El Estado multiplicará los ingresos por las concesiones en la costa

El Gobierno multiplicará los ingresos por las concesiones en las zonas costeras de dominio público, de titularidad estatal, gracias a la prórroga de estos contratos hasta 75 años en el caso de las viviendas, 50 para hoteles y actividades económicas y 30 para los chiringuitos.

Estas instalaciones, aproximadamente 40.000 y de las que solo hay un 10% reguladas, deberán pagar un canon de ocupación por el que el Estado ya recauda cada año unos 20 millones de euros. El Ejecutivo mantiene que aún no conoce el alcance de esos ingresos, porque la cuantía de la tasa de cada ocupación dependerá del tipo de actividad, del rendimiento, de la ubicación y del valor catastral. Así lo recoge el Reglamento de la Ley de Costas aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, un texto criticado por los ecologistas que restringe además el concepto de dominio público frente a la explotación privada del litoral.

Se abre la puerta a la privatización de zonas protegidas, dicen los ecologistas

El Ejecutivo mantiene, no obstante, que el objetivo de este texto es la ordenación y la regulación de ocupaciones que se encontraban en una situación “alegal” y que, en palabras del secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, pretende acabar con el “enorme desorden y la inseguridad jurídica” de los titulares de esas concesiones. La ampliación de la prórroga, que hasta ahora estaba fijada en 30 años, concibe por primera vez la posibilidad de vender o heredar estas ocupaciones, que podrán además ser sometidas a hipoteca.

ONG y asociaciones ecologistas han venido denunciando desde el principio de la legislatura que la reforma de la Ley de Costas de 1988 impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy y aprobada en 2013 abre la puerta a una privatización de las zonas hasta ahora protegidas. Otro aspecto polémico del reglamento, el texto necesario para el desarrollo y la aplicación de la norma, consiste en la fijación de criterios comunes en todo el litoral español para los deslindes y reduce el espacio destinado al dominio público hasta el límite alcanzado por las olas en los temporales “al menos en cinco ocasiones en un periodo de cinco años”. Se trata de un cálculo que ha generado críticas —puesto que un lapso más amplio de tiempo pueden darse temporales más violentos y ampliar, por tanto, ese límite— y que permitirá construir más cerca del mar debido al avance del dominio privado. Rita Rodríguez, directora del departamento legal de WWF, ve “temerario” ese criterio y considera que el Reglamento no cumple ”ni con la protección jurídica ni con la protección del litoral”, por lo que su organización pide la derogación de la ley.

El propio Consejo de Estado admite la existencia de “dudas” relacionada con los criterios técnicos utilizados, aunque el informe emitido por el órgano consultivo avala el Reglamento al considerar que “no es cierto que si no se adopta el criterio de retorno de 50 años se vaya necesariamente a reducir el ámbito de la zona marítimo-terrestre a fecha de hoy”.

Ese es el criterio que utilizará el Ministerio Agricultura y Medio Ambiente para la revisión de los deslindes ya existentes. “Igualmente se revisarán los deslindes de zona marítimo-terrestre vigentes, desplazando dicho límite hacia el mar, si se demuestra que un temporal, con periodo de retorno de 50 años, no alcanza el límite fijado en dicho deslinde”, señala el texto del Reglamento.

La norma, que incluye medidas de adaptación de la costa a los efectos del cambio climático, define los conceptos de playa urbana y natural y formula una distinción entre las dunas que de alguna manera “interactúan” con la playa y las que no evolucionan. Solo las primeras serán parte del dominio público, y ese podría ser el caso de la duna de Valdevaqueros en Tarifa (Cádiz), donde por tanto no se podrá constuir. “Valdevaqueros es una duna enorme y en evolución y tiene interacción con la playa por lo que todo indica que quedará incluida en dominio público”, afirmó el secretario de Estado.