La Audiencia confirma la fianza civil de Rato por las tarjetas opacas

La Sección Tercera de la Audiencia Nacional ha confirmado la fianza civil de tres millones de euros impuesta al expresidente de Bankia Rodrigo Rato por el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid. El magistrado Fermín Javier Echarri, ponente de la resolución, sostiene que este medio de pago, al que 83 consejeros de la entidad cargaron gastos personales por valor de 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012, estaba “al margen de cualquier atisbo de legalidad”.

La fianza civil fue impuesta el pasado 16 de octubre por el magistrado instructor de la causa, Fernando Andreu. El exministro de Economía y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional presentó un aval del Banco Sabadell para hacer frente a esta garantía económica, que tiene por objeto hacer frente a posibles responsabilidades derivadas de una hipotética condena.

La defensa de Rato, ejercida por el abogado Ignacio Ayala, recurrió con el argumento de que se vulneraba el derecho a la presunción de inocencia, y que todavía no se han practicado las diligencias oportunas que permitan valorar indicios de culpabilidad sobre Rato. El tribunal replica que la imposición de la fianza “en absoluto puede calificarse de prematura”, y que el informe de auditoría de Bankia que dio pie a la investigación, sumado a las declaraciones de Rato, y de los coimputados Miguel Blesa y Ildefonso Sánchez Barcoj ha establecido que no existía "precepto estatuario o reglamentario, acuerdo o decisión adoptada por algún órgano directivo que soporte la existencia y operativa de las tarjetas”.

Según el tribunal, este medio de pago se entregaba “a modo de complemento salarial como parte de las retribuciones propias de cada usuario, y destinadas a gastos propios, ajenos a los gastos de representación de la entidad”. Durante la época en que Rato presidió Caja Madrid y posteriormente Bankia –enero de 2010 a mayo de 2012- los consejeros gastaron 2,58 millones de euros con las tarjetas black. En su declaración como imputado, Rato aseguró que ignoraba que la entidad no practicara retenciones tributarias por este “complemento retributivo” y que se llevara una contabilidad inapropiada de las tarjetas.

La Sección Tercera pone de relieve que la instrucción “no ha dado comienzo recientemente, sino que se llevan dos años y medio de investigaciones sin que exista previsión razonable de finalización a corto plazo”. El tribunal recuerda que Rato poseía una tarjeta para gastos de representación al margen de la tarjeta opaca. Este hecho sitúa, según la sala, al dinero de plástico para gastos personales “al mergen de cualquier atisbo de legalidad, y lo que es más importante, de espaldas a cualquier tipo de fiscalización que pudiera acreditar su adecuada utilización”.

El tribunal recuerda que, además, las tarjetas opacas vulneran supuestamente la ley de Cajas de la Comunidad de Madrid, del año 2003. Este texto legal prohíbe a los consejeros y directivos de las entidades de crédito “originar percepciones distintas de las dietas por asistencia y desplazamiento”. Rato aseguró ante el juez Andreu que no se le advirtió de la existencia de dicha norma. El tribunal considera: “Tal ignorancia en una persona que ostentaba el cargo de presidente del Consejo de Administración resulta inexcusable”.

Los gastos de las tarjetas black se camuflaron en la contabilidad como errores internos, deficiencias de los sistemas informáticos o reclamaciones de la Oficina del Cliente. Este sistema implica, según la sala, que “la voluntad real” de la contabilidad “no era otra sino la ocultación de esos gastos a los organismos auditores y reguladores”.

El pasado 18 de noviembre, el mismo tribunal desestimó el recurso del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa contra la fianza civil de 16 millones que le impuso el juez Andreu por el mismo caso de las tarjetas opacas. En aquel auto se consideraba que Blesa “no puede alegar desconocimiento en el uso que realmente se hacía de las tarjetas”, a las que 83 consejeros de la entidad cargaron gastos personales por valor de 15,2 millones de euros entre 1999 y 2012. Esa resolución considera que el exdirectivo dio su “beneplácito” a la “emisión, entrega y límites de disposición” de las tarjetas.