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La Infanta insiste en su defensa que firmó sin pedir explicaciones

Cristina de Borbón alega desconocer las cuentas de su marido para eludir el banquillo

Los abogados de la hermana del rey Felipe VI subrayan que no hay delito fiscal

Cristina de Borbón después de testificar ante el juez Castro, en febrero.

La infanta Cristina, que irá a juicio por supuesta cooperación necesaria en dos delitos fiscales en el caso Nóos, presentó este miércoles en el juzgado sus argumentos de defensa. Sostiene que tiene “conocimientos mínimos de fiscalidad” y que delegó completamente, por total confianza, en su esposo, Iñaki Urdangarin, los temas económicos familiares. El duque de Palma es el principal imputado, para el que fiscal pide 19,5 años de cárcel. La Infanta “se limitó” a firmar aquello que le pasaron “muy ocasionalmente” y rubricó documentos “sin pedir explicaciones” en su condición de “mero socio no administrador” de Aizoon, propiedad al 50% de la pareja.

La Infanta concluye, en el alegato jurídico presentado por sus letrados, que no puede ser acusada como “cooperadora necesaria”, ni por conocimiento ni por ignorancia deliberada, de los dos delitos de fraude tributario que la fiscalía atribuye a su esposo. La tesis de la defensa pivota sobre la inexistencia del supuesto delito fiscal de Urdangarin, en los años 2007 y 2008. “Desde su constitución el único administrador de Aizoon fue Iñaki Urdandarin, estando [la Infanta] completamente al margen de la dirección y gestión cotidiana de la compañía”, sostienen sus abogados en el escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción 3 de Palma.

“No tenía tiempo, ni capacidad, ni motivos”, mantiene el alegato de 24 folios presentado este miércoles ante el juez José Castro. Doña Cristina subraya que no gestionaba ingresos e inversiones, ni las asignaciones contables y liquidaciones fiscales de Aizoon. La firma creada en 2003 encauzó las rentas mal tributadas de las que emana el supuesto fraude fiscal, según la Agencia Tributaria, la Abogacía del Estado y el fiscal que ven los delitos solo atribuibles al esposo administrador, no al simple o mero socio.

La Infanta se sentará en el banquillo de la Audiencia de Palma, en un juicio que se celebrará en el plazo de un año y que puede durar entre tres o cuatro meses. Habrá 18 acusados, de los que los dos supuestos cabecillas del fraude— una supuesta malversación de seis millones de euros de fondos públicos desde el Instituto Nóos— son Urdangarin y su exsocio Diego Torres. Para el antiguo aliado del duque de Palma se piden 16,5 años de cárcel.

Solo tres de los 18 acusados han pagado fianzas

A. M., Palma de Mallorca

De los 18 acusados, solo tres han depositado su fianza de responsabilidad civil y, de ellos, una, la infanta Cristina, lo hizo parcialmente aunque fue la que más pagó. Depositó los 587.413 euros que le reclamó el fiscal. El juez le impuso 2,7 millones pero no afrontó la “draconiana” fianza, afirma la defensa. Realizó el pago inicial —para lograr la posible atenuante de reparación— al ser responsabilizada por el fiscal de lucro como beneficiaria parcial del dinero supuestamente malversado por su marido.

La exconsejera de Madrid 2016, Mercedes Coghen, depositó la totalidad de la fianza, 152.000 euros que le impuso el juez al cerrar la instrucción. El ex deportista olímpico Pepote Ballester, arrepentido colaborador de la fiscalía, antiguo amigo del Rey y de la Infanta y Urdangarin, pagó 52.601 euros. Ballester, que fue director general de Deportes con Jaume Matas, carga con una fianza civil solidaria con Jaume Matas y el ex director general de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal de 3,5 millones

El juez fijó un total de 61,35 millones de euros de fianzas de responsabilidad civil, para asegurar el cobro de indemnizaciones y las multas por parte de la Administración perjudicada, en caso de que los acusados sean condenados al probarse los hechos.

Iñaki Urdangarin tiene una fianza de 13.646.950 euros. Pagará parte con la venta del palacete de Pedralbes por 6,9 millones, pero él y su esposa deben amortizar una hipoteca de más de cuatro millones. El socio de Urdangarin, Diego Torres, ha de consignar 15,8 millones de euros de manera solidaria con su esposa, Ana María Tejeiro.

Los asesores Marco Antonio Tejeiro y Miguel Tejeiro deben pagar 4,6 y 9,6 millones, respectivamente. El abogado Salvador Trinxet, 1,2 millones. El ex alto cargo de Turismo balear (Ibatur) Juan Carlos Alía, 155.421 euros; y el abogado de Turismo Miguel Ángel Bonet, 167.421 euros. El exsecretario de Turismo de la Comunidad Valenciana Luis Lobón debe pagar 4,1 millones; el exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (Cacsa) José Manuel Aguilar, 1,3 millones; el ex director general de Cacsa, Jorge Vela y la exasesora de Cacsa Elisa Maldonado, 2,7 millones de forma conjunta.

El exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, imputado por la Audiencia de Palma, no tiene fianza fijada.

Cristina de Borbón quedó imputada por el juez del caso Nóos con el refrendo de la sala de la Audiencia de Palma que avaló en parte al instructor y mantuvo la causa abierta contra ella por dos supuestos delitos fiscales. La hermana del rey Felipe VI solo es acusada por el grupo Manos Limpias pero sus defensores rechazan la legitimidad del colectivo para llevarla a juicio como única acusación popular.

El equipo jurídico que encabeza Miquel Roca junto con el catedrático Jesús Silva y Jaume Riutord buscará, de nuevo, que la Infanta no sea juzgada y que no esté en el banquillo más allá de lo necesario, quizás solo la jornada de inicio de la vista.

Los abogados han anunciado que en las cuestiones previas buscarán que se le aplique una doctrina del Tribunal Supremo, la llamada doctrina Botín que los letrados no nombran, que rechaza que una persona sea juzgada por supuesto delito fiscal sin que ni el ministerio fiscal ni la Abogacía del Estado, partes afectadas, sean parte acusadora.

La hija de don Juan Carlos, para rebatir el argumento acusador sobre el supuesto fraude fiscal, hace suyo el relato de hechos que planteó la defensa de Urdangarin. Asume, además, como propias las pruebas reclamadas por el fiscal Pedro Horrach, que no la incriminó en ningún momento del proceso y al que ve “garante de la legalidad”.

La defensa de la Infanta la escuda en su “intensa vida personal, institucional y profesional”, entre la fundación de La Caixa, la Casa Real y sus cuatro hijos, que le impedían “estar al corriente de múltiples gestiones directamente vinculadas con la economía familiar”. El escrito de calificación insiste en dibujarla como una persona absolutamente ajena a la gestión de Aizoon.

En su relato ante el juez, en febrero de 2014, la Infanta insistió en que tenía “conocimientos mínimos de fiscalidad” y nunca hizo personalmente la declaración de la renta, que estaba bajo la supervisión del asesor de la Casa Real.

En la sucesión de círculos de protección se resalta que la esposa de Urandangarin “no tuvo absolutamente ninguna intervención en el cumplimiento de las obligaciones contables y fiscales”. Así “siempre ignoró” si “los gastos propios o familiares eran atribuidos a Aizoon”. Tampoco vio cómo “eran procesados desde el punto de vista fiscal y, en fin, si dicho tratamiento era o no jurídicamente correcto”.

Estas circunstancias de distancia de Cristina de Borbón se dieron “desde el día de la constitución” de Aizoon, en 2003, momento en el que Iñaki Urdangarin asumió ser el único responsable administrador. Y no era, según el alegato de los abogados, una sociedad tapadera para pagar menos. “No existe un solo indicio en lo actuado que permita sostener que la compañía en cuestión se fundara con el propósito inicial de cometer defraudaciones fiscales”.

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