El PSOE fuerza un debate sobre la fortuna de Pujol en el Congreso
Los socialistas piden que el ministro Montoro explique si se acogió a la amnistía fiscal
El escándalo por la fortuna que el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha confesado que mantuvo durante años en paraísos fiscales ha llegado al Congreso de la mano del PSOE, y se debatirá por primera vez el próximo 26 de septiembre, en la diputación permanente. Es decir, antes de que sea abordado en el Parlamento de Cataluña, será debatido en las Cortes.
El diputado socialista Pedro Saura formalizó este lunes la petición de comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que explique si el expresident o alguno de sus hijos se han acogido a la amnistía fiscal.
En principio, el comunicado de confesión de Jordi Pujol explicaba que no se había acogido a esa amnistía fiscal o regularización voluntaria de 2012, que permitía aflorar dinero evadido a paraísos fiscales, pero se mantiene la duda sobre las cantidades atribuidas a sus hijos.
En todo caso, la iniciativa del PSOE tiene calado político porque los socialistas utilizan el pretexto de la duda sobre la amnistía fiscal para situar el escándalo en la agenda parlamentaria. Supone también que el principal partido de la oposición se anticipa al PP en una estrategia que pone en difícil situación a CiU y en alguna medida al resto de los partidos nacionalistas o independentistas. Además, muestra la coincidencia entre el PP y el PSOE para exigir responsabilidades políticas por la actuación del expresidente de la Generalitat, pero con el matiz de que los socialistas la aprovechan también para mantener la denuncia sobre los efectos de la amnistía fiscal de 2012 y la gestión de Hacienda frente al fraude fiscal.
En primera instancia, esa petición del PSOE se discutirá en la diputación permanente —el órgano que sustituye al pleno de la Cámara fuera de los periodos de sesiones— con la intervención de todos los grupos, y a falta de que el PP permita o no con su mayoría absoluta la posterior comparecencia de Montoro. Los populares no tienen aún decidida su posición.
En casos similares, el ministro de Hacienda se ha acogido a la reserva legal de no desvelar datos sobre contribuyentes concretos y al hecho de que haya actuaciones judiciales en marcha, como ocurre respecto a la familia Pujol. Así lo sostuvo respecto a Luis Bárcenas. La diferencia es que ahora al PP le interesa mantener la presión política por las cuentas del expresidente catalán.
En todo caso, el PSOE quiere que Montoro aclare en este asunto quiénes se acogieron a la amnistía; cuánto dinero se regularizó; si, como consecuencia de ello, la Agencia Tributaria abrió una investigación sobre el origen del dinero regularizado, y si se incluyeron esos nombres en los planes de control sobre el fraude fiscal en los años sucesivos.
“Sospechamos que no se ha investigado el origen de ese dinero, puesto que la amnistía fiscal implicaba un pacto con los defraudadores para no investigar el origen de los capitales y los patrimonios regularizados”, declaró Saura, portavoz socialista en materia de Hacienda.
El PSOE viene reclamando que se hagan públicos los nombres de los defraudadores que se han acogido a la amnistía fiscal y que estima en torno a las 30.000 personas
El PSOE viene reclamando de forma reiterada que se hagan públicos los nombres de los defraudadores que se han acogido a la amnistía fiscal, y que estima en torno a las 30.000 personas. Ese proceso de regularización fue aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy a principios de 2012, con el objetivo de aflorar 2.500 millones de euros, aunque finalmente no se alcanzó ni la mitad de esa cifra.
Para Saura, “esta información resulta imprescindible, porque se acogieron a ella gran parte de la delincuencia de cuello blanco de la democracia española, y es muy necesaria desde el punto de vista de la transparencia y para la mejora de la conciencia fiscal de la sociedad”.
Los socialistas mantienen que quienes se acogieron a esa regularización han logrado un notable trato de favor sobre el dinero defraudado. Y que, además, la opacidad impuesta ha impedido que se conozca quienes se acogieron al procedimiento y el origen de los fondos defraudados en su momento y regularizados con la amnistía fiscal de Montoro.
Políticamente, el debate en la diputación permanente pondrá en una situación difícil a CiU, que habitualmente suele respaldar todas las peticiones de comparecencia que formulan el resto de los grupos. Es de suponer que en este caso los nacionalistas catalanes preferirán evitar el debate y, por tanto, la posterior comparecencia del ministro de Hacienda en la comisión del Congreso.
Además, los socialistas tienen registradas desde principios de agosto preguntas a Montoro que serán respondidas en el primer pleno del Congreso, que tendrá lugar la segunda semana de septiembre. Es decir, que por decisión del PSOE, el caso Pujol tendrá mucho recorrido en el Congreso de los Diputados en los próximos meses.
El secretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, extendió este lunes la sospecha y cuestionó en la Cope que la situación patrimonial de la familia Pujol se limite a la figura del expresidente catalán y apuntó a que incluya a “todos los dirigentes, al sistema de CiU y al conjunto de los políticos catalanes”.
