Amnistía rescata el ‘caso Aarras’ y denuncia la tortura en Marruecos

El 'caso Ali Aarras' es un exponente de las cosas que funcionan de manera oscura en Marruecos. Cinco delegaciones de la ONG Amnistía Internacional (AI) (entre ellas la española) han acudido estos días a Rabat para airear de nuevo su mantenimiento en prisión desde hace cuatro años, tras ser extraditado por la Audiencia Nacional española, acusado y condenado a 12 años de cárcel por delitos de terrorismo y tráfico de armas. La ONU y el Comité contra la Tortura han denunciado que Marruecos logró su confesión bajo coacciones y violencia y que España, por tanto, nunca debió devolverlo a su país de origen. El Gobierno marroquí, en una decisión inédita, anunció antes del verano una investigación interna que debía haber ya acabado y de la que nada se sabe oficialmente.

Amnistía Internacional ha retomado así, con múltiples reuniones políticas y diplomáticas durante dos días en Rabat, con la entrega de 216.000 firmas al ministro de Justicia y con una simbólica cadena humana esta tarde ante el Parlamento, el 'caso Aarras' para subrayar el problema de la tortura en Marruecos. El lema es “Stop tortura”. La organización de derechos humanos está ultimando un informe al respecto sobre este país que estará concluido en primavera. Pero hasta el propio ministro de Justicia marroquí, Mustafa Ramid, ha admitido incluso a la delegación de AI que la tortura existe, aunque no la considera una perversión sistemática del Estado sino algo aislado, ajeno a su control y llegó a plantear que se le hicieran propuestas para combatirla mejor.

Ali Aarras es un marroquí de 52 años educado en un colegio de monjas de Melilla que a los 15 emigró a Bélgica para buscarse la vida, trabajó en la construcción y en todo tipo de apaños, regresó a la ciudad española en el norte de África, se casó con una marroquí y en 2005 se convirtió en musulmán. En 2006 el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón le investigó ampliamente por una presunta colaboración con el terrorismo yihadista pero no llegó a ser juzgado. En abril de 2008 fue detenido por una petición de Marruecos, que reclamó su extradición. En diciembre de 2010 la Audiencia Nacional la concedió, pese a las advertencias en contra de varias organizaciones humanitarias y la ONU, porque los jueces españoles argumentaron entonces que el peligro de tortura en las cárceles marroquíes no es algo “sistemático”.

El ministro de Justicia marroquí, Mustafa Ramid, admite ante la delegación de AI que la tortura existe, aunque no la considera una perversión sistemática del Estado

Nada más aterrizar en Rabat, Ali Aarras fue conducido y recluido sin ningún tipo de asistencia durante 12 días en el temido centro de alta seguridad que el Ministerio del Interior marroquí tiene en Temara, a las afueras de la capital. Allí fue interrogado y al final firmó su confesión, en un papel en árabe. Farida Aarras, su hermana, sus abogados, Mes Alamat, Cohen y Marchand, Amnistía, el Comité de Derechos Humanos de la ONU y el Comité contra la Tortura sostienen que Ali admitió su culpa sin saber lo que firmaba y tras recibir numerosas palizas, violaciones, vejaciones y todo tipo de malos tratos. Farida Aarras ha relatado varias veces como hasta 16 guardias le colgaron por los puños, luego por los pies, le proporcionaron descargas eléctricas, le partieron cinco dientes y le introdujeron botellas por el ano.

La presión sobre este caso fue tal que el propio Gobierno de Marruecos de Abdelilah Benkirane (del partido islamista moderado PDJ) anunció el pasado 21 de mayo una inédita investigación interna para esclarecer lo sucedido. Y se concedió 90 días para efectuar una indagación imparcial y en profundidad, con exámenes médicos según estándares internacionales, para aportar alguna conclusión.

Los 150 representantes de AI que estrecharon sus brazos en círculo esta tarde frente al Parlamento reclaman que se den detalles de ese supuesto informe elaborado por un juez local (el Gobierno dice que es confidencial), que en la audiencia secreta del caso que se abrirá este mes haya presencia de un forense internacional (replican que cualquier forense nacional es igual de válido) y, sobre todo, que se actúe en serio contra la tortura sistematizada en el país.

Esteban Beltrán, presidente de la delegación española, explicó que le habían relatado al ministro que el problema de la tortura en Marruecos no es en ningún caso un asunto aislado sino "grave, serio y estructurado, porque el sistema de confesiones lo favorece y es lo que vale ante un tribunal de justicia, porque el informe policial tiene presunción de veracidad salvo que se demuestre lo contrario y por la incomunicación, que puede durar 12 días, seis sin abogado"

Ali Aarras sigue confinado, ahora en la prisión de Salé, y ha protagonizado varias huelgas de hambre. Su hermana se exilió a Bélgica.