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Un alto cargo de Madrid pidió a Indra 120.000 euros en b, según la fiscalía

El expresidente de la compañía tecnológica niega al juez los pagos en dinero negro

Una testigo confiesa trabajos para contrarrestar noticias del ático de González

El consejero de Presidencia de Madrid, Salvador Victoria, el 19 de enero. Ampliar foto
El consejero de Presidencia de Madrid, Salvador Victoria, el 19 de enero.

La Audiencia Nacional investiga un escándalo de propaganda a favor del Gobierno regional del PP pagada supuestamente con dinero negro de una gran empresa contratista de la Comunidad de Madrid. La Fiscalía Anticorrupción y el juez Eloy Velasco, instructor del caso Púnica —una supuesta trama corrupta que se enriqueció gracias a contratos por 250 millones de euros, amañados en la Comunidad de Madrid y media docena de Ayuntamientos—, creen que el Gobierno regional del PP, presidido por Ignacio González, pudo presionar a Indra, empresa a la que adjudicaba contratos por 15 millones al año, para que pagase 120.000 euros, parte de ellos a firmas que hacían propaganda para el Ejecutivo autonómico.

La fiscal encargada del caso y el juez parten del testimonio de José Martínez Nicolás, exconsejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid, ICM, imputado en la causa, quién declaró supuestamente al juez que al menos en tres ocasiones pidió dinero a Indra (90.000 euros, 20.000 euros y 10.000 euros) por indicación del Gobierno de Madrid para saldar deudas con diferentes personas, entre ellas el empresario Alejandro de Pedro.

De Pedro tenía dos empresas, contratadas por la Comunidad de Madrid, que, según el Gobierno regional, hacían trabajos de seguimiento de noticias en la Red para la institución. El juez sospecha que se trataba de propaganda para cargos del PP.

Durante el interrogatorio a Francisco Javier Monzón, expresidente de Indra, una fiscal aseguró que el alto cargo de la Comunidad José Martínez Nicolás había confesado que llegó a pedir —en algún caso por indicación de su superior directo, el consejero de Presidencia Salvador Victoria— hasta tres favores al director general de Indra, Santiago Roura, para que hiciera pagos a terceras personas que sumaban 120.000 euros.

Monzón negó que se hubiera abonado ese dinero: “En mi empresa todo se hace por transferencia, no hay pagos en efectivo ni con cheques”. Sí admitió que, según le contó Roura, Nicolás le llamó por teléfono en una ocasión “para pedirle 10.000 euros porque se lo debían a ese señor [De Pedro]”. “Roura no le dio el dinero, pero era una situación incómoda”, admitió Monzón.

El juez Velasco preguntó al expresidente de Indra si conocía a Salvador Victoria o a Isabel Gallego, directora general de Medios de la Comunidad; y si le habían pedido “dinero negro”. Monzón aseguró que no conocía ni a Victoria ni a Gallego y negó que hubieran pedido a Indra esos fondos no declarados. Un segundo directivo de Indra, Jesús Vicente Gil, también negó que la firma hubiese pagado en negro a terceros seleccionados por la Comunidad.

El levantamiento del secreto del sumario en una parte de la causa destapó las declaraciones de varios trabajadores de Eico, la empresa de De Pedro, que comparecieron en la Audiencia como testigos. Una de ellos admitió que los supuestos trabajos de clipping (resúmenes de prensa) que el Gobierno regional alegó para contratar con el polémico empresario escondían otros encargos, como minimizar en Internet noticias negativas de cargos del PP.

La declaración de María José Gutiérrez, trabajadora de Eico, ante el juez.

La ingeniera María José Gutiérrez Martínez, trabajadora de Eico, contó al juez y a las fiscales que los asuntos más duros con los que tuvo que lidiar fueron la publicación de las noticias sobre el ático de Ignacio González en Marbella y la concesión del cheque escolar en Madrid al hijo de la consejera de Educación, Lucía Figar. La trabajadora confesó que su misión era relegar informaciones críticas en buscadores de Internet. Y explicó la fórmula: “Evidentemente, se trabajaba la reputación de Figar porque era la que peor estaba (...) Lo del cheque escolar [del hijo de Figar] era uno de nuestros huesos. Siempre hay noticias muy fuertes, muy comentadas y muy compartidas”. “Eso no puede desaparecer de la web, lo que haces es generar muchos contenidos que cojan más fuerza para que esas noticias bajen”.

De sobres y preguntas molestas

Los interrogatorios del juez Eloy Velasco y de las fiscales Anticorrupción para perseguir una extensa trama de corrupción vinculada a Administraciones, apuntan la línea de investigación que sigue el instructor y alguno de los hechos que ve probados en relación con el testimonio de imputados y testigos. Su tesis es que el Gobierno pagó propaganda en las redes para minimizar informaciones perjudiciales para cargos del PP.

María José Gutiérrez, empleada de una empresa de Alejandro de Pedro. “Lo del cheque escolar [del hijo de la consejera de Educación Lucía Figar] era uno de nuestros huesos. Siempre hay noticias muy fuertes, muy comentadas y muy compartidas, era muy difícil quitarlo de aquí... Quitarla no porque una noticia no se puede quitar, pero bajarla [en los buscadores]. Eso no puede desaparecer de la web, lo que haces es generar muchos contenidos y que otros contenidos cojan más fuerza para que está noticia baje”.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. El juez le preguntó si en las conversaciones con el empresario Alejandro de Pedro, al que contrató el club para trabajos en redes sociales, éste le pidió dinero para el PP. “Me molesta un poco la pregunta. Llevo muchos años en una empresa con 200.000 trabajadores. Si me conoce, no se hubiera atrevido a preguntarme eso”. El juez insiste: “¿No le pidió dinero en sobres, ni en negro?”. Pérez contesta: “No”.

Javier Monzón, expresidente de Indra. “Mi director general me contó que Martínez Nicolás [alto cargo de la Comunidad de Madrid] le pidió que diera 10.000 euros a Alejandro de Pedro porque ellos le debían dinero a ese señor, una cosa bastante absurda. No se le dio el dinero, pero era una situación incómoda”.

La fiscal Anticorrupción y el sistema ideado para delinquir. “Cuando se hace esta auditoría externa, el Ayuntamiento le paga a Cofely; Cofely paga a Ruta Energética [para hacer la supuesta auditoria externa] y en la llamada, el técnico de esta empresa le dice a un interlocutor una cosa tan graciosa como ‘una vez que cobra Ruta, cobramos nosotros, cobran ellos, cobras tú, cobramos. Aquí queda claro cómo se reparten el dinero”.

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