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El PSOE pide que Trillo y Pujalte dejen sus cargos por cobrar de empresarios

El caso Pujalte reabre el debate sobre las actividades de los diputados

El PSOE pedirá que el Congreso actúe contra el diputado Vicente Martínez-Pujalte y al Gobierno que destituya a Federico Trillo como embajador en Londres. Ambos cobraron 5.000 y 9.000 euros al mes respectivamente de una constructora que hace obra pública, según adelantó EL PAÍS.

Estos hechos han reavivado el debate sobre las actividades privadas de los diputados. El PP entiende que deben mantenerse mientras que otros partidos como el PSOE e Izquierda Unida aseguran que deben limitarse al máximo posible, es decir, eliminarlos. Incluso, el portavoz del PP, Rafael Hernando, aseguró el jueves que deben flexibilizarse aun más las compatibilidades, aunque fuentes populares explican que no tienen intención de cambiar la regulación.

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La tapadera

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el coordinador general de IU, Cayo Lara, pidieron este viernes directamente que Pujalte abandone el escaño y que Trillo deje la embajada, por entender que es ilegal que asesoraran a una constructora que trabaja con las administraciones. La ley electoral les permite compatibilizar esas actividades siempre que no haya relación con la administración, en este caso, hubo una contratación a través de sus respectivos despachos.

Sánchez aseguró en Cuatro que pedirá que la Comisión del estatuto del diputado pida explicaciones a Pujalte. En el sistema vigente en el Congreso los diputados presentan sus declaraciones de bienes e intereses, pero no hay mecanismos de control, de revisión o de sanción si fuera necesario. El PSOE pretende que el Congreso sí actúe en este caso y que pueda saberse con qué empresas contrataron los despachos de los diputados.

Además, los socialistas llevaran el asunto al Pleno de la próxima semana y al de la siguiente. En primer lugar, preguntarán al Gobierno en la sesión de control sobre el estado de las incompatibilidades de los altos cargos y sobre las declaraciones de Federico Trillo acusando al Gobierno de filtrar un informe sobre sus actividades privadas. En ambos casos, el encargado de contestar será el ministro de hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. Como consecuencia de esa interpelación, los socialistas llevarán al siguiente pleno una moción en el que pedirán que se endurezca el régimen de incompatibilidades.

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El líder del PSOE aseguró que no le "importa que un diputado pueda dar unas clases sin cobrar, pero cuestión distinta es que se tengan despachos de abogados donde hay empresas que están siendo investigadas por la Agencia Tributaria por contrataciones, en este caso, con gobiernos del PP”. Defendió el "buen nombre de la inmensa mayoría de los diputados", que no están inmersos en causas como las de Pujalte y Trillo, y recordó que, a su juicio, las únicas actividades privadas compatibles con el escaño deberían ser las de dar charlas, clases y cursos en la universidad "sin cobrar" por ello.

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