Un juez ordena derribar las cúpulas de la energía de Soria
Critica que la Junta de Castilla y León intente legalizar la obra en terreno protegido
Un juez de Soria ha ordenado el derribo de las cúpulas de la energía, como pedía el grupo ecologista ASDEN. Se trata de un edificio emblemático construido por la Junta de Castilla y León en terreno protegido en Garray (Soria) sin un fin determinado. Forma parte de la que iba a ser la "ciudad del medio ambiente", en los que la comunidad autónoma invirtió 52 millones de euros de dinero público antes de que el Tribunal Constitucional anulara la ley que amparaba su construcción.
Iba a ser el de los proyecto estrella del PP en Soria. En 2007, las cortes regionales aprobaron una ley para construir la ciudad del medio ambiente, que pretendía "integrar un nuevo núcleo urbano en el medio natural". Chalés bioclimáticos, aparcamientos para coches eléctricos, fibra óptica, y un campus institucional sin un fin definido llamado cúpulas de la energía. Al aprobarlo mediante una ley, el gobierno del PP evitaba el control ordinario de los tribunales, que ya habían paralizado una urbanización en terreno protegido en Las Navas del Marqués (Ávila).
El resultado fue un extraño texto legal: 248 páginas, en las que incluso se fijan los metros de los viales o los kilovatios de las bombillas. El Tribunal Superior de Castilla y León primero y el Constitucional después, tras un recurso del PSOE, fallaron contra la ciudad del medio ambiente.
Mientras llegaba el fallo y pese a la crisis, Castilla y León fue construyendo en el soto en la ribera del Duero. Allí quedan los fantasmagórico edificios blancos con forma de gajos de naranja que formaban la ciudad de la energía.
"Se trataría de hacer un `traje a medida´ para de esta manera permitir la legalización del edificio"
Ahora, Carlos Sánchez San, juez de lo contencioso de Soria, ha dado un paso más al ordenar el derribo de las cúpulas. Considera que es "una obra carente de todo soporte legal".
El juez critica el intento de la Junta de Castilla y León de legalizar lo construido mediante una resolución de junio pasado.Considera que es "una actuación tendente a crear una legalidad que permita la conservación de un edificio cuya normativa de planeamiento ha sido anulada. Dicho de otro modo, y usando una expresión coloquial, se trataría de hacer un `traje a medida´ para de esta manera permitir la legalización del edificio" pese a las sentencias contrarias del Tribunal Superior de la comunidad y del Constitucional.
El juez prosigue que "esta forma de actuar hace inútil cualquier procedimiento judicial que pueda dictarse sobre unas obras realizadas por la Administración pública. En efecto, ¿de qué sirve una declaración de ilegalidad o inconstitucionalidad si al día siguiente se inicia un procedimiento legislativo o reglamentario para dotar de legalidad lo que es ilegal?".
