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La oposición se planta contra la ley de seguridad por “restringir libertades”

El proyecto incluye, entre otros aspectos, las multas por manifestarse

El Gobierno defiende que la norma solo debe preocupar a los violentos

La Policía retira una pancarta de Greenpeace en protesta por el proyecto.
La Policía retira una pancarta de Greenpeace en protesta por el proyecto. EFE

¿Quién teme a la futura ley de seguridad ciudadana? A esta pregunta podría responder alzando la mano toda la oposición parlamentaria. Para el PP y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, sin embargo, solo “los delincuentes” y “los violentos” deben temer su puesta en marcha. La ley podría entrar en vigor a principios de 2015 una vez que la oposición parlamentaria fracasó este jueves en su intento de que el proyecto volviera al cajón del Gobierno. Las nueve enmiendas a la totalidad fueron tumbadas por la mayoría absoluta del grupo popular.

Las correcciones que ha hecho el Gobierno no han logrado aminorar ni un ápice las críticas de la oposición. Todos los grupos están en contra: desde el PSOE y la Izquierda Plural a CiU, PNV y UPyD, pasando por ERC, BNG, Nafarroa Bai, Coalición Canaria y Amaiur. Es una ley que “restringe libertades”, quita derechos y rezuma criterios propios “de la dictadura”, según se escuchó desde los escaños de la oposición. El portavoz popular Conrado Escobar replicó que solo los “delincuentes” y “violentos” deberían estar preocupados por ella.

De las 58 infracciones que figuraban en el borrador han quedado 47 en el proyecto de ley. Los cacheos que en la versión inicial podían realizarse sin ninguna cortapisa y con criterios muy ambiguos quedan para casos muy claros en los que realizarlos ayude a esclarecer un delito. La entrada en domicilios puede producirse con autorización judicial, o en los casos que haya constancia de que se está produciendo un delito.

Uno de los cambios introducidos ha sido la calificación del castigo por participar en manifestaciones no autorizadas. En el borrador se consideraba falta grave y ahora se ha rebajado a leve. No obstante, para los portavoces parlamentarios la supuesta bondad del cambio no es tal. Los portavoces prefieren que la decisión quede en manos de un juez —como en el caso de los delitos— y no en las de la autoridad gubernamental. La detención o retención hasta un máximo de seis horas fue otro de los asuntos denunciados por la oposición, especialmente por Ricardo Sixto, de Izquierda Plural.

Las manifestaciones no autorizadas serán castigadas como infracción leve, en tanto que en el primer texto eran muy graves

Ahora, a través de las enmiendas parciales, todos los grupos parlamentarios intentarán introducir modificaciones en la ley y destacarán lo que consideran un recorte de libertades y derechos. “¿Reprimir manifestaciones a estas alturas?”, se preguntó retóricamente el ministro Fernández Díaz, quizá en referencia a que en tres años de legislatura ha habido miles de manifestaciones. Hasta el 30 de septiembre, casi 29.000, con un índice de intervención de la policía que no llega al 0,1%.

“No tengan miedo a que los ciudadanos se manifiesten”, pidió la portavoz de Interior del PSOE, Isabel Rodríguez. “La ley es innecesaria y nos aleja de estándares occidentales”, señaló Rosa Díez, de UPyD. “Se necesita una ley, pero no ésta”, sentenció Feliu Guillaumes, de CiU. Con ellos coincidieron Emilio Olabarría, del PNV; Ricardo Sixto, de ICV, y Joan Baldoví, de Compromís-Equo.

Antes de empezar el debate varios diputados y activistas de la Plataforma No somos Delito posaron en las escalinatas del Congreso con mordazas en la boca para escenificar el rechazo a la ley. Desde la tribuna de oradores hizo lo mismo el portavoz de Amaiur, Mikel Errekondo. Solo fueron unos segundos. Antes, el diputado de ERC, Joan Tardá, mirando al ministro del Interior, le espetó: “Vergüenza, vergüenza”.

Recomendaciones de los órganos consultivos

El País

El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley el pasado 11 de julio con importantes modificaciones respecto al anteproyecto aprobado hace casi un año, al incorporar algunas de las recomendaciones de los órganos consultivos y organizaciones sociales.

El proyecto, que reforma la vigente norma de 1992, impulsada por el entonces ministro del Interior José Luis Corcuera, incluye entre sus aspectos más polémicos las multas por la perturbación del desarrollo de una manifestación. Además, las concentraciones frente al Congreso, el Senado o las Asambleas legislativas son consideradas como infracción leve si no han sido comunicadas y se elevan a graves si además están acompañadas de una perturbación grave de la seguridad ciudadana.

Otra de las novedades es que la ley incluirá la necesidad de cumplir los principios de no discriminación y proporcionalidad en las identificaciones, evitando así legalmente las identificaciones masivas o por razones étnicas.

Además, los ciudadanos sospechosos de haber participado en alguna actividad delictiva podrán ser trasladados a comisaría para su identificación y ser obligados a permanecer allí durante un máximo de seis horas. Se llevará un libro de registro que se remitirá al Ministerio Fiscal y se expedirá al retenido un volante acreditativo de su situación, el tiempo que ha permanecido y los funcionarios que han participado en la diligencia.

Fe de errores

En el acto de protesta estuvieron presentes activistas de la Plataforma No somos Delito y no había representantes de Amnistía Internacional, tal y como se publicó en la primera versión del artículo. Esta organización, por su parte, ha tenido participación en la ofensiva contra la ley al entregar a los grupos parlamentarios sus planteamientos sobre la ley.

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