La juez ordenó a la policía revisar el contrato del tranvía de Tomás Gómez

La juez del Juzgado de Instrucción número 5 de Parla (Madrid), María del Pilar Pérez Martín, pidió el pasado 28 de julio la colaboración de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía (UDEF) para llevar a cabo una amplia investigación sobre la modificación presupuestaria de las obras del tranvía de esta localidad. La magistrada exige a la policía determinar, incluso, si “efectivamente se ejecutaron las obras que se aprobaron en la ampliación” de este medio de transporte, que tuvieron un sobrecoste de 41 millones de euros, según un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS. Este tren urbano, el proyecto estrella del entonces alcalde (1999-2008) y actual secretario general del PSOE de Madrid y candidato autonómico, Tomás Gómez, se inauguró en mayo de 2007, semanas antes de las elecciones municipales, tras una inversión total de 149 millones de euros.

La magistrada pidió saber si se llevaron a cabo las obras de ampliación

En el auto, la magistrada reclama saber, además, “quiénes eran las personas que formaban parte” de la concesionaria de la infraestructura Tranvía de Parla SA (compuesta por Acciona, FCC Construcción, Detren Compañía General de Servicios Ferroviarios y Caja Castilla-La Mancha Corporación) y si hay “conexiones entre esta sociedad y el Ayuntamiento”. Es decir, si coinciden los nombres de los que explotan el proyecto y los que lo adjudicaron o promovieron. En concreto, la juez pregunta por esas posibles conexiones entre la empresa y los “miembros de la Junta de Gobierno” y los “técnicos que informaron [sobre] los proyectos de ampliación”. La ingeniera municipal que dio su visto bueno a parte del sobrecoste del tranvía es Elena María Fernández, que fue detenida recientemente en la Operación Púnica (presunta trama de comisiones a cambio de contratos municipales).

La magistrada, igualmente, quiere conocer, y así se lo encarga a la UDEF, si “los fondos presupuestados se invirtieron en lo proyectado y si existía algún informe técnico a favor” para que se llevasen a cabo las modificaciones. También pregunta a los investigadores que determinen si era necesaria o no “una nueva licitación” o, por el contrario, si se podía adjudicar la ampliación directamente, como se hizo.

El juzgado quiere conocer si los fondos se destinaron a las obras aprobadas

La petición de ayuda a la UDEF se produjo a raíz de las pesquisas iniciadas hace nueve meses por Adela Prieto, fiscal jefe del área de Getafe-Leganés, a la que pertenece Parla. La fiscalía presentó la denuncia tras un escrito del Tribunal de Cuentas en el que informaba de que había apreciado “la existencia de indicios de responsabilidad penal” en la desviación presupuestaria.

La fiscalía presentó el pasado mes de marzo una denuncia ante el Juzgado Decano de esta ciudad de 125.000 habitantes por los presuntos delitos de “prevaricación” y “malversación de caudales públicos”. Además, pidió la imputación de los 11 ediles de los dos Gobiernos socialistas que en diciembre de 2006 y junio de 2009 aprobaron sendas modificaciones presupuestarias que elevaron, en tres años, el coste de 108 millones a 149: un incremento del 37,96%.

Gómez elude la imputación que reclama la fiscal porque no asistió a la Junta de Gobierno de las navidades de 2006, en la que se revisó al alza el presupuesto por un importe de 25 millones. El líder de los socialistas argumentó a este diario que se encontraba posiblemente “cantando villancicos con niños en alguna escuela” o reunido “con vecinos”. En cambio, sí se arriesga a ser imputado José María Fraile, entonces concejal de Hacienda y que en su lugar presidió la sesión en la que se aprobó el primer incremento.

La Junta de Gobierno de finales de 2006 aprobó un sobrecoste de 25 millones

Fraile también encabezó la Junta de Gobierno de 2009 en la que se dio el visto bueno a otro sobrecoste por 13,3 millones (más IVA). Unos 5,5 millones iban destinados a mobiliario urbano que no se había previsto antes “para zonas de juegos, esculturas urbanas, fuentes y otros elementos”.

Fraile fue el alcalde de Parla hasta su dimisión en octubre por su imputación en la Operación Púnica. Además de Fraile, entre los potenciales imputados sobresale Wilfredo Jurado, concejal de Urbanismo entre 2003 y 2007 y actual abogado del Partido Socialista de Madrid (PSM). Jurado pertenece desde verano a la Comisión Nacional de Ética y Garantías del Partido Socialista. La fiscalía también pide que se impute a su pareja, Rosa Alcalá, que es diputada regional, secretaria de Administración del PSM y responsable de la gestora abierta en Parla tras la imputación de Fraile en Púnica. La concejala Victoria Muñoz, también acusada en Púnica, se arriesga a una doble imputación.

Gómez excusa su ausencia de esa sesión porque se encontraba "cantando villancicos"

El coste de 149 millones del proyecto no incluye los 122 millones en intereses que el Ayuntamiento de Parla tendrá que pagar para refinanciar el pago de la obra del transporte. El calendario previsto por el Consistorio abarca de 2007 a 2037 y supone un monto global de 255,9 millones. Además, Parla acumula una deuda de 180 millones con la concesionaria del tranvía (el contrato comprende la construcción, suministro de material móvil, explotación, operación y mantenimiento de los 8,5 kilómetros de doble vía). Parla tiene un déficit de 369,4 millones, cantidad que no incluye la deuda mencionada del tranvía, que en 2011 usaron cinco millones de viajeros.

La alcaldesa desde noviembre es la socialista Beatriz Arceredillo, muy crítica con Gómez y Fraile. La Ejecutiva del PSM intentó, sin éxito, que renunciara al cargo de regidora cuando se votó al sucesor de Fraile.

Gómez insistió ayer en que este medio de transporte local fue aprobado y sus obras adjudicadas por el Consorcio Regional de Transportes, dependiente de la Comunidad, por lo que de haber alguna irregularidad esta sería del Gobierno regional. “El Ayuntamiento no tenía la facultad de adjudicar, sino que era la Comunidad”. Mantuvo, además, que todo es “una cacería política del PP” debida a su oposición a que este partido privatizase seis hospitales públicos. Estableció así una conexión entre el actual presidente de la Cámara de Cuentas, Arturo Canalda, que fue viceconsejero de Sanidad en anteriores Gobiernos del PP, y la persecución que dice sufrir.