27 mordidas, 2 pelotazos: 17,5 millones
El juez Ruz interrogará el próximo día 15 al hijo mayor del fundador de Convergència por los ingresos sospechosos de sus empresas entre 2002 y 2012
Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del fundador de Convergència y expresidente catalán, y su esposa, Mercé Gironês, comparecerán el próximo 15 de septiembre ante el juez Pablo Ruz imputados por delitos de blanqueo de capitales y fraude a la Hacienda pública. Tras casi dos años de investigación, el magistrado de la Audiencia Nacional ha reunido en el sumario una serie de informes policiales que pidió basados en documentación oficial y testimonios de decenas de empresarios interrogados, donde se apunta a un enriquecimiento ilícito del matrimonio.
Parte del origen del dinero ingresado por ambos en cinco empresas está vinculado, según la investigación policial remitida al juez, al cobro de comisiones ilegales por servicios simulados a empresas que, a su vez, eran contratistas de la Generalitat durante el periodo en que gobernó Jordi Pujol i Soley. La otra tendría su origen en dos pelotazos, como los define la policía, relacionados con proyectos urbanísticos que contaron con el apoyo de dirigentes de CiU vinculados a Administraciones Públicas catalanas.
Entre 2002 y 2012, las empresas de Jordi Pujol Ferrusola y su esposa facturaron al menos 7,5 millones de euros en concepto de 27 servicios de asesoría e intermediación para ocho entidades mercantiles, todas ellas contratistas de la Generalitat. En ese mismo periodo, Jordi Pujol Ferrusola consiguió cerrar dos operaciones de compraventa de terrenos y de acciones en una empresa de tratamiento de residuos que le reportaron unos beneficios próximos a los 10 millones de euros.
La policía recuerda en sus análisis que el delito de blanqueo de capitales por el que se investiga a Pujol Ferrusola se entiende como “el proceso de ocultación, transformación e integración de dinero procedente de actividades criminales en la economía legal, sustentado sobre la comisión de delitos previos o antecedentes”. “En este caso, pudieran ser aquellos propios de la corrupción en el ámbito político”, añade.
Durante el periodo investigado, Jordi Pujol Ferrusola ingresó más de 17 millones de euros por las supuestas tareas de intermediación con empresas contratistas de la Generalitat y por los dos pelotazos que, según la policía, pudo conseguir gracias al apoyo político de dirigentes de CiU.
En ese mismo periodo, el hijo mayor del expresidente puso en marcha diversos negocios en Argentina y México en los que invirtió grandes cantidades de dinero cuyo origen, según la documentación que obra en el sumario, todavía es incierto.
Además, el juez ya ha acreditado que entre 2004 y 2012, Jordi Pujol Ferrusola y sus compañías realizaron 118 movimientos de tráfico de divisas por 32,4 millones de euros efectuados a través de tres bancos con salida o destino en Andorra, Luxemburgo, Croacia, Argentina, Uruguay, Suiza, Estados Unidos, México, Francia, Islas Caimán, Reino Unido, Liechtenstein y Gabón.
La investigación judicial abierta en la Audiencia Nacional contra el hijo mayor del expresident es la más grave, en cuanto al montante de dinero defraudado, de las que afectan a la familia de Jordi Pujol.
La Fiscalía Anticorrupción ha iniciado un procedimiento para investigar las inversiones inmobiliarias de otro de los hijos del expresidente catalán, Oleguer Pujol, al que distintos informes policiales que se hacen eco de noticias publicadas en medios de comunicación vinculan con una inversión de 2.000 millones de euros para comprar distintos inmuebles del Grupo Prisa, de Bankia y del Banco Santander en España.
Esas informaciones atribuyeron falsamente a Oleguer Pujol millonarias aportaciones al fondo de inversión Drago Real Estate Partners, cuando en realidad el hijo del exmandatario era socio y accionista de Drago Capital, una pequeña firma con 14 empleados que gestiona su patrimonio inmobiliario.
En una rectificación publicada en el diario El Mundo en 2013, Drago Capital explicaba ya que las dos sociedades “no tienen nada que ver [...] no coinciden ni los accionistas ni los administradores, no tiene la una en la otra ningún interés ni directo ni indirecto. Tan sólo tienen en común el nombre, ya que el fondo Real Estate Partners fue el primero que esponsorizó Drago Capital”.
Fuentes vinculadas a la gestora aseguran que el fondo de inversión exigió a Drago Capital una minimísima aportación en su capital para involucrarla en la gestión responsable del fondo, una claúsula habitual que los fondos imponen a sus gestoras.
