El juez decide si sienta en el banquillo a la Infanta por delito fiscal

La hermana del Rey, la Infanta Cristina de Borbón, afronta sus tres días decisivos en el caso Nóos, tras su imputación en firme y la declaración durante cinco horas en el juzgado, el mes de febrero de este año.

Esta vez, la esposa de Iñaki Urdangarin está pendiente de conocer cuál será la resolución final del juez instructor José Castro, que dictará entre este lunes y el miércoles 24 —antes de las fiestas de Navidad y el primer discurso de Nochebuena de su hermano como Rey de España— su último escrito determinante en la causa, el auto de apertura del juicio oral, con el relato de hechos, los supuestos delitos y el listado de acusados que han de estar en el banquillo para ser juzgados.

El juez Castro desvelará si mantiene su criterio, con el aval de la Audiencia de Palma, y lleva a juicio a la Infanta, por dos supuestos delitos contra la Hacienda pública, con el único respaldo del sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular.

El juez, por el contrario, puede archivar la causa contra ella, al atender los escritos de calificación con los alegatos defensivos del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, la Abogacía del Estado y los letrados de Cristina de Borbón.

La táctica de los defensores es apelar a la llamada doctrina Botín, según la cual en un delito que afecta al Estado (fraude fiscal) si no acusa la Fiscalía ni la Abogacía del Estado no puede prosperar solo con una acusación popular. Los magistrados de la Audiencia dejaron a criterio del juez su aplicación y le indicaron otras vías posibles: los acusadores públicos actúan por el mismo fraude contra Iñaki Urdangarin.

El fiscal quiere que sean juzgados 14 imputados, con una petición de pena máxima de 19,5 años de cárcel para Urdangarin y una multa de 3,5 millones mientras que para el expresidente balear Jaume Matas (PP) la condena reclamada es de 11 años.

Al cerrarse la instrucción, con los sospechosos añadidos por la Audiencia de Palma, el listado de acusados del juez alcanzó las 20 personas. Otra incógnita es si será juzgado el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, a quien no acusa el fiscal.

Cristina de Borbón, también duquesa de Palma y sexta en la línea de sucesión de la Corona, figura como imputada por su supuesta responsabilidad como cooperadora en dos delitos de fraude fiscal que cometió —presuntamente— su marido, Iñaki Urdangarin, en 2007 y 2008, a través de la sociedad familiar Aizoon. El capital de la compañía lo comparten los esposos, accionistas al 50%. Ambos disfrutaron del flujo de euros de Aizoon en parte procedente de fondos públicos, malversados, según el juez y el fiscal.

El fiscal Horrach basa su rechazo a la imputación de la Infanta en la inexistencia de indicios penales, en la imposibilidad de culpar a un socio no administrador de los delitos de otro accionista gestor.

Aun así, el fiscal reclama a la Infanta el pago de casi 600.000 euros por su responsabilidad civil a título lucrativo de los fondos fraudulentos operados en Aizoon aun sin saber ella su procedencia ilegal y no tener competencia de administradora. La Infanta ya ha depositado este dinero. De no ser imputada, al abonar esta cantidad evita ser parte civil en la causa y testigo en el juicio, como reclama el fiscal.

La Infanta quedó implicada colateralmente al hurgarse en los entresijos y la compañía pantalla de la trama de supuesta corrupción por seis millones de euros públicos a través del Instituto Nóos que crearon su esposo y su socio Diego Torres y en la que ella fue directiva.

El escándalo se destapó en 2010, como una derivada del caso Palma Arena de 2008 en el que se comenzaron a investigar las sospechas de enriquecimiento y mala gestión de caudales públicos del que fue presidente de Baleares, Jaume Matas (PP), que cumple condena de nueve meses por tráfico de influencias, por una pieza del caso. Con Matas fue condenado su redactor de discursos Antonio Alemany que está preso con una pena de dos años y cinco meses.

Hasta la apertura de la vista oral, probablemente a finales de 2015, según el calendario de la Audiencia de Palma, si la Infanta sigue acusada no podrá plantear otra iniciativa defensiva; tras la apertura del juicio oral se puede alegar en las cuestiones previas causas de indefensión o nulidad para quedar fuera del banquillo.

Urdangarin se enfrenta a acusaciones por malversación de caudales públicos, estafa, prevaricación, falsedad en documento público, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración, dos delitos contra la hacienda pública y un delito de blanqueo de capitales.

La decisión del juez Castro coincide en esta ocasión con la expectativa por el primer discurso de Nochebuena del rey Felipe VI. Se da por hecho que hará referencias a la corrupción entre los problemas que afectan y preocupan a los ciudadanos, pero la influencia de la decisión que se adopte sobre su hermana puede marcar el mensaje del monarca.

En años anteriores, su padre el rey Juan Carlos hizo referencias reiteradas a la exigencia de ejemplaridad de los responsables públicos y de la necesidad de hacer que la Justicia sea igual para todos los españoles. En ellos sobrevolaba también la situación penal de su yerno Iñaki Urdangarín y su esposa, la infanta Cristina, cuyo horizonte penal está pendiente de la decisión de hoy del juez.