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Una justicia con las alas cortadas

Los macrocausas se eternizan en los juzgados

El juez Pablo Ruz instruye el casos ‘Gürtel’, entre otros. Ampliar foto
El juez Pablo Ruz instruye el casos ‘Gürtel’, entre otros.

Pablo Ruz Gutiérrez, juez instructor de algunos de los casos más graves de corrupción que apuntan al corazón del poder político en España, no tiene plaza en propiedad. Las causas que maneja acumulan años de diligencias sin que se pueda adivinar todavía el final de las mismas. Su trabajo en el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional está en peligro cada seis meses porque el Consejo General del Poder Judicial —cuyos miembros deben su puesto a la clase política— tiene que decidir si concede prórrogas al mandato interino del magistrado. Ruz tiene los meses contados aunque el fin de las causas que instruye se calcula en años.

Es uno de los numerosos sinsentidos que debilitan a los órganos que deben luchar contra la corrupción. El sistema hace agua. Todos los agentes implicados lo admiten, pero la inacción legislativa impide los avances.

Por ejemplo: las macrocausas colean durante años ante la falta de medios y la legislación que facilita los retrasos; hay conductas de grave corrupción que no están tipificadas en el Código Penal; los plazos mínimos para la prescripción de determinados delitos impiden su enjuiciamiento; los nombramientos de las cúpulas judiciales no responden tanto al mérito como a la capacidad para acercarse al clientelismo político; el reparto de trabajo es desigual, la mitad de los juzgados está sobrecargado...

Los profesionales de la justicia admiten que la situación es manifiestamente mejorable. “Hay jueces y fiscales que siguen las consignas de los de arriba para prosperar en sus carreras”, sostiene el magistrado Miguel Ángel Torres, que instruyó el caso Malaya, en el que estaban implicados la inmensa mayoría de los concejales de Marbella. “Los políticos aforados eligen a quienes les van a investigar y enjuiciar”, censura el fiscal Pedro Horrach, impulsor de algunas de las grandes causas en Baleares. “Hay corrupción institucional, se puentea la norma para nombrar al amigo”, denuncia Javier Gómez Bermúdez, magistrado de la Audiencia Nacional que presidió el juicio del 11-M. “La ley está pensada para el robagallinas, no para el gran defraudador”, admite el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.

La financiación ilegal de los partidos no está en el Código Penal pese a que el Gobierno lo anunció en 2012

Un expresidente autonómico, Jaume Matas (PP), sin la protección especial del aforamiento porque salió hace años de la política, está procesado en la causa de corrupción que afecta a la infanta Cristina, hija del Rey Juan Carlos. Por el mismo caso y parecidas circunstancias, otro expresidente autonómico, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ambos aforados porque mantienen su escaño como diputados autonómicos del PP, se libraron de la imputación y el juicio gracias al Tribunal Superior de Justicia de Valencia. El juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach, que impulsan el caso Nóos en Baleares, consideraron que había pruebas suficientes para imputar a Camps y a Barberá, pero no eran competentes para resolver su situación. Su futuro lo decidió el tribunal valenciano donde se sientan magistrados elegidos a dedo por el poder político.

La justicia y la política mantienen numerosos vasos comunicantes. El Tribunal Constitucional está presidido por un exafiliado del PP, Francisco Pérez de los Cobos, que atesora el voto de calidad para dirimir empates y un amplio margen para marcar el calendario de resolución de los distintos recursos. El Constitucional tiene entre sus miembros a un político profesional, Andrés Ollero, que fue diputado popular en Cortes, y que escribió contra la ley del aborto. Ahora tiene que decidir sobre esa cuestión.

Todas las promesas políticas de agilizar los mecanismos para investigar grandes casos de corrupción han acabado en el cajón

José Luis Requero, un juez que se manifestó contra la ley que permitía el matrimonio de homosexuales en España —“aplicar el término matrimonio a la unión de dos personas del mismo sexo es como llamar matrimonio a la unión de más de dos personas o a la unión de un hombre y un animal”, escribió— acabó ascendido a magistrado del Supremo por la mayoría de vocales del PP en el Consejo General del Poder Judicial.

Pero los partidos mayoritarios rechazan cambiar el procedimiento que regulan los nombramientos en el Consejo del Poder Judicial y en los principales órganos judiciales. El Partido Popular prometió dejar que los jueces eligieran a los miembros del Consejo y tardó seis meses en rectificar para que esa potestad siguiera en poder del Parlamento.

La causa abierta por el fraude masivo en la concesión de ayudas de la Junta de Andalucía, gobernada históricamente por el PSOE, para los Expedientes de Regulación de Empleo acumula cuatro años de instrucción; el caso Gürtel, la más extensa trama de corrupción vinculada a un partido político conocida en democracia, lleva seis años de diligencias; el caso Palau, que destapó la financiación ilegal del partido que ha gobernado en Cataluña durante 27 años, cuatro años sin vista oral… La justicia contra los poderosos es muy lenta y todas las promesas políticas de agilizar los mecanismos para investigar grandes casos de corrupción han acabado en el cajón. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, instrumento principal del andamiaje judicial, es de final del siglo XIX. Todos los Gobiernos desde hace al menos diez años han anunciado su reforma total y todos han fracasado en el intento.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció hace dos años una batería de medidas anticorrupción para escapar de la presión judicial a su propio partido. Todavía hoy esas medidas están pendientes de un pacto con la oposición, aunque el PP tiene mayoría absoluta en las Cortes.

La ley que regula la financiación de partidos, reformada en varias ocasiones en los últimos años, ha demostrado su inutilidad para detectar los mecanismos ilegales que utilizan las grandes formaciones. La financiación ilegal de los partidos no está tipificada todavía como delito en el Código Penal, aunque el Gobierno anunció en 2012 su intención de hacerlo.