoluto” del Betis, que lleva intervenido judicialmente desde 2010.

La querella fue presentada el martes de la semana pasada y tanto la Fiscalía Superior de Andalucía como el instructor designado para la causa, Juan Ruiz Rico, están analizando su admisión a trámite, lo que supondría un baldón en la estelar carrera de Alaya. Su futuro inmediato está ahora en manos del TSJA y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tiene que decidir si accede a la petición de la magistrada de seguir investigando las principales macrocausas que salpican al Gobierno andaluz (el caso ERE, los cursos de formación y un procedimiento sobra avales de la Junta a empresas), pese a que le ha sido concedido el ascenso que solicitó a la Audiencia de Sevilla.

El escrito de Luis Oliver, de 192 páginas y al que ha tenido acceso EL PAÍS, relata una treintena de polémicas decisiones que Alaya ha adoptado en el caso Betis desde 2010 cuyo objetivo final, según la querella, era tener el “control absoluto” del equipo de fútbol, que lleva intervenido judicialmente desde hace cinco años. En este tiempo, la Fiscalía de Sevilla se ha pronunciado en la mayoría de las ocasiones en contra de las actuaciones de la magistrada, cuyas decisiones ha recurrido una y otra vez.

Alaya inició la investigación sobre la gestión de Lopera en el Betis en 2008. Dos años después, Lopera decidió vender su participación en el equipo de fútbol, del que poseía el 51% de las acciones a través de una sociedad denominada Farusa. Oliver, representante de Bitton Sport, llegó a un acuerdo con el ex mandatario bético para comprar estas acciones el 6 de julio de 2010 por 16,1 millones de euros.

La respuesta de la magistrada fue inmediata: abortó la operación al considerar que se trataba de una venta simulada y que Oliver era un mero testaferro de Lopera. Para ello, dictó unas medidas cautelares entre las que destacaba una orden al Consejo de Superior de Deportes para que no tramitase la venta del club, una decisión troncal en el devenir de la causa. Paralelamente, y para garantizar ese “control absoluto”, Alaya intervino el equipo bético y nombró a tres administradores judiciales de su confianza. Entre ellos, el exfutbolista Rafael Gordillo, que en 2011 explicó en una entrevista su papel en el club: “Cuando recibí la llamada de Mercedes Alaya no sabía que tenía que hacer. Luego me lo explicaron bien. Tenía una misión muy concreta, que salieran estos personajes del Betis. Fueron meses duros”.

Estos administradores judiciales han cambiado con el tiempo y en la actualidad solo hay uno, el abogado Francisco Estepa, una “persona próxima”, subraya la querella, al marido de la magistrada, el administrador concursal Jorge Castro. Esta relación fue llevada por Lopera al Consejo General del Poder Judicial, que archivó la queja. La juez atribuyó a “bulos periodísticos” la relación entre Estepa y su marido, un reconocido aficionado del Betis, pero lo cierto es que hay dos datos que constatan la relación entre ambos. Estepa fue abogado de Castro en un caso en el que fue imputado, procedimiento que luego fue archivado. Y Estepa, procedente de Córdoba y que también trabaja como administrador concursal, ha compartido con Castro sede profesional en Sevilla.

Para intentar demostrar que Oliver era un testaferro de Lopera, Alaya ordenó a la Guardia Civil que investigase vínculos entre ambos. Estas pesquisas resultaron baldías ya que no se encontró ningún nexo societario entre ambos. El relato de la magistrada, afirma la querella, era “pura fantasía” y se ha revelado “completamente falso”. “El único motivo real de ordenar dicha paralización reside en evitar la consumación de la compraventa y con ello asegurarse el control” del Betis, sostiene el escrito, que recuerda que la fiscalía se ha opuesto hasta en 15 ocasiones a las medidas cautelares que la juez impuso en el Betis y que impidieron a Oliver la compra del club.

Tras ver cómo la operación se frenaba, Oliver intentó personarse en la causa como parte afectada, algo a lo que se negó Alaya de forma reiterada y que le causó “indefensión”, argumenta el escrito del abogado Alfonso Contreras. A esta decisión se suman otras como eximir a las acusaciones particulares (Béticos por el Villamarín, Por Nuestro Betis y Liga de Juristas Béticos) de una fianza para ser parte en la causa, decisión a la que también se opuso la fiscalía.

Tras no hallar vínculos entre Lopera y Bitton Sport, Alaya ordenó a los administradores judiciales que investigaran la etapa en la que Oliver estuvo en el Consejo de Administración del Betis, entre julio y diciembre de 2010. Tras recibir el informe de los administradores (la querella cuestiona que se les otorgase el papel de policía judicial), Alaya abrió una causa secreta contra Oliver en la que ordenó el pinchazo del teléfono del empresario. La causa fue abierta en febrero de 2011 y la fiscalía ignoró durante meses su existencia. Cuando lo supo también recurrió el pinchazo telefónico.

Alaya ordenó a la Guardia Civil pinchar el teléfono de Oliver el 5 de octubre de 2011 con el argumento de que era una persona de “difícil localización” y por tener una orden de busca y captura de un juzgado de Santander. Pocos días después, la Guardia Civil comunicó a la magistrada que no existía esta orden de busca y que había habido un “error en la base de datos”. Pero Alaya ordenó que los pinchazos siguieran por la “difícil localización” de Oliver por sus “continuos viajes al extranjero y en el interior del país”. La intervención telefónica estuvo vigente hasta el 2 de noviembre, tiempo en el que Alaya interceptó 11 conversaciones de Oliver con su abogado.

La querella hace hincapié en que la Guardia Civil sabía perfectamente dónde estaba Oliver en cualquier momento (en un informe detalla viajes a Madrid, Zaragoza o Bilbao) y que para la localización no hace falta el pinchazo. “Basta con localizar la señal que emite la terminal telefónica para saber su localización, como es notorio, sin que sea necesario oír las conversaciones”, reza el escrito, que subraya que la magistrada dictó esta orden “a sabiendas de la previsible eventualidad” de que Oliver “se pusiera en comunicación son su abogado y escuchar ilegalmente 11 conversaciones” con este.

Otra parte troncal de la querella es el procesamiento de Oliver en el caso Betis, al que también se ha opuesto la fiscalía. Alaya sostuvo durante meses que el empresario era un testaferro de Lopera, pero cuando la Guardia Civil no encontró ningún vínculo, cambió de criterio. Finalmente, Alaya ha procesado al empresario por comprar, en grado de tentativa, parte de las acciones que Lopera tenía en el Betis “a sabiendas de que eran litigiosas", porque la juez tenía dudas de las acciones que compró en 1992. El letrado de Oliver subraya que en el Código Penal no existe el “absurdo delito” de la compra de acciones litigiosas y añade: “Es una mera argucia para asegurar el mantenimiento de las medidas cautelares” y mantener el control del Betis.