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El juez Castro inicia el trámite para el embargo de bienes de la Infanta

Doña Cristina y el resto de imputados deben cubrir la fianza que el magistrado había fijado

En el caso de la hermana del Rey la cifra supera los 2,6 millones

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La infanta Cristina y su esposo, Iñaki Urdangarin, en Ginebra (Suiza).

La infanta Cristina tiene tres días para entregar al juez José Castro una relación de bienes que puedan ser embargados para cubrir la fianza de responsabilidad civil de 2,69 millones de euros que le impuso en diciembre el instructor del caso Nóos. Castro ha tomado esta decisión al observar que se ha superado “con notorio exceso” el plazo fijado para cumplir. El juez inicia así el proceso de embargo a las personas que serán juzgadas —en el plazo de un año— y que no han constituido las fianzas. Estas cantidades se elevan a 61,3 millones al sumar las cantidades individuales de cada uno de los 18 imputados.

La ley establece que las fianzas no carcelarias se señalan para garantizar que, en el caso de una condena, la Administración pueda cobrarse de cada reo los eventuales perjuicios causados a las arcas públicas. Solo dos de las personas que se sentarán en el banquillo han presentado avales o fondos: la exconsejera de Madrid 2016 Mercedes Coghen, que cubrió su caución con un aval bancario de 152.000 euros, y el regatista José Luis Pepote Ballester, excargo del Gobierno balear, que depositó 52.601 euros, un pago testimonial porque se le exigen 3,5 millones de manera solidaria con Jaume Matas y otro ex cargo público del PP.

La infanta Cristina consignó en el juzgado en diciembre 587.413 euros para afrontar la partida que le reclama el fiscal anticorrupción Pedro Horrach. Este no acusa a la hermana del Rey, pero sí considera que fue beneficiaria, a título lucrativo, sin responsabilidades penales, de los fondos generados por su esposo, Iñaki Urdangarin, que se canalizaron a su compañía común Aizoon.

La Infanta aportó esta cantidad para tratar de evitar no ser parte [civil] en el juicio y, en todo caso, para merecer la atenuante de reparación anticipada. El juez Castro y la Audiencia de Palma determinaron la imputación de Cristina de Borbón por dos supuestos delitos fiscales, como cooperadora necesaria. Castro fijó la citada fianza civil de 2,69 millones.

Urdangarin, tiene señalada una caución de 13,6 millones y su exsocio, Diego Torres, y la mujer de este, Ana María Tejeiro, han de afrontar 16 millones de manera solidaria; los tres ya entregaron la relación de bienes durante la instrucción y tienen parte de su patrimonio embargado. Los acusados Marco Antonio Tejeiro y Miguel Tejeiro, cuñados de Torres, que están cooperando con la fiscalía en la investigación, han aportado un listado de bienes.

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