Los jueces desmontan la defensa de Gómez en el caso de Parla
El líder socialista endosó la culpa al Gobierno regional, que según un auto judicial “no ostenta competencia” sobre el tranvía
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid falló el pasado 3 de septiembre que la modificación y ampliación del tranvía de Parla es competencia exclusiva de este Ayuntamiento madrileño, de 125.000 habitantes, en contra de lo que viene sosteniendo Tomás Gómez, exalcalde de la localidad y líder del PSOE de Madrid, quien ha descargado en el Consorcio Regional de Transportes —dependiente de la Comunidad de Madrid, del PP— las posibles irregularidades apreciadas en sus obras por la fiscalía y el Tribunal de Cuentas. Los jueces, en un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS, sostenían: “El Consorcio solo es la Administración concedente [de las obras] en virtud de la encomienda de gestión realizada por el Ayuntamiento; [y] no ostenta competencia originaria alguna para realizar una concesión de una obra pública municipal, siendo el Ayuntamiento de Parla el titular de la infraestructura objeto del contrato de concesión”.
Y añaden: “Ha sido el Ayuntamiento de Parla quien, por razones de interés público, ha aprobado nuevas inversiones por un valor adicional de 30,32 millones de euros mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local”. El Ayuntamiento, no el Consorcio.
El 21 de diciembre de 2012, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 20 de Madrid desestimó un recurso de la empresa Tranvía de Parla SA, la concesionaria del tren ligero, que reclamaba a la Comunidad de Madrid el pago de las cantidades que le debía el Consistorio. Parla arrastra un déficit de 343 millones y no puede pagar. El municipio debe 180 millones a la adjudicataria.
En concreto, Tranvía de Parla exigía el abono de las “aportaciones de inversión (inicial y adicional), explotación, obras adicionales, gastos de demora en el pago de facturas e intereses” por el contrato de concesión para la construcción, mantenimiento y explotación de la línea 1, que fue adjudicado mediante resolución del Consorcio el 24 de junio de 2005. Pero el juez rechazó la petición porque fue el Ayuntamiento quien decidió construir el tranvía, aunque luego le encomendó al Consorcio que “procediera a la tramitación y resolución del expediente de concesión”. Es decir, que el Consistorio nunca transfirió a la Comunidad “titularidades competenciales” sobre este medio de transporte urbano.
La empresa no estuvo de acuerdo con la sentencia y recurrió al Tribunal Superior de Justicia. El pasado 3 de septiembre, el tribunal, en una resolución de la que fue ponente la magistrada Fátima Arana Azpitarte, volvió a fallar contra Tranvía de Parla, porque el Consorcio Regional de Transportes “solo es la Administración concedente”. Por lo tanto, dicen los jueces, “la deuda es del Ayuntamiento, no del Consorcio”.
Las obras del tranvía de Parla fueron presupuestadas inicialmente en 108 millones y terminaron costando 149 millones tras dos modificaciones realizadas en diciembre de 2006, con Tomás Gómez de alcalde, y en junio de 2009, con José María Fraile como regidor, aprobadas en sendas Juntas de Gobierno.
La fiscalía pide la imputación de los 11 concejales que las aprobaron, excepto Gómez, quien el día que se aprobó la primera se ausentó por “causas justificadas”. El ministerio público sospecha de la posible comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
