Una reforma embarazosa

Todas las menores, sin excepción, necesitarán permiso de sus padres o tutores para interrumpir su embarazo. Con la ley actual, las chicas de 16 y 17 años tienen la capacidad legal de decidir solas sobre su maternidad, aunque deben notificar después su elección en casa; con la excepción de que estén en situación de desamparo o que contarlo les suponga un conflicto grave (peligro de violencia). La nueva norma que ha presentado el PP elimina esa autonomía. La proposición de ley apunta que es "fundamental" que las menores estén acompañadas por sus tutores en ese momento crucial, y asegura que permitirles tomar la decisión de seguir adelante o no con un embarazo sin contar con el permiso de sus padres las priva de la protección de su familia.

No detalla el texto legal que la mayoría de las menores van a las clínicas acompañadas por su madre o por su padre. Apenas el 13% de las adolescentes que aborta alega algún conflicto grave para no contar en casa su decisión. Son, según los estudios de las clínicas que practican abortos, sobre todo menores con problemas de malos tratos, con familias a las que les supondría un problema por motivos religiosos, chicas que aseguran que recibirán presiones o que ni siquiera tienen a sus tutores legales en España. El año pasado abortaron solas algo más de un centenar —113 en los centros de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai), que agrupa al 80% de las instaladas en España—.

Estas excepciones son necesarias, según muchas de las trabajadoras sociales y médicos que atienden a las menores —quienes determinan y verifican que existe ese conflicto grave que permite no informar—, y les garantizan protección. De hecho, el grupo de expertos de la ONU sobre discriminación de la mujer manifestó el pasado diciembre en un informe que eliminar esa opción vulneraría los derechos de las menores y las pondría en “riesgo” de sufrir violencia en casa.

En España, una joven de 16 años puede rechazar una operación quirúrgica, una transfusión de sangre o un trasplante, pero —si sale adelante la propuesta del PP— no podrá decidir interrumpir su embarazo. El aborto siempre es un tema política y socialmente polémico. Y en lo que afecta a las menores, lo es incluso más. La propuesta del grupo de expertos que aconsejó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para elaborar la ley actual —juristas, profesionales sanitarios— hablaba de los 14 años como la mayoría de edad para abortar. Siempre y cuando, eso sí, los médicos acreditasen en la menor una madurez suficiente para tomar la decisión. En los distintos pasos y trámites parlamentarios —y no sin enconados debates— esa edad se aumentó a los 16 años, y se introdujo en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva la obligación de notificar la decisión a los padres, con excepciones.

Ahora, tras más de cuatro años con una ley con la que el número de abortos no ha aumentado (la tasa en menores ha pasado de 13,05 por cada 1.000 mujeres en 2010 a 12,23 en 2012, según el último informe del Ministerio de Sanidad), el Partido Popular recupera el debate sobre las adolescentes. Lo hace sin abordar el asunto clave: la prevención del embarazo no deseado. El Gobierno y el PP han estado más centrados en hallar la manera de cambiar una ley del aborto que siempre les disgustó, que en dotar al territorio de una nutrida red de centros de planificación familiar —cada vez menos— o en elaborar una buena estrategia de educación y salud sexual.

Nadie niega que las menores necesitan el apoyo familiar, pero este caso tiene más que ver con la autonomía y la madurez de las jóvenes para tomar una decisión que afectará a su futuro. La confianza no puede imponerse por ley y la propuesta del PP tiene el riesgo de provocar que ante la imposibilidad de contarlo en casa, algunas menores busquen otras vías para interrumpir su embarazo: como comprar fármacos por Internet u otro tipo de métodos inseguros. Una situación excepcional y ahora bien resuelta, puede convertirse en un problema de salud pública.