Ruz levanta el secreto sobre el desvío de fondos de un contrato de Defensa

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha levantado el secreto sobre la mayor parte de la investigación sobre el supuesto desvío de fondos en un contrato de venta de material policial a Angola, valorado en 152 millones, desde la empresa pública Defex, del Ministerio de Defensa. En esa operación, desatada el pasado 10 de julio, fueron detenidas 10 personas, entre ellas el expresidente de Defex José Ignacio Encinas, y Beatriz García Paesa, sobrina del espía español Francisco Paesa.

Según las pesquisas de la Guardia Civil, que inició la investigación en 2013, el contrato de Defex, en unión temporal de empresas con Comercial Cueto 92 S. A., sirvió como pantalla para desviar a cuentas particulares gran parte del importe del contrato. El dinero fue supuestamente a parar a manos de los partícipes de la UTE y de los responsables de la adjudicación del contrato en Angola. El magistrado solo mantiene el sigilo sobre los datos enviados por Luxemburgo y Portugal por la vía de comisiones rogatorias, procedimiento de auxilio judicial entre Estados.

Para esta operación, la trama contó con la colaboración de un despacho de abogados de Luxemburgo, que supuestamente montó una estructura financiera "altamente sofisticada y necesaria" para blanquear los fondos desviados. Para ello, la red urdió un entramado en el que utilizaba "paraísos fiscales" como Hong Kong, Suiza, Singapur, Islas Caimán, Nueva Zelanda, Gibraltar, Madeira y Luxemburgo. Fueron las autoridades del Ducado las que comunicaron la llegada de decenas de millones de euros desde cuentas bancarias españolas sin justificación aparente. A raíz de esa filtración, la Guardia Civil, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, puso en marcha la operación Angora, en la que se investigan delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, blanqueo de capitales, cohecho, delitos fiscales y organización criminal.

El juez justifica el levantamiento del secreto sumarial en que ya se han practicado todas las diligencias para esclarecer la causa y se han empezado a redactar los informes policiales sobre la documentación incautada en la operación. El magistrado ha dado traslado de las actuaciones al Estado para que se presente como acusación a través de la Abogacía del Estado. También ha notificado a los 10 imputados, de los cuales cinco, entre ellos Encinas y García Paesa, están en prisión, la querella que interpuso la Fiscalía Anticorrupción.

El juez Ruz ha citado como imputada a Defex SA y a su actual presidente, Fernando Aguilar Viyuela, para el próximo 7 de octubre a las 10 de la mañana. También ha citado a Comercial Cueto 92, entidad a la que ha dado tres días para designar un representante legal.