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Los arquitectos de Matas pactan una condena de seis meses por delito fiscal

Luis y Jaime García Ruiz está imputados en otras piezas del 'caso Palma Arena'

Los arquitectos trabajaron en la dirección e infraestructura para culminar con urgencia el macrovelódromo Palma Arena.
Los arquitectos trabajaron en la dirección e infraestructura para culminar con urgencia el macrovelódromo Palma Arena.Claudio Álvarez

Los arquitectos Jaime García-Ruiz y Luis García-Ruiz, profesional de confianza personal del expresidente balear, Jaume Matas —preso por corrupción—, serán juzgados y condenados por fraude fiscal a seis meses de cárcel por un delito fiscal en una de las piezas del caso Palma Arena.

Será así —en un juicio de minutos, sin vista— tras haber alcanzado previamente un pacto judicial de conformidad, con la asunción de los hechos delictivos (dos de las acusaciones de fraude se retiraron) y el abono de la cuota defraudada que Hacienda calculó de 160.000 euros entre los dos. Se trata de una de las distintas operaciones bajo sospecha que se investigan en la macrocausa.

Los técnicos figuran imputados en la causa madre del caso Palma Arena y en otra pieza que se investiga a Matas y a los dos profesionales por su contratación, por nueve millones de euros, de los trabajos de dirección e infraestructuras para culminar con urgencia el macrovelódromo Palma Arena.

Los arquitectos García-Ruiz, forman parte de una poderosa saga de técnicos de Palma que ha dejado su huella en numerosas obras públicas de Mallorca, en especial ligadas a la excaja de ahorros Sa Nostra y también en el museo de Es Baluard y el Casal Solleric.

Su abogado José Zaforteza, cerró un pacto con el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, y los representantes de la Abogacía del Estado. Antes de estallar el escándalo del caso Palma Arena en 2009, los arquitectos testimoniaron en dependencias judiciales para intentar esquivar su imputación y el escándalo.

En el año 2009 y tras tomarles declaración, el juez José Castro fijó para los dos García-Ruiz una fianza de responsabilidad civil de 1,2 millones que posteriormente anuló la Audiencia de Palma. La acusación sospechó que la manufactura e instalación de la pista de madera del Palma Arena se cobró dos veces. La construcción del velódromo, presupuestado en 48 millones de euros y que al final más de 110 millones de euros.

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