Cae una red que defraudaba en importaciones masivas desde China

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está desarrollando este lunes por la mañana la llamada operación Snake (serpiente) que ha supuesto la detención de 32 personas integrantes de una red dedicada a la importació masiva de mercancías desde China y que no pagaba los impuestos de entrada a España. Otras 47 personas han sido imputadas por los delitos de blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, contra los derechos de los trabajadores, contrabando, pertenencia a organización criminal y falsedad documental, según ha informado esta mañana la dirección general del instituto armado. Los agentes están efectuando 65 registros domiciliarios en Madrid, Barcelona y Valencia.

La actividad supuestamente fraudulenta de la banda consiste en importar grandes cantidades de mercancías eludiendo los impuestos de aduanas y el IVA. Esto supone competencia desleal respecto al resto de las empresas del mercado. La organización también era capaz de blanquear sus propios activos a través de una compleja red de testaferros y empresas instrumentales.

La organización controlaba además talleres de confección presuntamente ilegales, en los que trabajaban ciudadanos chinos cuyas identidades eran utilizadas de manera fraudulenta por el grupo en otras actividades ilegales. En un análisis inicial de la documentación la Guardia Civil estima que han podido defraudar 14 millones de euros y mover capitales por un montante de 300 millones. En la Comunidad de Madrid las actuaciones más relevantes se están realizando en Vallecas y Usera, en la capital, y en el polígono Cobo Calleja, en Fuenlabrada.

Las investigaciones comenzaron hace dos años en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Se incoaron diligencias previas en el Juzgado de Instrucción nº 7 de Parla, tras detectarse una organización que transportaba de forma ilícita mercancías en la Unión Europea y China. Estaba compuesta principalmente por ciudadanos de procedencia china. En la investigación también han participado funcionarios de la Agencia Tributaria y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid, además de personal de Europol, especializado en labores de inteligencia y análisis forense.