El Tribunal Supremo salva a Doñana de los grandes cruceros

El Tribunal Supremo ha acabado con el proyecto de dragado de profundización del Guadalquivir, una obra que apadrina desde hace 15 años el puerto de Sevilla para permitir la llegada hasta la capital andaluza de barcos de más calado. Desde el inicio del plan surgieron recelos sobre su impacto ambiental en el estuario del río y en Doñana, que está en la desembocadura del Guadalquivir. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha anulado el proyecto y veta, al menos de momento, la posibilidad de llevarlo a cabo.

El pronunciamiento del tribunal surge a raíz de un recurso que presentó la asociación ecologista WWF contra el real decreto de 2013 por el que el Gobierno aprobó el Plan Hidrológico del Guadalquivir, que contemplaba el dragado. Los ecologistas pidieron que se declararan ilegales los apartados del plan que reconocen la obra como una "medida complementaria" en el apartado medioambiental. El Supremo basa su fallo en la Directiva Marco de Agua y en el reglamento de planificación hidrológica y concluye que el plan no justifica de forma "especifica" los motivos por los que se quiere realizar esa obra. Los jueces recuerdan que el dragado ocasionará "modificaciones o alteraciones de las masas de agua", con el consiguiente "deterioro y repercusión" sobre uno de los enclaves más protegidos de Europa, en referencia al Parque Nacional de Doñana.

La sala considera que la justificación para acometer el dragado "no puede hacerse con posterioridad al plan". Y alega tres razones. La primera, porque expresamente lo impiden la directiva marco y el reglamento de planificación. En segundo lugar, porque la legislación ambiental actual, mucho más estricta, obliga a que las justificaciones de una obra de este impacto se concrete al máximo desde el inicio del plan y no cuando se aprueba. Y la tercera razón es porque permitir el dragado restaría eficacia al contenido del plan y resultaría incompatible con su naturaleza como un verdadero programa de actuación.

En la sentencia, que se conocerá dentro de unos días, el tribunal censura tanto la forma en la que se ha incluido el dragado en el plan hidrológico, como el proyecto en sí. Los jueces asumen el informe de la comisión científica que en septiembre de 2010 concluyó "que en la situación actual el dragado de profundización se ha demostrado incompatible con la conservación del estuario y por lo tanto de Doñana". Esas conclusiones partían de un completo análisis elaborado por expertos Miguel A. Losada y Javier Ruiz, del CSIC, que los jueces consideran "concluyente". Fuentes del Supremo indican que el tribunal ve que las "consecuencias nocivas" de ampliar el dragado del río son "un dato objetivo", por lo que, tal y como está diseñada la obra, el proyecto es nulo.

Según ha informado este jueves el tribunal, en la sentencia que la sección cuarta está preparando se incluirán "los informes técnicos como el de la comisión científica". El dragado preveía incrementar la profundidad de 6,8 metros a ocho metros en el tramo de la desembocadura. Y de 6,5 metros hasta los 7,60 metros en el canal fluvial.

El fallo ha generado dudas este miércoles entre las distintas partes afectadas, al desconocer el alcance exacto de este pronunciamiento. La presidenta del puerto de Sevilla, Carmen Castreño, ha sostenido que, aunque desconocía la sentencia, el sentido del fallo era anular, solo, "la inclusión del dragado en el plan hidrológico", con lo que no quedaría descartado completamente el proyecto. Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (que depende del Gobierno) ha indicado que ha de ser el puerto, promotor del proyecto, el que justifique suficientemente el dragado, algo que el Supremo entiende que no ha ocurrido. El plan del Guadalquivir está ahora, de nuevo, en revisión, un proceso que se espera que acabe en enero de 2016 . Y el puerto podría volver a intentar incluir el proyecto de dragado.

Sin embargo, fuentes del Supremo han afirmado que el "espíritu" del fallo es que la actuación, tal y como está, no es viable. Es decir, si el puerto insiste en hacerlo, tendría que empezar de cero, cambiar los parámetros del proyecto y someterlo de nuevo a estudios de impacto ambiental.

"Tras este varapalo del Tribunal Supremo, reclamamos al Ministerio de Fomento y al Ministerio de Medio Ambiente que entierren definitivamente el dragado del Guadalquivir y defiendan Doñana sin más ambigüedad", ha dicho el secretario general en España de WWF, Juan Carlos del Olmo. Esta organización también llevó a la Audiencia Nacional las conclusiones de la comisión científica para que anulara la DIA favorable del dragado. Pero la Audiencia rechazó anular ese documento, que data de 2003.