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Industria pide más garantías antes de adjudicar el almacén nuclear

El ministerio sostiene que hay que esperar al visto bueno del Consejo de Seguridad

Sondeo para el almacén nuclear de Villar de Cañas, en 2012.
Sondeo para el almacén nuclear de Villar de Cañas, en 2012.Gorka Lejarcegi

Las prisas de la empresa pública Enresa por adjudicar la obra principal del futuro almacén de residuos nucleares de Villar de Cañas (Cuenca) no son compartidas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Fuentes de este departamento han indicado este viernes que rechazan que la obra civil principal se adjudique sin que cuente antes con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que aún está estudiando este proyecto y reclamando información adicional. Estas fuentes han afirmado que es "de sentido común" esperar los permisos del CSN, ya que podrían modificar las características de la obra. El consejo ha pedido a Enresa, entre otras cosas, que le amplíe la información sobre los suelos en los que se asentará el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas.

Un proyecto millonario

El ATC es, con sus 927 millones de euros de presupuesto global, una de las mayores obras públicas de la legislatura. El contrato de mayor cuantía es el de la obra civil del edificio principal, que supone 217,7 millones, sin contar el IVA. Pero hay muchos otros contratos de menor importe que se están licitando en paralelo. En total, el complejo del ATC, que incluye el almacén propiamente dicho y un parque tecnológico asociado, lleva ya más de 255 millones (sin IVA) en concursos de todo tipo: supervisión de obras, servicios de ingeniería, seguridad y vigilancia... Solo uno de ellos (de 3,1 millones) está ya adjudicado.

El último concurso, iniciado el pasado mes de enero, es para comprar dos puentes grúa, uno para el almacén de espera de contenedores y otro para el edificio de recepción del ATC. Son las máquinas con las que se manejan los barriles de combustible gastado que deberán llegar al ATC, procedentes de todas las centrales españolas y de Francia, donde se guardan parte de los residuos, antes de 2017. Este contrato supone 12,2 millones de euros. La cimentación del almacén nuclear acumula un sobrecoste del 25%, pero Enresa asegura que ese apartado no altera el presupuesto global.

Tres de los 11 miembros del consejo de administración de Enresa lo son a propuesta del Ministerio de Industria. Y este departamento ya les ha dado instrucciones para que mantengan esta postura en el máximo órgano de decisión de la empresa. Sin embargo, el recorrido planeado por la dirección de esta sociedad pública, con su presidente Francisco Gil-Ortega a la cabeza, no pasaba por esperar a esos permisos del CSN, sino por cerrar la adjudicación en paralelo.

El proyecto no cuenta aún ni con estas autorizaciones del órgano supervisor ni con las del Ministerio de Medio Ambiente, que tramita la evaluación de impacto ambiental. Tampoco tiene la licencia municipal de obras del Ayuntamiento, ya que el Consistorio debe esperar a que antes estén listos el resto de permisos.

El concurso de la obra principal del ATC se abrió en septiembre y el coste máximo es de 217 millones, sin contar el IVA. Cuando se convocó, Enresa sostuvo que la firma del contrato estaba "prevista para el 1 de febrero de 2015", algo que se ha incumplido ya. Fuentes de esta sociedad pública aseguran que el tercer sobre del concurso, el de las ofertas económicas presentadas por las ocho empresas o uniones temporales de empresas que compiten, está previsto que se abra durante este mes. Luego, se debe acometer la evaluación de las propuestas y se necesitaría un mes más para formalizar el contrato.

El plan de trabajo que manejan en el Departamento de Ingeniería del ATC contempla poder empezar las obras de "infraestructuras preliminares" en primavera (si se logra para entonces la autorización previa del CSN) y continuar con las obras de calado en septiembre (cuando se obtenga el permiso de construcción).

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Pero entre la convocatoria del concurso de la obra principal en septiembre de 2014 y ahora ha habido cambios importantes. El 14 de septiembre, 10 días después de abierto el concurso, el CSN emitió un informe en el que se reclamaba mucha más información a Enresa. Parte de las dudas se centraban en la idoneidad de los suelos, un punto también cuestionado por la empresa de ingeniería URS, subcontratada por el CSN para supervisar el proyecto.

Sin embargo, el Departamento de Ingeniería del ATC afirma categórico que "el emplazamiento es viable". "Los suelos son idóneos", añaden estas fuentes de Enresa. Respecto a las modificaciones que el proyecto pueda sufrir debido a las exigencias técnicas del CSN, la empresa pública sostiene que en el concurso de adjudicación cuenta con mecanismos para incorporarlas.

Ecologistas en Acción mantiene que "conceder el contrato millonario de obra sin el permiso previo del CSN podría ser ilegal". Por ello, esta organización afirma que ya está estudiando "acciones legales para frenar una maniobra con tintes de prevaricación". "La lógica apunta a que sería necesario esperar la comunicación del CSN y sus posibles instrucciones adicionales para dar el siguiente paso", añade Ecologistas en Acción.

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