El Supremo cita a declarar al presidente de Melilla como imputado

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, tendrá que acudir a declarar como imputado ante el Tribunal Supremo el próximo 11 de marzo. El tribunal ha citado para ese día al presidente de la ciudad autónoma y senador del PP dentro del procedimiento que abrió el pasado mes de febrero para investigar si cometió prevaricación al contratar a dedo a un abogado externo pagado con fondos públicos.

El presidente de Melilla declarará ante el magistrado Francisco Monterde, al que el tribunal ha nombrado instructor del caso. La Sala de lo Penal decidió abrir una causa contra el también senador del PP tras analizar la exposición razonada que elevó el juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la ciudad autónoma, Emilio Lamo Espinosa, que cree que existen indicios de que Imbroda ha incurrido en delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación sin concurso del abogado, al que pagó 357.000 euros con fondos de la ciudad autónoma.

El fiscal informó en octubre a favor de que el Supremo abriera esta causa contra el senador del PP, aunque solo ve “indicios suficientes” de la comisión de un delito de prevaricación. Con todo, la fiscalía no descarta la existencia de otros delitos y considera necesario esclarecer el papel que tuvo Imbroda en la contratación del abogado, al que se le encargó la dirección técnica de varios procedimientos relacionados con despidos de cooperativas de trabajo. Según la investigación del juez instructor de Melilla, la designación del abogado se realizó “sin observar ninguno de los requisitos” exigidos en la normativa aplicable a este tipo de contratos.

Tras conocer la decisión del Supremo, Imbroda se ofreció a repetir como candidato del PP a la presidencia de Melilla en las elecciones del 24 de mayo. Aunque la dirección popular aún no ha tomado una decisión, el vicesecretario de Organización, Carlos Floriano, insistió este lunes en defender al presidente de la ciudad autónoma. Imbroda, según Floriano, tomó la decisión de contratar al abogado “con todos los informes a favor” y la suya es una “imputación administrativa”.