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El juez indaga a políticos a los que la red Púnica promocionó en Internet

El informático De Pedro cobraba su trabajo con comisiones y facturas falsas

Alejandro de Pedro Llorca.
Alejandro de Pedro Llorca.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor de la Operación Púnica, investiga a políticos de las Comunidades de Madrid, León, Valencia y Murcia que supuestamente encargaron a Alejandro de Pedro (ingeniero informático y uno de los de los conseguidores de la trama) campañas para relanzar su imagen y proyección pública a través de Internet. En muchos casos, estas campañas no fueron abonadas por sus beneficiarios: los honorarios se cargaron a las arcas de organismos públicos mediante precios inflados en contratas fraudulentas que nada tenían que ver con ese trabajo promocional, y que ocultaban comisiones ilegales, según fuentes jurídicas.

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Entre los políticos investigados se hallan alcaldes de las citadas comunidades, y también uno de los principales implicados en la red púnica, el ex número dos de Esperanza Aguirre en el PP de Madrid Francisco Granados. Ambos se hallan encarcelados por orden de Velasco.

Las pesquisas del juez sobre la Operación Púnica, tras los 51 arrestos del pasado 27 de octubre, se están centrando ahora en tres aspectos: indagar las grabaciones que revelan ese trasvase de dinero público a De Pedro por promocionar a políticos (quiénes deberán explicar cómo se pagaron sus campañas vía Internet); y en analizar la voluminosa documentación hallada en los 250 registros efectuados por la Unidad de Delitos contra la Administración de la Guardia Civil en ayuntamientos, gobiernos regionales y empresas vinculadas a la red. Además, se está indagando la documentación intervenida en el despacho de abogados de la calle de Almagro de Madrid que, supuestamente, montó en el extranjero la operativa de blanqueo de capitales utilizada por los los cabecilla de la red (Granados y su socio en la sombra y también encarcelado David Marjaliza).

Velasco también está enfrascado ahora en el análisis de las numerosas denuncias que han recibido los investigadores de funcionarios y técnicos municipales de ayuntamientos que aún no han salido a la palestra pero que también adjudicaron obras a Cofely, la empresa cabecera de la red que acaparó contratas públicas bajo sospecha por más de 160 millones de euros.

Velasco ha recibido denuncias de otros municipios que contrataron a la red
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Para camuflar el pago de las actividades de lavado y proyección imagen de políticos desarrollado por De Pedro, la trama también utilizó el sistema de las facturas falsas. Las diligencias, según las citadas fuentes jurídicas, revelan la estrecha conexión existente entre De Pedro, el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso y el recién dimitido consejero delegado de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás. Éste y Alonso se hallan en libertad con cargos, aunque sobre el primero hay sospechas de que pudo emitir facturas falsas.

En uno de sus autos, el juez Velasco avanzó, pero sin dar detalles, que De Pedro “ prestó servicios de reputación en Internet para autoridades políticas que, por no ser susceptibles de contratación administrativa, se pagaron mediante adjudicaciones irregulares".

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